Andrés A. Solis*
Este martes iniciaron en Ciudad Juárez, Chihuahua los foros para la pacificación del país y la reconciliación nacional, foros muy anunciados y prometidos por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña.
Habrá discursos, análisis de las propuestas, pros y contras. Ya hablaron este mismo martes Alfonso Durazo, propuesto para ser Secretario de Seguridad Pública; Olga Sánchez Cordero, quien ocuparía la secretaría de Gobernación y el propio López Obrador.
Andrés Manuel y su equipo se mantuvieron en el mismo discurso de campaña: Perdón, pero sin olvido.
Aunque en esta ocasión si destacaron con mayor certeza que serán las víctimas el centro de todas las políticas públicas enfocadas a la pacificación del país.
Y es que son las víctimas y sus familiares quienes llevan años sin recibir la atención debida por la falta de recursos financieros, materiales y humanos que garanticen la reparación integral del daño; vamos, ni siquiera hay un registro claro y completo de cuántas personas en México han sido víctimas de la violencia y sobre todo de la ausencia del Estado y su incapacidad de abatir la impunidad que deja libres al 97 por ciento de quienes cometen delitos.
Hace poco más de un año el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón me decía en una entrevista que México es un país de víctimas y que el gobierno, el Estado mexicano no ha podido brindar la atención necesaria, sobre todo porque alrededor del 65 por ciento de los delitos de alto impacto, como homicidio doloso, secuestro, desaparición forzada, son delitos del fuero común, donde las autoridades ministeriales en los Estados no tienen capacidad de perseguir y en donde además, los propios gobiernos estatales no cuentan con una comisión de víctimas como les exige la ley y si cuentan con ella, no tienen manera de operar y a veces ni siquiera tienen el interés.
Es claro que pacificar un país sumido en la violencia desde hace muchos años no será tarea de una sola persona ni de un solo gobierno. Andrés Manuel López Obrador no podrá ni con todas sus buenas intenciones, aún y cuando convenciera al Papa a participar como lo había dicho antes.
Pacificar un país es una labor de país, de toda la sociedad, pero difícilmente se logrará si esta misma sociedad está dividida.
Vivimos una sociedad dividida que se dividió aún más durante las recientes campañas electorales, con acusaciones y agresiones verbales e incluso físicas entre simpatizantes de aspirantes a cargos de elección popular y sus partidos.
Y estas agresiones no se han detenido.
Divisiones que se muestran ahora con la reciente presentación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, realizada en conjunto por el INEGI, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la UNAM.
Los resultados indican que una de cada cinco personas en México reconoce haber sido víctima de discriminación y que siguen siendo los grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas adultas mayores, quienes más padecen actos ofensivos.
Sorprende ahora que en esta encuesta que tuvo su antecedente en la que se elaboró en 2010, que las minorías religiosas ocupan ahora el segundo lugar como grupo más discriminado, porque habla de un país intolerante ante un credo distinto al mayoritario.
Y bajo este panorama es fundamental el papel de los medios de comunicación, pues son los medios, especialmente la Televisión, los que junto con las plataformas digitales, reproducen aquellos estigmas que favorecen actos de discriminación.
Y como decía Gordon Allport, psicólogo y estudioso de la discriminación, es precisamente la discriminación el paso anterior a la violencia social.
