Por Kevin Recio *
El Estado de Nuevo León reprobó con 4.1 en Libertad de expresión y la Defensa de los de Derechos Humanos, de acuerdo a un informe presentado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C. (Casede), en el Tec de Monterrey.
El Índice Estatal de Libertad de Expresión en México 2019, también detalla la seguridad de las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los Derechos Humanos, con 9.0 de calificación debido a que solo se registró un homicidio en 2018.
“Salimos muy mal parados, en este ejercicio”, dijo Aurelio Collado, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, “debemos reflexionar que estamos haciendo”.
Entre las categorías que abarca el estudio son: Marco legal de la Libertad de Expresión y la defensa de los Derechos Humanos calificado con un 1.2 en la legislación local; mientras que en acceso a la información 6.3; pluralismo en los medios 3.2; independencia de los medios, 1.0.
“Una Fiscalía especializada (estatal) sería quien fomentará los protocolos que estuvieran impulsando”, recomendó Mirna García, Investigadora de Tecnología Jurídica y Criminología de la UANL.
El estudio se hizo en cuatro entidades: Coahuila (5.1), Chihuahua (4.4), Nuevo León (4.1) y están por presentar resultados de la Ciudad de México.
En 2018, se registraron cinco agresiones que fueron relacionadas con la libertad de expresión de las cuales cuatro fueron contra hombres y una agresión a una mujer.
“Se sugiere fortalecer técnicamente las instancias de investigación de delitos contra periodistas dentro de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León para atender eficientemente, y con enfoque de género, los hechos de agresión a personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, puntualizó el índice.
En el Marco legal de la Libertad de Expresión y la defensa de los Derechos Humanos (1.2), la calificación revela una deficiencia en materia legislativa que proteja a quienes ejerzan el periodismo y el activismo.
“Hay agresiones diarias, ignorados, victimizados a los activistas y periodistas diariamente”, enfatizó Leonel Jasso y agregó que “estamos esperando que nos digan cuanto va a costar (la fiscalía) y pedirle a Gobierno para la operatividad».
En el rubro de independencia de los medios se calificó con un 1.0, pues no se ha identificado reglamentación ni transparencia proactiva del gasto gubernamental en publicidad oficial.
Según el Índice Estatal Nuevo León, el estado ha armonizado sus leyes en materia de derechos humanos, sin embargo, tiene tres tareas pendientes para consolidar un marco legal que garantice la libertad de expresión: Tener una fiscalía o agencia de investigación de delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, crear una legislación que instaure un indicador de medición de las acciones de protección a estos grupos vulnerables, y derogar o modificar las leyes que criminalicen el ejercicio de la libertad de expresión, como los art. 192, 342 y 344 del Código Penal del Estado.
El panel fue moderado por Armando Rodríguez de CASEDE; y estuvieron presentes Aurelio Collado Torres, profesor del Tec; Rafael Limones Díaz de Supera; Armando Rodríguez Luna, de CASEDE; Melva Frutos, de la Red de Periodistas del Noreste; Leonel Gerardo Jasso, asesor del diputado Luis Donaldo Colosio y Mirna García, investigadora de Tecnología Jurídica y Criminología de la UANL.
