Las leyes que amenazan la libertad de expresión en México

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EN CORTO

  • En México ha repuntado el uso del derecho como medio indirecto de censura, convirtiendo las leyes penales y electorales en un muro de contención contra la opinión y crítica pública.
  • Recientemente, los casos más sonados de criminalización del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión se han reportado en los estados de Campeche, Puebla, Sonora y Veracruz.

Por Leslie Orozco

La aprobación de diferentes modificaciones al Código Penal de Puebla para castigar los delitos de ciberasedio, espionaje digital y usurpación de identidad ha levantado las alarmas sobre la vulneración de la libertad de expresión en México. 

En uno de los países más letales contra la prensa y donde se utiliza el espionaje contra periodistas, ahora se suman mecanismos legislativos que buscan bloquear las posturas críticas.

El 13 de junio de 2025 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Puebla modificaciones a los artículos 258, 278, 404, 479 y 480 para crear delitos para «prevenir» el ciberacoso.

Pero se trata de una ley que considera como ciberasedio “usar las redes sociales para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona».

La iniciativa aprobada en fast track ha derivado en diferentes movilizaciones y llamados de atención por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida por Rosario Piedra Ibarra exhortó al Congreso local a revisar la legislación que acaba de aprobar:

“La CNDH considera que el texto del artículo 480 presenta ambigüedades que podrían dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión”. La dependencia, que está trabajando ya en una acción de inconstitucionalidad, ha pedido a las autoridades de Puebla que prevengan “el uso del derecho penal como medio indirecto de censura”.

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Tras la entrada en vigor de la Ley de Ciberseguridad, el gobierno de Alejandro Armenta envió invitaciones a la prensa para asistir a ‘foros’ de diálogo que no son resolutorios a los daños de libertad de expresión derivados de esta ley.

Las modificaciones

Un día después de que se publicaron los cambios en el Periódico Oficial, la iniciativa apodada ley censura o ley mordaza- entró en vigor y entre las modificaciones que violentan la libertad de expresión, se encuentran:

La modificación al artículo 258 Ter estipula que comete usurpación de identidad quien use datos ajenos para obtener un beneficio o causar un daño patrimonial o moral, con sanciones de 6 a 8 años de prisión y multa, así como un aumento del 50% en la pena si es por medios digitales. 

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), este delito podría ser utilizado para perseguir y castigar el contenido de sátira y parodia en internet, que suelen ser utilizados como una herramienta de crítica política.

En las reformas al artículo 479 se establece que comete espionaje digital quien, por medio de tecnologías de la información, obtenga datos personales sin autorización previa, con penas de 1 a 3 años de prisión.

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Mientras que el artículo 480 define que comete ciberasedio quien «a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.

Esta nueva figura es similar a las descripciones de los delitos de difamación y calumnia que siguen vigentes en siete estados de la república, pero que instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana han definido como una limitación ilegítima a la libertad de expresión.

Criminalización del periodismo y la libertad de expresión

Previo a la publicación de la ley mordaza en el Periódico Oficial, Article 19 y la Red de Periodistas de Puebla solicitaron a las y los diputados del congreso local rechazar la iniciativa, pues se trata de una ley que criminaliza el ejercicio periodístico.

Asimismo, organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), realizaron un llamado a la «revisión de marcos legales» que criminalizan la libertad de expresión.

Durante los foros de diálogo organizados por el gobierno local, integrantes de la Red de Periodistas de Puebla se manifestaron en contra de la ley.

La periodista Samantha Páez aclaró que la ley se escuda bajo la supuesta protección de mujeres e infancias, pero ya existen otras leyes que buscan proteger a estos grupos en específico.

«Nos parece -como ya lo había dicho Patricia Méndez- muy bajo por parte de los diputados y diputadas que se escudan en la protección de las infancias y de las mujeres, cuando ustedes deberían saber que ya existen otros principios que protegen estos derechos», declaró la periodista, refiriendo que el bloqueo de la libertad de expresión sería el principal móvil.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó su preocupación por la iniciativa, señalando que «podría ser utilizada para castigar críticas que puedan resultar incómodas».

