EN CORTO
De cara al proceso electoral de 2027, iniciativas de «paridad de género» en San Luis Potosí, Nuevo León e Hidalgo evidencian cómo cotos de poder masculinizados instrumentalizan la paridad para perpetuar el nepotismo bajo la alternancia de género obligatoria.
Por Melina Barbosa
Históricamente, la llegada de las mujeres a cargos políticos ha sido leída —con frecuencia de manera reduccionista— como resultado de vínculos con hombres antes que por mérito propio. Legisladoras y dirigentes han cargado con el estigma de ser «la hija de» o «la esposa de», como si esta fuera la única explicación plausible para su presencia en espacios diseñados, durante siglos, exclusivamente para los hombres.
Cuando una mujer ocupa un cargo de poder, se cuestiona cómo llegó; cuando lo ocupa un hombre, rara vez se hace la misma pregunta. La paradoja de la “ley esposa” es que convierte ese estigma milenario en una estrategia de poder, enturbiando de paso uno de los mayores logros del feminismo: la paridad.
Décadas de lucha, no de concesión
Para saldar esa deuda histórica, la paridad fue elevada a principio y regla constitucional en México en 2014, con criterios horizontales que obligan a los partidos a registrar candidaturas equilibradas, y criterios verticales que extienden esa lógica a todos los órganos de elección popular.
En 2019, la reforma “Paridad en todo” aseguró que las mujeres tuvieran acceso al 50% de los cargos a nivel federal, estatal y municipal. Y el 15 de noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para garantizar la igualdad sustantiva en la Constitución Política.
Las cifras reflejan décadas de lucha: hasta 2020, México solo había elegido siete mujeres como gobernadoras, frente a 350 hombres en el mismo periodo.
Hoy, el país cuenta con 13 mujeres gobernadoras en funciones: Marina del Pilar (Baja California), Layda Sansores (Campeche), Maru Campos (Chihuahua), Clara Brugada (Ciudad de México), Indira Vizcaíno (Colima), Delfina Gómez (Estado de México), Libia Dennis (Guanajuato), Evelyn Salgado (Guerrero), Margarita González (Morelos), Mara Lezama (Quintana Roo), Tere Jiménez (Aguascalientes), Lorena Cuéllar (Tlaxcala) y Rocío Nahle (Veracruz).
Este avance no fue un regalo del poder. Como señala la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, fue el resultado de décadas de organización de ciudadanas, consejeras y magistradas con capacidad para defender el derecho de todas. Y como puntualiza Camille Kordic Luna, especialista en género y paridad política, la historia de las cuotas lo confirma: «Empezó como una recomendación el que hubiera cuotas de mujeres y no fue hasta que realmente se puso en la Constitución como un principio de paridad que los números cambiaron”.
Nepotismo no es paridad
Aquí resulta indispensable trazar una distinción clara: el nepotismo no es paridad. Que un gobernador transfiera su cargo a su esposa no constituye un avance en igualdad sustantiva; es la misma concentración de poder con un rostro diferente.
«La paridad no está peleada con las leyes que van en contra del nepotismo. Lo que ha sucedido es que se ha politizado a partir de intereses particulares y la paridad sustantiva exige que las mujeres puedan tener un ejercicio del cargo de manera independiente. Cuando una política busca heredar cargos, se transfiere el poder y no se impulsa la agenda de una mujer que llega por voto popular. Es seguir construyendo una dinastía, una élite, una burbuja familiar”, apunta Kordic Luna, integrante de Aúna, plataforma que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres en México.
Eso es lo que evidencia la “ley esposa” o “ley gobernadora” aprobada en el Congreso de San Luis Potosí, que establece que para 2027 los partidos solo podrán postular mujeres a la gubernatura. La reforma fue impulsada —acusan organizaciones y legisladoras— por el gobernador Ricardo Gallardo, cuya esposa, la senadora Ruth González, sería la principal beneficiaria.
No es un dato menor: San Luis Potosí tiene investigaciones abiertas por un presunto desvío de 700 millones de pesos, y la familia Gallardo habría gobernado la entidad desde 2015, primero el padre y luego el hijo.
En Nuevo León, el esquema se replica con la llamada “ley Mariana”. El partido Movimiento Ciudadano ha empujado reformas electorales señaladas como camino construido para que Mariana Rodríguez compita por la gubernatura en 2027, apoyada en programas sociales, una alta exposición mediática y recursos del Estado durante la administración de su esposo, el gobernador emecista Samuel García.
Asimismo, en Hidalgo se presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer una contienda a la gubernatura exclusiva para mujeres y ampliar el periodo a cinco años. Sin embargo, esta fue suspendida y no se discutirá en el actual periodo legislativo, aunque podría retomarse posteriormente.
La disputa no es por la igualdad, sino por el poder
Cuando Morena anunció una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de Nuevo León, Mariana Rodríguez respondió exhibiendo un organigrama con cargos que ocuparían familiares de Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido oficialista: su hermana como titular de la Fiscalía capitalina, su madre como expresidenta del Consejo Nacional de Morena y cuatro primos en el DIF, Infonavit, INDAUTOR y el Secretariado Nacional de Seguridad.
Rodríguez también amenazó con lanzarse por la gubernatura respaldada en encuestas propias, y Alcalde respondió con otra medición que posiciona a Morena como el partido favorito en Nuevo León.
Los señalamientos revelan que el nepotismo no es patrimonio de un partido ni de una familia, sino una práctica transversal en todas las filas del poder político mexicano, lo que vuelve aún más urgente su regulación.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum incluso reconoció que detrás del lenguaje de la paridad pueden operar «otros temas», y que los partidos ya tienen la obligación legal de presentar candidaturas paritarias, lo que vuelve contraproducentes este tipo de iniciativas.
«La parte de que a fuerza haya una vez mujer, otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y tiene también sus contras, porque muchas veces va orientado, no necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas. Entonces, ahí mi recomendación es que lo analicen bien todos los Congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente los partidos ya tienen que presentar la paridad. Entonces, no es claro que esto de que “sea una vez mujer, una vez hombre”, sea necesariamente para ayudar a las mujeres, ¿no? Lo pongo a debate», declaró Sheinbaum.
Más que un debate democrático, las respuestas funcionan como un espejo donde todos los actores reflejan lo mismo: la disputa no es por la igualdad sustantiva y la paridad, sino por quién controla el poder y desde qué familia.
La reforma antinepotismo federal busca cerrar ese vacío, aunque su implementación se pospone, convenientemente, hasta 2030, ya pasadas las elecciones de 2027.
Mientras persiste, los apuntes de Kordic Luna y Juliana Bao de la Audiencia resuenan: «La paridad no es transferir el poder, es compartirlo» y cambiar los rostros sin cambiar el régimen; tampoco es igualdad, sino «maximato» con lenguaje de género.
