Las desinformaciones sobre Ayotzinapa 

Por Melina Barbosa y Debanhi Soto

Después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, usuarios de redes sociales, algunos medios de comunicación e incluso autoridades como el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron a replicar información falsa sobre el caso.

Mensajes que narran que los desaparecidos «eran criminales» y fueron incinerados en el basurero de Cocula esa noche de septiembre, que «la verdad histórica» no ha sido desmentida y que el Ejército ha cooperado con la investigación al entregar toda la información, son algunas de las desinformaciones más difundidas respecto al hecho calificado como crimen de Estado.

«La verdad histórica» de Ayotzinapa fue un montaje

Desde septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmintió la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y seis meses después, los expertos presentaron un segundo informe que documentó la participación de diversas fuerzas de seguridad del Estado en la desaparición de los jóvenes y la tortura de los detenidos.

De acuerdo con las pruebas recabadas por el GIEI, las autoridades federales encargadas de la investigación torturaron a los detenidos, inventaron un escenario del crimen, amenazaron a testigos, destruyeron y sembraron evidencia, falsificaron documentos, hackearon y espiaron a periodistas, investigadores, y a los abogados de las familias de los normalistas desaparecidos, y hasta asesinaron y desaparecieron a testigos y personas involucradas en los hechos.

En 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador coincidió con lo anterior, cuya Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) rechazó «la verdad histórica» del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.

Falso que “el Ejército ha entregado toda la información”

A nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, familiares y activistas se reunieron el 26 de septiembre de 2023 para marchar en la Ciudad de México.

El gobierno colocó vallas metálicas para impedir el acceso al Palacio Nacional donde se encuentra el presidente López Obrador, quien reiteró su promesa de resolver el caso antes del fin de su mandato, en octubre de 2024.

Previo a la marcha, el jefe del ejecutivo declaró durante la conferencia mañanera que: 

“Nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia”.

Esto, a pesar de las críticas al último informe del gobierno de AMLO que les fue entregado a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, cuyo abogado, Vidulfo Rosales, señaló que la narrativa de los hechos “se acerca más a la verdad histórica” fabricada en el pasado sexenio.

El presidente reconoció tener “diferencias” con los familiares de los estudiantes desaparecidos pero aseguró que “el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos”.

Sin embargo, tal afirmación es falsa, pues si bien es cierto que la apertura de archivos ordenada por el presidente proporcionó información relevante para el esclarecimiento del caso, la negación de otra parte de la documentación existente por parte de la SEDENA ha supuesto un nuevo obstáculo.

El pasado 25 de septiembre, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron a López Obrador un total de 806 documentos relativos a la desaparición y posible paradero de sus hijos, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sólo entregó 5 y asegura desconocer la existencia del resto.

Según el GIEI, «las pruebas de que existe numerosa documentación que no ha sido proporcionada hasta ahora es abrumadora», siendo ocho las negativas principales de la SEDENA sobre información clave de los normalistas de Ayotzinapa:

Toda esta información debería haber sido puesta a disposición de la investigación o
de las autoridades competentes y hoy nueve años después, todavía se sigue reclamando.

De acuerdo con las recomendaciones que dio el GIEI en su último informe, «es necesario que se recupere, que se permita un análisis por personal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), y que se integre a la COVAJ para que pueda establecerse rutas de conocimiento para saber sobre los desaparecidos».

Es importante decir, que en julio de 2023, el GIEI terminó su estadía en México para investigar el caso Ayotzinapa y denunció un ocultamiento sistemático de información por parte de la SEDENA y la Secretaría de Marina.

Impreciso que 20 oficiales del Ejército están presos

Durante la conferencia matutina del 21 de septiembre, AMLO aseguró que «hay como 15, 20 militares encarcelados, dos generales,» pero hasta el momento se han detenido a 14 militares por su participación en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

En la página 128 del quinto informe de Gobierno entregado por el presidente, se detalla que se encuentran detenidos y bajo investigación 14 militares pertenecientes al 27 y 41 batallón de infantería, incluidos dos generales.

Asimismo, en la página 127 del segundo informe de la COVAJ se lee que «se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares, entre ellos dos generales. Faltan por ejecutarse 6 órdenes de aprehensión, independientemente de las inspecciones a instalaciones y archivos militares que se han realizado».

Con esas seis órdenes de aprehensión pendientes sumarían las 20 detenciones referidas por López Obrador.

