Por Andrés A. Solis*
El 29 de diciembre pasado, un grupo de personas agredió a periodistas que documentaban actos de violencia en una gasolinera en la colonia El Porvenir, en el municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro.
El incidente revivió una añeja discusión sobre la falta de mecanismos de protección que garanticen el libre ejercicio del periodismo en Querétaro, una de las pocas entidades donde no hay una ley en la materia, pese a que la primera iniciativa se comenzó a diseñar hace una década.
Apenas en febrero de 2022, la diputada panista Beatriz Marmolejo Rojas anunció que presentaría un proyecto de iniciativa de ley de protección.
Aún no lo hace, pero derivado del incidente en la gasolinera, la diputada dijo que en la propuesta que presentará, pretende darle “facultades a la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DHHQ) para emitir lineamientos de prevención en el sector público y privado, con el fin de salvaguardar la labor periodística”.
Según la legisladora, los hechos en El Porvenir demuestran que “las violaciones a derechos humanos no sólo son cometidas por servidores públicos”.
A la legisladora panista hay que aclararle que sólo las personas servidoras públicas violan derechos humanos. Entre particulares podemos vulnerar derechos, pero nunca violarlos.
Llama la atención que la diputada Marmolejo considere más relevante modificar la ley de la Defensoría para que pueda atender temas que no son de su competencia y con ello quitarle responsabilidad a la autoridad que sí es responsable de dar garantías y seguridad a todas las personas, incluyendo a periodistas.
“Lo que estamos proponiendo nosotros concretamente son generar medidas de protección, no un protocolo; sino medidas de protección que son tanto en la parte preventiva, que es la capacitación de funcionarios públicos y de empresas”, dijo la legisladora a las y los periodistas.
Aclaremos que un protocolo en materia de seguridad es precisamente un conjunto de medidas de protección que se brinda a una persona que enfrenta una situación de riesgo.
Y por eso es importante aclararle que quien debe definir y poner en marcha las medidas de protección es precisamente la autoridad. Lo que le toca a la DDHQ, sin necesidad de reformas a su ley, es vigilar que los gobiernos cumplan con la aplicación de estos protocolos.
Por otro lado, resulta preocupante que la propuesta de la legisladora busque obligar al sector privado a emitir medidas de protección. ¿A qué se refiere con esto? Y ¿por qué un ente privado tendría que proteger a periodistas? Quizá se refiera a le necesidad de que las empresas de medios tengan la obligación de brindar garantías de seguridad, protección y capacitación para sus periodistas, pero eso es distinto.
Me parece que la diputada Marmolejo tiene buenas intenciones, pero le ayudaría acercarse a quienes tienen más conocimiento y experiencia en este tema y explicarle por qué es un despropósito que diga que no es conveniente crear un Mecanismo local de protección.
PD. Un abrazo estimado Eduardo por el sexto aniversario de CódigoQro. Un gran abrazo a todo equipo de este diario, a mi admirada Malena Hernández por su confianza, a Claudia por su paciencia cada semana y a todos y todas las personas que forman parte de este importante medio de comunicación.
