Por Rafael Flores*
Si nos pidieran hacer una lista, en la cual enumeráramos cada uno de los problemas que aquejan al estado de Nuevo León, y, por ende, a sus ciudadanos, podríamos citar fácilmente cinco cuestiones que han hecho mella en la población los últimos meses y que son, sin duda, de conocimiento público. La delincuencia, los feminicidios, la contaminación, el transporte público y el desabasto del agua son, al menos en esta administración, los problemas que han marcado el primer año de gobierno.
En esta ocasión quiero abordar, con cifras oficiales, dos problemas que no empezaron con el gobierno actual, pero que sí son su responsabilidad atender, y nuestro deber ético, como ciudadanos, exigir resultados.
En primer lugar, hablemos de la delincuencia en el estado; de acuerdo a cifras obtenidas en el portal de la Fiscalía de Nuevo León, los homicidios dolosos han presentado un aumento constante los últimos tres años; con 914 homicidios dolosos en el 2020, 1084 en el 2021 y, con un aumento drástico en el 2022, que deja como saldo un total de 1430 homicidios tan sólo el año pasado. Por otro lado, delitos como robo a persona, robo a auto, y lesiones, presentan un aumento del 25% respecto al promedio histórico.
Otro problema constante y que causa profunda indignación por la impunidad en torno a estos delitos tiene que ver con los feminicidios. Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública señalan a Nuevo León como el segundo estado con más casos de feminicidios a nivel nacional, con un total de 102 de enero a diciembre del 2022, sólo por detrás del Estado de México.
Al comparar el número de feminicidios en Nuevo León con las cifras de Nayarit, el estado con menos feminicidios en el país durante el año 2022, la diferencia es abismal pues, mientras que en Nuevo León ocurría un feminicidio cada tres días, en Nayarit sólo se registraron dos durante todo el año. En lo que respecta a las violaciones, la tendencia desde el 2020 refleja un aumento constante, pasando de 779 violaciones en ese año, hasta llegar a las 1027 violaciones tan sólo en el año 2022, de acuerdo a la Fiscalía del estado.
Con lo anterior en mente, cabe preguntarnos, cómo hemos llegado a este punto, en el que ante situaciones que cuestan vidas humanas, las autoridades no han hecho lo suficiente para revertir las tendencias al alza. Incluso los casos que se han mediatizado y escalado a nivel nacional, hoy siguen impunes. Una respuesta a esta duda radica en la incompetencia de las autoridades, pues, son ellos los encargados (en los distintos niveles) de procurar la seguridad y bienestar de la población.
Sin embargo, quedarnos con esta premisa, donde toda la responsabilidad descansa en el gobierno, sirve para que se repitan estas trágicas situaciones, debido a que delegamos todos los asuntos públicos a unos cuantos. Esto me lleva a pensar en el concepto de culpa política propuesto por el filósofo alemán, Karl Jaspers; concepto que involucra a la ciudadanía y su participación en la consolidación de regímenes políticos.
Si bien, Jaspers afirma que la culpa política se debe «a las acciones de los estadistas y de la ciudadanía de un Estado, por mor de las cuales tengo yo que sufrir las consecuencias de las acciones de ese Estado, a cuya autoridad estoy sujeto y a través de cuyo orden determino mi existencia». También es cierto que, en política, la omisión es otra forma de actuar.
Dicho de otro modo, cuando las instancias encargadas de velar por nuestra seguridad y bienestar no hacen lo que les corresponde, están obrando por omisión. Igual que la ciudadanía, cuando sólo nos involucramos políticamente cada que hay elecciones, estamos dejando fuera del espectro de nuestra participación una amplia gama de acciones que podrían contribuir a mejorar la situación que vivimos. O sea, nuestra omisión contribuye a que las condiciones que vivimos se repitan y empeoren.
Recordemos que, «el precio de desentenderse de la política, es el ser gobernado por los peores hombres».
Espacio de reflexión de Alianza Cívica Nuevo León