Omar García Harfuch sí participó en reuniones para fraguar «la verdad histórica»

Al igual que el 27° Batallón de Infantería y la SEDENA que argumentaron no tener «conocimiento, capacidad o deber de actuación» en cuanto a la desaparición de los 43 estudiantes, el aspirante a la candidatura de Morena por la jefatura de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien será Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sostuvo que nunca participó en los lamentables acontecimientos ocurridos en Iguala.

En 2022, Harfuch negó haber participado en una junta para «fraguar la verdad histórica» y en 2023, reconoció haber participado en reuniones en las que supuestamente solo se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes, sin abordar temas de investigación.

Pero en el primer informe de la COVAJ, el nombre completo del entonces comisario de la germandería de la Policía Federal aparece en el apartado de «la verdad histórica» como uno de los enlaces operativos para desarrollar la investigación.

Mientras que en el segundo informe, nuevamente es mencionado en el apartado de «la verdad histórica» pero ahora aparece como «Omar N» y se describe que la UEILCA constató su participación en las juntas de altos funcionarios realizadas durante el 7 y 8 de octubre de 2014 en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero.

Incluso el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, confirmó a la prensa que Harfuch formó parte de la junta de autoridades que crearon la “verdad histórica”.

En esta materia, AMLO defendió a Omar García Harfuch al decir que sí estuvo en las reuniones pero que no participó directamente en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, el artículo 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas indica que al servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días de multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28.

La presencia de Harfuch en Guerrero antes, durante y después del ataque y el nivel de conocimiento que tuvo de lo ocurrido son algunas de las cuestiones pendientes de investigar.

Sin avances en el caso de Ayotzinapa

En su sexto informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador afirmó que hubo avances en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, pero las familias denuncian que los informes de lo que pasó en Ayotzinapa, están repletos de inconsistencias y que las autoridades siguen ocultando la verdad del caso.

Durante el gobierno de López Obrador, se realizaron reuniones con las familias de los 43 estudiantes normalistas y hubo nuevos elementos en la investigación.

Por ejemplo, regresaron los expertos del GIEI que habían salido en el sexenio de Peña Nieto, se creó la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, se designó un fiscal especial para el caso e incluso se encontraron restos de 2 normalistas.

El hallazgo de los restos fue un punto clave en el caso ya que los huesos se encontraron en un lugar distinto al basurero de Cocula lo que desmentía la “verdad histórica” que narra que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

También, la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos interceptó la transcripción de unos chats dirigidos al grupo criminal Guerreros Unidos en el que se detallan los nexos entre las autoridades de Iguala, Guerrero y algunos militares con el crimen organizado.

Pero en agosto de 2022, el gobierno organizó una reunión con las familias de los desaparecidos en la que se presentó un informe de la COVAJ, que ni el GIEI ni las familias conocían y en el que se presentaban capturas de pantalla de mensajes que el GIEI calificó como alterados.

Al poco tiempo, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo salió del país y después, en 2023 el GIEI abandonó nuevamente el país y la investigación declarando que había un ocultamiento de información por parte de la Secretaría de Defensa Nacional.

“Llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de SEDENA ha supuesto un nuevo obstáculo” publicó el GIEI en su último informe.

En octubre 2023, Alejandro Encinas titular de la COVAJ renuncia a su cargo para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum y aunque las reuniones entre el gobierno y los familiares de los desaparecidos continuaron; el 23 de julio 2024 el colectivo de Padres y Madres de Ayotzinapa publicaron un comunicado en el que indican que a casi diez años de la desaparición de los estudiantes, el Estado continúa sin darles la verdad de lo que pasó el 26 de septiembre de 2014.

“Usted Sr Presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró a la cara y empeñó  su palabra en campaña donde nos prometió resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer; el paradero de sus seres queridos  desaparecidos. Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros sino también a todo el pueblo de México, el cual también  ngenuamente le creyó en algún momento” dice el mensaje publicado en las redes sociales del colectivo.

LINKS / FUENTES:

• Primer Informe de Avances del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
• Segundo Informe Ayotzinapa | GIEI
• Último informe Ayotzinapa | GIEI
• Informes de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa
• Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada | Gobierno de México
• El gobierno es responsable por el estancamiento del caso Ayotzinapa: Vidulfo Rosales | Proceso
• Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 21 de septiembre de 2023
• Quinto Informe de Gobierno | Gobierno de México
• Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ)
• Primer Informe de la Presidencia de la COVAJ
• LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS