- Ante la próxima llegada del Mundial de futbol en 2026, autoridades de Nuevo León, en específico las del municipio de Juárez, han barrido con grupos indígenas que habitan en la región, dejando vulnerables a los miembros de esta comunidad históricamente segregada.
Por Debanhi Soto
Pese a que en el estado hay casi medio millón de personas que se autodescriben total o parcialmente como indígenas, los pueblos originarios en Nuevo León aún se enfrentan a pocas oportunidades de empleo, viviendas dignas y agresiones contra sus derechos humanos.
Por ejemplo, en noviembre de 2025, las autoridades municipales de Juárez, amenazaron con el desalojo de familias mixtecas que habían habitado por 18 años en la comunidad La Esperanza.
De acuerdo a colectivos y activistas involucrados con la causa, el anuncio de desalojo se dio sin una orden judicial e incumpliendo acuerdos firmados que la comunidad indígena había hecho con el municipio para ocupar el espacio, hasta que se les pudiera reubicar.
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“Les han permitido estar en ese lugar porque les reconocen la posesión hasta que encuentren la forma de reubicarles a un lugar más seguro donde puedan vivir. Desde hace muchísimo que las autoridades saben que la comunidad de La Esperanza está en ese terreno y no las han sacado porque reconocen que están allá por una situación de pobreza” explicó la abogada Carla Escoffié en un video.
Kenia del Ángel, Rufina García y María Isabel Muñiz, representantes de Zihuakali, Casa de las Mujeres Indígenas A.C. explicaron que el desalojo en La Esperanza es parte de una política violenta en contra de las comunidades indígenas con el objetivo de “embellecer” la ciudad previo al Mundial 2026.
“Lo que está tratando de hacer el gobierno del Estado de Nuevo León con su partido, es un barrido étnico social porque el año que entra se celebra el Mundial de fútbol y lo que quieren es embellecer la ciudad, es decir quitar todo lo que se apegue o se estereotipe dentro de la pobreza y generar una imagen para las personas extranjeras” explicaron las representantes de Zihuakali.
De acuerdo a las activistas, el desalojo al que se enfrenta la comunidad es solo un reflejo de la violencia estructural que viven las personas indígenas todos los días en Nuevo León, la cual suele versen como perfilamiento racial y criminalización, hostilidad social, violación a los derechos laborales, desunificación familiar, desvalorización del trabajo artesanal e invisibilización en el desarrollo económico.
Personas indígenas en Nuevo León, orilladas a vivir en espacios indignos.
El último Censo de Población y Vivienda expone que en Nuevo León, la cantidad de personas que hablan alguna lengua indígena representa el 1.42% de los habitantes totales y se estima que puede seguir aumentando debido a la migración hacia el estado.
De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los municipios con mayor cantidad de población indígena en Nuevo León son Monterrey, García, Juárez, Escobedo, Guadalupe y Apodaca, donde las poblaciones indígenas han establecido sus espacios y buscan crear comunidad entre sí.
Las representantes de Zihualkali explicaron que el sentimiento de comunidad es importante para las personas indígenas ya que la cultura en la ciudad es hostil y discriminatoria contra ellos por lo que se protegen viviendo en espacios conjuntos a pesar de que las viviendas no tengan condiciones dignas.
La comunidad mixteca de La Esperanza, se asentó en Juárez, en un terreno baldío que solía usarse como un basurero. Desde su llegada, los miembros de la comunidad hicieron habitable el espacio, crearon una cancha deportiva y manifestaron su cultura en la zona.
Ricardo Morales, de Escalando Fronteras (que trabajó de cerca con la comunidad de La Esperanza) explicó que los vecinos hicieron un acuerdo con el gobierno de Juárez para regularizar su situación territorial y crear viviendas dignas.
Sin embargo, el 28 de noviembre, autoridades municipales y estatales llegaron a la comunidad para avisar que tenían que desalojar sus viviendas “porque la maquinaria iba a pasar”. Morales explicó que tras el anuncio intentó contactar al municipio de Juárez sin respuesta
“Se han vendido algunos terrenos a crédito, no les están regalando nada, pero faltan familias de asignar y el acuerdo que había con municipio era que cuando estuviera el total de las familias con terrenos entonces se iban a mudar (…) luego la sorpresa del pasado fin de semana, donde fue la policía municipal a avisarles que ya desalojaran, hasta el momento no sabemos, no hemos tenido respuesta del municipio.” explicó el activista.
Precarización laboral dificulta que familias indígenas vivan mejor
Además de la dificultad para encontrar viviendas dignas, las comunidades indígenas en Nuevo León tambien se enfrentan a racismo y discriminación sistemáticas. Una encuesta del INEGI señala que el 45.3% de las personas de pueblos originarios consideran que sus derechos son respetados pocas veces o nunca.
Asimismo, el 18.5% de la población indígena a nivel nacional se enfrenta a la falta de empleo y al 21.8% se le negó la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso por su origen étnico, lo que perpetúa ciclos de pobreza que marginalizan aún más a las comunidades indígenas.
“Muchas personas de la comunidad indígena están trabajando ahorita. En la construcción de la línea cinco y seis del Metro, son trabajadoras del hogar, son jornaleros agrícolas, participan activamente en el desarrollo económico de este estado, mas son invisibilizadas por el mismo sistema porque trabajan sin derechos” compartieron las representantes de Zihuakali.
Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo
