Por Leslie Orozco
De 2020 a 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (CEDHNL) ha registrado 28 casos de violaciones a los derechos de periodistas, de las cuales 24 corresponden a la administración actual encabezada por Samuel García Sepulveda; es decir, 85% de las vulneraciones acontecieron durante los últimos tres años.
A las y los periodistas en Nuevo León se les ha vulnerado durante la última administración, y de los 24 casos de agresiones, se abrieron 16 expedientes de queja, seis expedientes de oficio y los restantes realizaron peticiones.
Dentro de las causantes de denuncia, se encuentran detenciones ilegales y arbitrarias, el uso desproporcionado o indebido de la fuerza, intimidación, censura, amenazas y agresiones directas.
En agosto del año pasado, la CEDHNL emitió la recomendación 006/2023 a la Secretaría de Seguridad del Estado tras un intento de detención injustificada y decomiso de su dispositivo celular a un periodista de N+ Monterrey por parte de un elemento de la policía de Fuerza Civil.
Dentro de los puntos recomendatorios derivados de la agresión al periodista de la televisora (entre ellas, violaciones a los derechos humanos de expresión, libertad e integridad personal y libertad de trabajo), se encuentra la implementación de cursos a personas del servicio público, la participación de mesas de trabajo y la aplicación de protocolos de actuación.
En septiembre de 2024, la CEDHNL hizo un exhorto al Estado para que aceptara la colaboración gratuita, ofrecida por la organización internacional Artículo 19 con apoyo de Naciones Unidas para realizar un protocolo sobre los marcos de acción de las fuerzas de seguridad en relación con la prensa, en dicho comunicado, se especificó que llevaban más de 85 días recibir respuesta a la recomendación 006/2023.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad del Estado al mando de Gerardo Escamilla, sigue postergando el cumplimiento de la recomendación. El plan propuesto busca crear mesas de diálogo y capacitaciones a periodistas y a los elementos de seguridad, de acuerdo con Pedro Cárdenas, integrante de Artículo 19. A diferencia de la administración estatal, 10 municipios del área metropolitana aceptaron participar en la construcción del protocolo
“(Esperamos) Que podamos capacitar a un número de policías sobre libertad de expresión, derechos humanos y el vínculo con el rol de la prensa en una democracia. Por otro lado, la idea es tener una capacitación a periodistas sobre libertad de expresión y sus límites […] es decir, que la prensa también conozca claramente cuáles son los reglamentos; que sí debe hacer, que no deben hacer, cuáles son las limitantes -por ejemplo- en el caso de una escena del crimen, que deben o que no deben hacer por la protección de los derechos de las víctimas del debido proceso y de la del rol de las propias policías”, mencionó Cárdenas.
Sin consecuencias, las agresiones a periodistas
Además, de acuerdo con la organización independiente que defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, de 2018 a la mitad de 2024, en Nuevo León la cifra de agresiones hacia periodistas aumenta a 34 casos.
Pese a que el ofrecimiento del protocolo que busca realizar Artículo 19 facilita el cumplimiento de estas recomendaciones, la Secretaría de Seguridad del Estado continúa dando largas. Este tipo de protocolos o guías, se han aplicado en otras entidades federativas como Ciudad de México y Tlaxcala.
“Desde el año pasado hemos comenzado un proceso de trabajo de mejora del relacionamiento policial y prensa. Este proyecto lo que busca en conjunto con el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF). Iniciamos este proyecto en varios países pero en México particularmente en Artículo 19 lo hemos iniciado en Ciudad de México, Tlaxcala y actualmente estamos en proceso de presentarlo con las autoridades en Nuevo León”.
De acuerdo con Pedro Cárdenas, dentro de los casos que han registrado, los contextos en los que se presentan más violaciones a los derechos humanos de las y los periodistas en Nuevo León es en la cobertura de protestas o manifestaciones y la cobertura de la nota roja.
Se enfrentan periodistas a marco legal
Nuevo León sigue siendo uno de los siete estados que tipifica los llamados delitos contra el honor; incluyendo la difamación, la injuria y la calumnia, alcanzando penalizaciones de hasta uno a seis años de prisión.
“Hay un marco legal en Nuevo León que es contrario a los estándares de libertad de expresión dictaminados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estos delitos deben ser eliminados en el ámbito penal. Nuevo León no ha hecho el esfuerzo legislativo de eliminar estos delitos que son contrarios a la libertad de expresión”, mencionó el integrante de Artículo 19.
Esto contrasta con la situación nacional pues desde 2007 los delitos de calumnia, injuria y difamación se eliminaron del Código Penal Federal.
Al corte de 2023, la organización Artículo 19 registró 158 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación en el país, que fueron por vía civil, penal, administrativa o por legislación electoral. Por lo que además de enfrentar detenciones, intimidaciones y censura, las y los periodistas deben de enfrentarse a un marco legal restrictivo y amedrentador.
En el estado, el 11 de noviembre de 2024, las organizaciones Propuesta Cívica, la Red de Periodistas del Noreste, el Colegio de Comunicación y Periodismo de Nuevo León y la Asociación de Periodistas de Nuevo León entregaron nuevamente a las y los legisladores del Congreso del Estado, tres iniciativas para eliminar el rezago sobre la protección legal para periodistas.
Entre las peticiones de las organizaciones se busca la creación de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, la eliminación del delito de difamación en el Código Penal y reformar la Ley de Profesiones del Estado, que limita crear o laborar en un medio de comunicación si no se cuenta con un título en ciencias de la comunicación o periodismo.
«Presentamos iniciativas para reformar los Códigos civil y penal estatales, así como la Ley de profesiones del estado de Nuevo León, que tienen como objetivo renovar las leyes locales para responder a los compromisos internacionales del Estado mexicano para derogar los delitos que protegen la honra y dignidad de servidores públicos y enviar estos conflictos de derechos al ámbito civil. Asimismo, en el ámbito laboral se busca garantizar que periodistas puedan ejercer su profesión sin la necesidad de contar con un título profesional en la materia, requerimiento excesivo de acuerdo a estándares internacionales» publicó Propuesta Cívica en un comunicado.
Las agrupaciones de periodistas exhortaron al Congreso del Estado de Nuevo León a armonizar la legislación estatal con la federal, para evitar la vulneración del ejercicio periodístico, tanto en la dimensión social como individual de la libertad de expresión, coartando el flujo informativo que debe ser robusto en toda sociedad democrática.
