Por Andrés A. Solis*
Denunciar la corrupción es una excelente forma de combatirla; la mejor forma es no siendo parte de ella.
Muchas personas se quejan de la corrupción gubernamental, se indigna por los señalamientos públicos contra empresas privadas que han sido beneficiadas por el poder público.
Sin embargo, también hay que reconocer que muchas de esas personas que se quejan de la corrupción son parte de la misma, porque trabajan en la informalidad, dan mordidas y hasta se meten a la fila de las tortillas.
El periodismo es y debe seguir siendo parte de la construcción de democracia y seguir siendo ese perro guardián que vigila el actuar del poder público, del poder económico y del poder social y de aquellos poderes paralelos que son parte de la cultura de la corrupción.
Me refiero al periodismo profesional que debe atender a las necesidades de la sociedad y no a ese periodismo que persiste y que obedece a los intereses empresariales de los dueños de los medios o a los intereses de los grupos que detentan el poder, independientemente del partido del que hayan emanado.
Por eso el periodismo profesional debe ser un firme defensor de la trasparencia y de la obligación que tienen los gobiernos con la rendición de cuentas. Por eso debemos destacar la necesidad de contar con leyes de transparencia e instituciones independientes que garanticen el cumplimiento de esa transparencia por parte de los sujetos obligados; es decir, las personas servidoras públicas y las instituciones.
Equivocadamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acusa al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) de no haber hecho nada para combatir la corrupción. Se equivoca, porque la mera existencia de una ley de trasparencia y del INAI son ya un andamiaje necesario para evitar actos de corrupción.
El presidente y muchos y muchas periodistas y personas “opinadoras” se equivocan por ignorancia o dolo, al decir que el INAI no da información.
Es que NO es el INAI quien da la información que cualquier persona solicita. Son las Instituciones de Gobierno las obligadas por la ley a dar esa información.
El INAI es la institución autónoma ante la cual podemos y debemos recurrir cuando el ente público se niega a dar la información solicitada.
Es el INAI el que defiende nuestro derecho a saber y a recibir información sobre la actuación pública para identificar si hay o no conductas que le abran la puerta a la corrupción.
Durante décadas vimos -como dice el presidente- gobiernos ricos y pueblos pobres; gobiernos que nos llevaron a catástrofes económicas, precisamente porque nunca nos informaban cómo se gastaba el dinero y los recursos públicos.
Querer desaparecer al INAI es regresar a esos tiempos de opacidad que no sólo nos afectarían, es ir en contra de la construcción de democracia.
Es cierto, el INAI puede ahorrar recursos en salarios y gastos superfluos, pero eso se resuelve con ajustes a su presupuesto. Desaparecerlo es atentar contra los derechos de información, que son derechos humanos garantizados en la Constitución.