Las respuestas oficiales 

El gobernador del estado, Alejandro Armenta, aseguró que en Puebla no hay censura y se respeta la libertad de expresión.

“Yo en lo personal tomo la crítica siempre como algo positivo, que nos ayuda a crecer. Como lo he manifestado con ustedes, respetamos el trabajo que realizan los medios, (la nueva ley) no tiene nada que ver con temas de medios de comunicación, no hay censura”, manifestó.

Además, la presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa, afirmó que el parlamento está dispuesto a revisar las modificaciones, como lo señaló la CNDH.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido los proyectos de ley relacionados con el ciberacoso.

Durante su conferencia matutina del 24 de junio de 2025, incluso aseguró que en su administración hay más libertad de expresión.

Casos de censura al alza

Este tipo de legislaturas como la de Puebla no solo amenaza la labor de comunicadores, periodistas y activistas, sino también a la ciudadanía que señale o critique a funcionarios públicos.

Ejemplo de ello es que el 19 de mayo de 2025, Carlos Velázquez tuvo que acudir a las instalaciones del Senado de la República para ofrecer una disculpa pública a Gerardo Fernández Noroña.

Otro caso es el de Karla Maria Estrella de Hermosillo, Sonora, quien recibió una denuncia por violencia política de género interpuesta por la diputada Diana Barreras.

Esto tras cuestionar en X (antes Twitter) la presencia de la diputada priista local en la Cámara de Diputados federal, de la cual su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, es presidente.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso las siguientes medidas a Karla María Estrella:

  • Multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que equivalen a mil 85 pesos con 70 centavos.
  • Publicar una disculpa durante 30 días consecutivos en su perfil de X. La disculpa debe ser el siguiente texto íntegro: “Te pido una disculpa, (nombre de la denunciante) por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.
  • Tomar un curso obligatorio sobre perspectiva de género, el cual deberá ser pagado por ella.
  • Lecturas obligatorias sobre derechos políticos de las mujeres.
  • Publicación del extracto de la sentencia, durante 30 días consecutivos, en su cuenta de X.
  • Karla María Estrella quedará inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contras las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) durante 18 meses.

Esta situación que enfrenta Karla María Estrella refleja las tensiones actuales entre la libertad de expresión y la protección contra la violencia política de género, mostrando cómo una simple publicación en redes sociales puede desencadenar un proceso legal complejo.

En el estado de Veracruz también se sancionó con medidas económicas al periodista Ángel Camarillo por publicar una investigación sobre casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos políticos.

En Campeche se reportó un evento similar, donde el periodista Jorge González fue vinculado a proceso por ‘delitos de odio’ y violencia de género en contra de la gobernadora morenista, Layda Sansores.

Por esta medida, Jorge González deberá suspender cualquier actividad periodística durante dos años.


LINKS | FUENTES:

Publicación del las modificaciones al Código Penal de Puebla | Periódico Oficial del Gobierno de Puebla

Abusan de omisión legal para acallar voces críticas | Verificado

Reforma al Código Penal viola la libertad de expresión en internet | R3D

PRONUNCIAMIENTO DGDDH/006/2025 | CNDH

Proyecto que modifica el Código Penal de Puebla en materia de ciberseguridad es un riesgo para la libertad de expresión | Article 19

Fernández Noroña acepta disculpa pública de Carlos Velázquez tras incidente en el AICM | MORENA

Preocupa a la SIP iniciativa en México para combatir el «ciberasedio» | SIP

Sancionan a ciudadana por publicación que cuestionaba candidatura de diputada del PT | Serendipia

Sanciones a tuiteras y periodistas inhabilitados: las denuncias por censura crecen en México | El País

Advertencias desde Puebla, Campeche y el Tribunal Electoral | Sin Embargo

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