Por Jaime Luis Brito*
Lawfare es un término que describe una serie de acciones que implican el uso ilegítimo del poder legal y judicial, el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destruir la imagen pública o inhabilitar a un adversario político. Lo que se busca, de acuerdo con el portal nolawfare.com es “lograr que el adversario pierda apoyos populares y desarticular cualquier posibilidad de reacción”.
Aplica muy bien para lo que ha estado ocurriendo en Morelos. La utilización de los tres poderes para perseguir, ningunear, atacar, descalificar, destituir e intentar detener a los enemigos políticos del gobernador Graco Ramírez. A la manera de las dictaduras de los años 70, el tabasqueño ejerce el poder absoluto en la entidad, controla a los débiles y ataca e intenta apabullar a quienes realmente representan oposición, mientras continúa enriqueciéndose cobrando “renta” a todos los organismos económicos que tienen actividad en la entidad, sean lícitos o ilícitos, de esto cada día existen mayores evidencias.
Lawfare es una contracción de las palabras inglesas law (ley) y warfare (guerra), pero que implica hacer leyes o reformas legales con dedicatoria, violar los procesos y procedimientos legales contra una persona, utilizar jueces a modo o de consigna, atacar desde los medios de comunicación con campañas brutales de desprestigio para manipular a la opinión pública, linchamiento mediático y condena decidida de antemano por los medios sin que exista sentencia legal, utilización de testigos poco confiables o con intereses ligados al poder, entre otras, son parte del manual que ha sido aplicado al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
En resumen, así ha sido el proceso de lawfare contra el académico:
- El Congreso del estado reformó distintas leyes para aplicar la ley de deuda pública a la UAEM y así poder (aplicada retroactivamente) utilizar la contratación de un crédito para acusar al rector de peculado.
- El Congreso local también modificó el código penal para considerar a los universitarios como “servidores públicos”, y así acreditar el desvío de recursos.
- El Legislativo reformó igualmente la constitución local para considerar el delito de enriquecimiento ilícito como delito grave con prisión preventiva, con el objetivo de mater a la cárcel al ex rector y a su esposa.
- Los jueces han actuado de manera oficiosa y han solventado muchas de las insuficiencias de la Fiscalía Anticorrupción en los procesos. Ejemplo de ello, la última audiencia por enriquecimiento ilícito, de la cual fui testigo, fue el juez el que realmente hizo una sistematización de los “elementos”.
- Periódicos locales y nacionales, televisoras, radiodifusoras, redes sociales, han llevado a cabo campañas de desprestigio, primero, y de condena y sentencia, después, en contra de la persona de Alejandro Vera.
- Los denunciantes y testigos de las carpetas de investigación han sido personajes utilizados por el gobierno del estado, y que han tenido información privilegiada que usada fuera de contexto funciona como argumento “de escándalo” para la creación de carpetas de investigación. Algunos de estos denunciantes se prestaron gustosos a ello, otros más accedieron porque ellos mismos están vinculados a procesos penales pendientes.
- En este apartado, los líderes sindicales de la UAEM pueden entrar en ambas hipótesis. Puede que hayan aceptado gustosos a cambio de jugosos donativos en sus cuentas personales o quizás, también fueron “invitados” a prestarse a la ofensiva judicial, ya que de no hacerlo, podrían hacer efectivos procesos judiciales por una serie de delitos de los cuales son protagonistas. Eso seguro se sabrá muy pronto.
- El caso de Wistano Orozco es paradigmático. Se trata del traidor modelo. Trabajó para la UAEM, fue encargado de proyectos especiales y desde ahí convenció a las autoridades y luego operó los convenios específicos con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que hoy conocemos como “la Estafa Maestra”. Luego, fue el titular de Finanzas de la universidad y desde ahí renegoció el crédito que da origen a la denuncia por supuesto peculado. Desde enero pasado, Wistano ocupa una subsecretaría en el gobierno de Graco. Ayer, este personaje estaba comiendo en el mismo restaurante donde detuvieron a Vera Jiménez. Traidor modelo.
Así ha funcionado el lawfare en el caso de Jesús Alejandro Vera Jiménez en Morelos aplicado a pie juntillas por el gobierno de Graco Ramírez. También se lo ha aplicado a Cuauhtémoc Blanco Bravo y a otros más, a los que considera un peligro, pues sabe que el tiempo se le acaba y lo que le espera es enfrentar el pago de las tropelías, corruptelas y crímenes que ha cometido desde el gobierno. En el fondo está el temor de Graco Ramírez de enfrentar una elección, que sabe perdida, contra uno o varios de sus adversarios, quienes han prometido meterlo a la cárcel. Nadie muere en la víspera… Todo a su tiempo.
*Jaime Luis Brito es periodista y corresponsal de Proceso en el Estado de Morelos.
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