Por Leslie Orozco
La libertad de expresión es un derecho fundamental en un país libre, pero si las leyes no son claras, pueden usarse en contra de periodistas. Cada estado de la República cuenta con diferentes preceptos legales que pueden llegar a limitar el ejercicio periodístico por una falta de reformas.
Por esto, Propuesta Cívica en colaboración con Reporteros Sin Fronteras y el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, desarrollaron durante un año y medio la investigación “Libertad de Prensa ¿Cómo se regula en México?” para identificar los problemas y vacíos legislativos en materia civil, penal, laboral y de protección de las y los periodistas.
El objetivo del análisis fue identificar los preceptos legales que ponen en riesgo la actividad profesional de periodistas en México y, por ende, establecer las leyes que deben ser modificadas para que realmente exista un sistema legal progresista que promueva, respete, proteja y garantice la libertad de prensa.
El estudio utilizó medidas internacionales, como el Test Tripartito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, utilizado para medir las restricciones a la libertad de prensa. Asimismo, se utilizaron estándares internacionales de entidades como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, entre otras.
¿Cuál es el panorama nacional?
Propuesta Cívica remarca que México enfrenta un ambiente peligroso para las y los periodistas, pues tan solo en 2022 han sido asesinados 16 periodistas. Aunado al problema de seguridad, y tras analizar las leyes federales y estatales de nuestro país, encontraron existen 33 tipos penales que pueden vulnerar el ejercicio periodístico.
El análisis realizado añade a la legislación civil, penal, laboral y de protección.
Respecto a las legislaciones civiles, se encontró que a nivel estatal la mayoría de las legislaciones tienen estándares mínimos para la protección de la libertad de prensa.
Estados como Zacatecas y Nuevo León son ejemplo de legislaciones ambiguas e imprecisas, pues aun mantienen vigentes los delitos de difamación y calumnias en el Código Penal, aunque la tendencia nacional ha sido trasladarlos al fuero civil, para evitar ser usados contra el ejercicio de la libertad de prensa.
Respecto a la legislación penal, se revisaron los códigos estatales donde se encontraron 33 tipos penales problemáticos para el ejercicio periodístico donde se encuentran los delitos como falsedad ante autoridad o falso testimonio, ultrajes a la autoridad, injurias, calumnias, difamación, ataques al honor, sedición, revelación de secretos, entre otros.
Mientras a nivel federal, Propuesta Cívica encontró 11 tipos penales en el Código Penal Federal que representan un riesgo para las y los periodistas, ya que al no describir de manera explícita las conductas o sanciones, pueden interpretarse de una forma que podría usarse en contra de las y los comunicadores.
Derechos laborales a periodistas: restrictivos o inexistentes
Durante el análisis de la legislación en materia laboral, el reporte concluye que existen seis problemáticas a descatar; una de las principales es que no existen leyes en México en materia de derechos laborales para periodistas, lo cual es una omisión de las garantías para un trabajo digno.
Otra de las problemáticas detectadas por el análisis de Propuesta Cívica es que en estados como Colima, Guanajuato, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas se tiene como requisito contar con título o cédula profesional para ejercer periodismo, lo cual es una violación a los derechos humanos de las personas, ya que restringe la libertad de expresión al acotarla solo a quienes ostenten un título relacionado con la comunicación.
Asimismo, la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 fue muestra de cómo se vulnera el derecho a la salud de los periodistas, pues México fue uno de los países donde la prensa fue más afectada por la enfermedad. Este no es el único riesgo al que se enfrentan los periodistas mexicanos, pues es el país sin conflicto armado más peligroso para ejercer el periodismo.
Respecto a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que si bien cuenta con elementos mayoritariamente positivos, en las legislaciones estatales no se cumplen con los estándares mínimos que establecen las organizaciones internacionales para la protección de estos grupos.
Propuesta Cívica presenta iniciativas de reforma en leyes federales y estatales
Luego de la publicación del reporte, Propuesta Cívica presentó una serie de iniciativas de reforma ante el Senado a favor de la libertad de prensa en el país. En cuanto a las leyes estatales, la organización inició con la presentación de las propuestas de reforma en Nuevo Léon, donde presentó tres iniciativas específicas ante el Congreso del Estado de Nuevo León
- Reformar el Código Civil para el Estado de Nuevo León
Proponen reformar los artículos 1813 y 1831, así como la adición de cuatro artículos para garantizar que se cumpla con los estándares internacionales, se garantice la libertad de expresión, adicionalmente que elimine ambigüedades y sea precisa para evitar la autocensura.
- Reformar la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León
Nuevo León es uno de los cinco estados que tienen como requisito contar con título o cédula profesional obstaculizando el ejercicio para gran parte de las y los periodistas actuales. Por esto, se propone reformar el artículo 5 de la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León,
- Reformar el Código Penal para el Estado de Nuevo León
Se plantea que se reformen los artículos 180, 181, 206, 206 BIS, 249, 271 BIS y 409, así como anular 11 artículos del Código Penal. Pues en el Código Penal se siguen incluyendo los delitos contra el honor que pueden obstaculizar y condenar el ejercicio periodístico.
Con este tipo de incidencias, la organización busca abrir el diálogo sobre las leyes que afectan de manera negativa en el ejercicio periodístico y su urgente reforma. “Esta es una oportunidad única que tiene el Congreso del Estado para actualizar el marco jurídico en materia de protección para periodistas. Nos encontramos en una situación apremiante en México para hacerlo”, indicó Carlos Osoria, consultor de Propuesta Cívica y especialista en derechos humanos.
El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC Propuesta Cívica) es una organización mexicana que nace en 2011 con la misión de contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión en México mediante el acompañamiento integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo por su labor, así como la incidencia en políticas públicas y la investigación aplicada a temas de derechos humanos, en donde la comunicación estratégica juega un papel fundamental para la visibilidad y protección de víctimas y familiares.
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