Por Debanhi Soto
Después de que la diputada morenista Valentina Batres Guadarrama presentó en el Congreso capitalino, una iniciativa que pretendía modificar varios artículos de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México.
Uno de los puntos que contempla la iniciativa que más desinformación y confusión ha causado, es la creación de un “Banco de Suelo”, un instrumento encargado de la planeación y control del territorio que destine reservas para vivienda social y evitar la especulación inmobiliaria.
Después de la presentación de la reforma, medios de comunicación y legisladores capitalinos alertaron sobre los “atentados a la propiedad privada” que suponía la reforma.
“Es construirle vivienda a sus clientelas con fines político-electorales, porque en las zonas residenciales con alta plusvalía ahí Morena normalmente no gana” explicó el legislador panista Diego Garrido en entrevista con medios de comunicación.
No obstante, el esquema de vivienda social es una estrategia que han usado otros países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón para asegurarse que la ciudadanía pueda tener acceso al derecho a la vivienda.
Asimismo, la “desaparición de la propiedad privada” es una narrativa desinformante que resurge cada vez que se presentan iniciativas con corte de derechos humanos y accesibilidad a la vivienda en el congreso capitalino.
En Verificado, te explicamos de qué se trata la reforma y cómo impactará en la protección de la propiedad privada.
¿Qué propone la reforma en materia de vivienda social?
La propuesta de reforma que presentó Batres Guadarrama considera cambios a los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 26, 27, 35, 36, 38, 55 y 56 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda adecuada con enfoque de derechos humanos y reducir el rezago habitacional.
La propuesta contempla que el Gobierno de la Ciudad de México deberá producir viviendas sociales asequibles mediante la creación de un parque público de vivienda en renta para personas en situación de vulnerabilidad.
Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, una vivienda social es una modalidad de vivienda con propiedad pública (perteneciente al gobierno) que está sujeta a limitaciones de renta para que su uso sea por parte de personas con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado privado.
Es decir, que la propuesta de reforma contempla que haya conjuntos habitacionales producidos y gestionados por el gobierno de la capital cuyo destino sea ser vivienda de renta accesible y a largo plazo para personas con dificultades para conseguir un hogar.
Es importante destacar que los esquemas de alquiler de vivienda social, existen también en otros países como el Reino Unido, donde el 16% de las casas son rentas de vivienda social. En Francia, la cifra es del 14% de todos los hogares y en Estados Unidos llega al 3.62% del total.
Viviendas de alquiler social
Proporción de viviendas de alquiler social respecto al total de viviendas, 2022 o más reciente
La propuesta también incluye la implementación de mecanismos de captura de plusvalías urbanas. Aunque no se explica específicamente cuáles serán las medidas se advierte que serán mecanismos fiscales, administrativos o de planeación y que el objetivo es que el estado recupere una parte del incremento del valor del suelo con el objetivo de invertir el dinero en infraestructura y vivienda social.
También incluye la creación del Banco Público de Suelo, una institución que gestionará reservas territoriales para producción pública de vivienda social o proyectos de interés social.
Otras disposiciones que se incluyen en la reforma a la vivienda son incluir a la ciudadanía en la planeación del territorio y garantizar medidas que reconozcan y atiendan las desigualdades hacia los grupos históricamente marginados.
Expropiaciones de predios causan desinformación en CDMX
El 13 de mayo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México quedó registrado que el gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada, expropió cinco inmuebles en tres alcaldías en favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
Después de esta acción y de la iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda en el Congreso Capitalino, hubo desinformación en redes sociales asegurando que el gobierno estaba expropiando los inmuebles para “construir vivienda para las clientelas políticas de vivienda”.
Pero, el proceso de expropiación que se siguió en los cinco casos no fue arbitrario. En todos los casos hubo una solicitud de expropiación por parte de los solicitantes y según los decretos en los cinco casos se siguieron los plazos legales: declaratoria de utilidad pública, notificaciones legales y vencimiento del plazo sin oposición.
Los inmuebles expropiados ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco presentaban indicios de alto riesgo estructural, por lo que según dictámenes técnicos eran riesgosos para los inquilinos y según el decreto, los ocupantes de los edificios habían solicitado en algún momento la expropiación de predio para sustituirlo por viviendas seguras.
Es importante destacar que entre las políticas del Instituto de Vivienda (INVI) está la competencia de promover la expropiación de vecindades e inmuebles de alto riesgo, con la finalidad de proteger la seguridad física de los ocupantes del edificio.
En caso de que el INVI expropie un inmueble este formará parte de su reserva y se destinará al desarrollo de vivienda social y popular pero se le deberá pagar una indemnización a la persona dueña del edificio.
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