Syndy García / Monterrey
En los discursos de los políticos y funcionarios se pueden encontrar verdades, informes a medias, falsedades o hasta mentiras, pero ¿por qué la mayoría de los servidores públicos tienden a decir argumentos fuera de la realidad?
Para responder a este y otros cuestionamientos, Verificado entrevistó a Abraham Nuncio, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), un catedrático especialista en las áreas de derecho, sociología y letras.
Nuncio ha elaborado varios proyectos de investigación, entre ellos algunos relacionados con la política en el país.
¿A qué atribuye que una importante cantidad de políticos no hablan con la verdad?
Normalmente entre lo que se promete y se dice en política hay intereses que impiden que aquello que se promete o se afirma sea justamente lo que corresponde a una determinada realidad. Entonces hay intereses que de carácter personal o de grupo que llevan a mentir, pero el que miente debería estar en la cárcel.
Aquí por eso una y otra vez nos mienten, porque saben que no pasa nada, aquí todavía por mentirnos nadie va a la cárcel, cuando una mentira equivale o debiera equivaler a un alto delito que supusiese el inmediato cese del funcionario para empezar y luego su enjuiciamiento penal, pero estamos lejos de eso.
¿Cree que es necesario que se castiguen las falsedades de los servidores públicos?
Absolutamente, si se les comprueba de manera documental y fehaciente, debieran no solo la ley obligar a que renunciaran o a dejar el cargo, sino a que se les siguiera un juicio de carácter penal.
Aquí el derecho penal no ha entrado, digamos al ámbito de la administración pública, que es muy grave, por eso mismo nosotros tenemos que al lado de la corrupción, que nosotros somos de los primeros países en estar medidos mal en términos de transparencia, porque la corrupción es enorme, al lado de la corrupción está la impunidad.
Los políticos caen en maniobras sucias, ilegales, muchas de ellas entran dentro de lo que es el derecho penal y no les pasa nada, entonces la impunidad es lo que permite que la corrupción continúe creciendo.
¿Actualmente la ley no castiga las mentiras de los funcionarios?
No llega hasta eso. Es decir, los funcionarios públicos son responsables por delitos del orden común, pero por mentirle a los gobernados prácticamente no hay una figura que permita que aquel al que se le compruebe que ha mentido inmediatamente sea cesado y luego enjuiciado penalmente.
El que tiene el mayor blindaje en ese sentido es el presidente de la República, al presidente de la República solo se le puede perseguir por traición a la patria y por delitos graves del orden común. El presidente de la República es uno de los funcionarios que cometen más estropicios de ilegalidades, es el que más miente con frecuencia, en fin, pero es la figura que da la pauta a todas las de las demás conductas políticas hacia abajo.
Al no castigarse en México que políticos diga falsedades deliberadamente, ¿se podrá decir que los funcionarios tienen «licencia para mentir»?
Sí, en buena medida sí, esa es una suerte «patente de corso» (permiso de la autoridad) de la que se hacen al asumir un puesto, incluso módico, no tiene que ser necesariamente un gran puesto o el presidente de la República. El presidente debiera ser el ejemplo de conductas integras, que pusieran la marca de su ejercicio como funcionario público, pero no, es al contrario.
En un panorama en donde hay servidores públicos y candidatos con discursos falsos, ¿cómo ha influido esto en la decisión de los electores a lo largo de los años?
A ver bueno, ¿por qué los ciudadanos siguen votando por el mismo partido o candidato del mismo partido del que salió el anterior responsable a nivel de un gobierno estatal o de la presidencia de la República?, pues francamente son ciudadanos masoquistas, porque es una responsabilidad pública también la de los ciudadanos castigar al partido que no ha sabido poner la esprea al candidato que elevó a un determinado puesto, los partidos se irresponsabilizan y en el momento que llegan los funcionarios a ciertos puestos o cargos, entonces por qué premiarlos de nueva cuenta, es absolutamente irracional.
Entonces los ciudadanos tenemos responsabilidad, tenemos culpa por decirlo en el extremo, de lo que ocurre políticamente, de que nos mientan, de que nos vean la cara de imbéciles, de que se roben nuestro dinero, de que lo presenten en ciertas manos.
