Por Andrés A. Solis*
La discusión sobre los lineamientos para proteger y defender los derechos de las audiencias de los medios continúa, mientras la presidenta no atina a darse cuenta que eligió la ruta equivocada.
En otros frentes, gobernantes de oposición, sin entender de lo que les hablan, se asumen defensores de la libertad de expresión y adalides de la lucha contra la censura, cuando desde sus oficinas de prensa imponen condiciones a la prensa de las entidades que dicen gobernar.
Esta discusión ha servido para quienes encabezan los mal llamados medios públicos en México (más bien medios oficiosos), para esconderse tras la puerta y meterse debajo de los escritorios, porque saben bien, que están en la primera línea del desprecio hacia las audiencias.
Durante su administración, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que durante décadas conocimos con el nombre de Notimex.
Su argumento es que había sido servil al poder y no informaba al pueblo, pero el trasfondo estuvo una persecución contra su sindicato, derivado del rechazo que el personal de la agencia tuvo siempre contra su entonces directora, Sanjuana Martínez, fiel propagandista del régimen.
Y esa fue una mentira, porque lo que hizo el anterior presidente y ha mantenido la actual presidenta, es tener sometidos a los medios que dependen del erario.
Crearon el Sistema Público de Radiodifusión (SPR), bajo el mando de Jenaro Villamil, una suerte de mando único para imponer línea editorial, dictada desde la oficina ex vocero presidencial Jesús Ramírez.
El SPR recibió un importante presupuesto para la compra de equipo y contratación de personal y echar a andar la señal de televisión abierta del Canal 14, que llenaron de supuestos noticiarios y programas de opinión que en realidad son espacios difusores de boletines de prensa y espacios diseñados para las y los “opinadores” del régimen.
A la par, los noticiarios de las televisoras Canal 11 y Canal 22, y de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación, se convirtieron en altavoces de las “buenas nuevas” del gobierno morenista.
Desde 2019 interrumpen sus noticiarios para enlazarse en vivo al evento matutino de Palacio Nacional y a cuanto evento público encabezaba López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero la imposición fue en modo “paraguas”. Los medios que integran los sistemas estatales de radio y televisión de los estados gobernados por Morena hicieron lo mismo. Someterse al poder y convirtieron sus noticiarios en extensiones de las oficinas de prensa de sus gobernantes.
Claro está, los medios de los estados gobernados por la oposición hacen lo mismo, no hay diferencia, salvo que no se enlazan en cadena nacional con el Salón Tesorería. Pero es el modelo priísta, que en realidad es el modelo de los medios propagandistas, al estilo Hitler, Stalin o Trump, el de los regímenes autoritarios.
¿Por qué no son medios públicos?
Porque no le sirven al público, no le sirven a las audiencias, le sirven a los intereses del poder, del partido en el gobierno y reciben dinero público para ello.
Estos medios modificaron barras de programación, movieron frecuencias y hasta cancelaron programas que resultaban críticos o incómodos.
Quien esto escribe fue objeto de esa censura en Radio Educación y en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. En dos meses me cancelaron un programa de radio y una columna semanal.
Y todo esto lo han hecho violando flagrantemente los derechos de las audiencias. De nada sirven sus defensorías porque no atienden a las audiencias que se supone que defienden.
Por eso es cínico que asuman una postura en relación con estos “lineamientos”.
Los medios privados han sido cínicos y desvergonzados y han vulnerado históricamente los derechos de las audiencias, por las decisiones de sus propietarios, que son empresarios, NO de periodistas.
Los “medios públicos” en cambio, no sólo son cínicos y desvergonzados, son serviles al poder y esos SÍ violan derechos humanos.
