Entre Periodistas
Por Andrés A. Solis*
Este martes 3 de diciembre se conmemoró el Día de Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 1992 con la intención de promover los derechos y la inclusión de este sector de la población.
México promovió en el 2008 ante este mismo organismo internacional la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo su principal impulsor Gilberto Rincón Gallardo, un gran político de izquierda, incansable defensor de los derechos humanos y quien vivió con una discapacidad toda su vida.
Esta Convención ha sido ratificada por prácticamente por la totalidad de los Estados miembros de la ONU y fue un precedente fundamental para la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y posteriormente el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis).
Y aunque pareciera que México ha estado a la vanguardia en esta materia, la verdad es que en los hechos los avances son apenas poco más que nada.
En nuestro país no hay un registro claro y preciso sobre la cantidad de personas que viven con algún tipo de discapacidad, no sabemos exactamente cuántas personas son, dónde viven ni qué tipo de discapacidad tienen.
Apenas en 2018, hace año y medio, un grupo de organizaciones peleaba con el Estado mexicano para que no se eliminaran las preguntas sobre discapacidad en el cuestionario para el Censo de Población y Vivienda que se levantará el próximo y que es una herramienta que ayudaría a contar con ese censo detallado de las casi siete millones de personas que viven con discapacidad, según el Conteo 2015.
La falta de esa información representa un obstáculo para que el Estado mexicano en todos sus niveles pueda diseñar políticas públicas, programas de atención, garantizar el acceso a servicios de salud y al pleno goce de otros más.
El actual gobierno presumió la mañana de este martes el aumento de sus programas subsidiarios para este sector de la población y que para 2020 sería de 14 mil millones de pesos.
Pero no dejan de ser programas de apoyo en dinero, transferencias que alivian en parte las carencias con las que muchas persona con discapacidad tienen que lidiar y que son consecuencia, precisamente, del abandono y la negación de otros derechos.
México está aún muy rezagado en materia de inclusión.
Se le sigue negando el acceso a la educación regular a infantes con cualquier discapacidad.
No hay garantías de atención médica especializada para personas con discapacidad que puedan contraer cualquier tipo de enfermedad que termina empeorando sus condiciones de vida.
No hay programas de empleo digno; empleos que vayan más allá de ayudar en los accesos del aeropuerto. Hay personas con discapacidad que tienen estudios universitarios y preparación para acceder a cualquier empleo, pero en la realidad se les niegan esas opciones.
Seguimos sin considerar a las personas con discapacidad en los reglamentos de construcción, en el ejercicio de sus derechos político-electorales, sus derechos sexuales, de acceso a la información, de consumo de contenidos mediáticos convencionales o de Internet.
A esto se suma una sociedad indolente que les sigue llamando “discapacitados” o “minusválidos” y que le vale un cacahuate ocupar baños y espacios exclusivos en transporte público, estacionamientos o salas de cine.
Y peor aún. Seguimos teniendo gobiernos Federal, estatales y municipales que creen que cumplieron por haber instalado una rampa que no le sirve a todas las personas que viven con discapacidad.
