Por Melina Barbosa
El 20 de marzo, un grupo de activistas se plantó frente a las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Monterrey con pancartas y cinco denuncias formales acumuladas desde octubre de 2025.
Su exigencia es clara: que la procuradora Mariana Boy encabece una inspección científica y rigurosa de lo que está ocurriendo en el cauce del río Santa Catarina.
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Detrás de esa manifestación hay una cadena de irregularidades documentadas: obras que iniciaron sin permiso ambiental, condicionantes incumplidas una vez que los permisos llegaron, rellenos de hasta cuatro metros que reducen la capacidad hidráulica del cauce, flora y fauna sin protección, y una declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) que el gobierno estatal prometió, anunció y que, a la fecha, no avanza.
Obras que empezaron sin permiso
La Línea 4 del metro, los puentes Obispado e ISSSTE y el Parque Lineal comenzaron su construcción sin contar con la autorización de impacto ambiental de la SEMARNAT. Los permisos llegaron semanas después del inicio de obras, y las condicionantes impuestas —protección de flora y fauna, manejo de residuos, restricción de áreas de intervención— tampoco se cumplieron.
Un caso documentado: la solicitud de impacto ambiental de la Línea 4 omitió 43 columnas del proyecto, reduciendo artificialmente la huella reportada ante la SEMARNAT. En el caso de los puentes Obispado e ISSSTE, el gobierno estatal intervino 28,520 metros cuadrados del cauce fuera del área autorizada (el equivalente a cuatro canchas de fútbol) y construyó plataformas de tierra compactada de entre cuatro y cinco metros de altura dentro del cauce, estructuras no autorizadas que reducen el espacio disponible para el flujo del agua.
«Eso es lo que provoca un desbordamiento, los rellenos del río más la disposición inadecuada de escombro. Ya no va a tener el agua espacio para fluir», advierte Andrea Villarreal, activista e integrante del colectivo Un Río en el Río.
Existe además una suspensión definitiva vigente que obliga a SEMARNAT a detener los trabajos en los puentes, pero PROFEPA, la autoridad con facultades para ejecutarla, no ha actuado y sus visitas han concluido sin documentar daños.
Esto pese a que las obras de la Línea 4 implicaron la destrucción del talud norte de concreto. Sobre ese talud de escombro, el gobierno aplicó una capa de pintura verde que implica hidrosiembra, un método para estimular el crecimiento de vegetación, pero que tarda en dar resultados.
«Los carriles que no se cayeron durante la tormenta Alberto fue porque estaban cubiertos de vegetación real. Desmontaron todo sin necesidad y sin autorización, y ahora se quedan con taludes pelones que hacen vulnerable la infraestructura», señala Villarreal.
A esto se suman incendios registrados en distintos puntos del cauce a lo largo de varios municipios, sin que ninguna autoridad haya explicado su origen ni efectuado medidas eficientes para frenarlos.
El bloqueo a la declaratoria de ANP
El 14 de enero de 2026, en una reunión entre el colectivo y la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, el gobierno presentó un cronograma: el borrador del Estudio Técnico Justificativo (ETJ) estaría listo en abril y la declaratoria formal se firmaría antes de agosto.
A la fecha no se ha informado de ningún avance y la justificación oficial apunta a la CONAGUA: la Secretaría estatal argumenta que necesita su «visto bueno» para avanzar, señalando que las custodias municipales otorgadas sobre el cauce complican el proceso.
“Ahora lo que está diciendo la Secretaría de Medio Ambiente es que CONAGUA no se ha decidido y que por eso ven difícil avanzar con la declaratoria. Señalan que existen custodias municipales sobre distintos tramos del río, otorgadas desde hace años cuando había canchas y otras instalaciones, y quieren usar eso como argumento para explicar por qué no se concreta el Área Natural Protegida. Pero una cosa no tendría por qué impedir la otra”.
Tal como refiere Villarreal, una custodia municipal no impide legalmente una declaratoria de ANP. La custodia delega gestión sin transferir propiedad (la tierra sigue siendo zona federal), mientras que una ANP establece un régimen de conservación de mayor jerarquía normativa. El precedente existe: el río La Silla, que atraviesa los municipios de Monterrey y Guadalupe, fue declarado ANP aun teniendo custodias municipales.
Para el colectivo, “al gobierno estatal no le conviene declarar el río Santa Catarina como Área Natural Protegida mientras sigue realizando y planeando obras en el cauce”. Sin embargo, también les preocupa que, si se lleva a cabo el ETJ hoy, el resultado sea desfavorable por el nivel de desmonte y devastación que existe, y que eso termine usándose para argumentar que el área está demasiado degradada para ser protegida.
A nivel federal, el panorama tampoco es alentador. Un Río en el Río ha recibido como respuesta que existe una lista de espera extensa de sitios candidatos a ANP federal, muchos considerados con mayor valor ecológico que el río Santa Catarina.
Al cierre de edición, la última actualización provino del secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano Caballero, quien informó al colectivo que la siguiente semana tendría una reunión con CONAGUA para buscar su «visto bueno».
El río como recurso político
El 21 de marzo, un día después de la protesta en PROFEPA, la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León convocó a más de cuatro mil personas al lecho del río para romper un récord Guinness. Para los defensores del medio ambiente, esta imagen condensa la contradicción.
«Una concentración de esa magnitud puede compactar el suelo, aplastar vegetación y alterar zonas de refugio para la fauna. Si de verdad el gobierno quiere proteger el Santa Catarina, la prioridad no debería ser usarlo como escenario de una meta publicitaria, sino reducir impactos, restaurarlo con seriedad y avanzar de una vez por todas en su declaratoria como Área Natural Protegida, con reglas claras de conservación, manejo y vigilancia acordes con su valor ecológico”, puntualiza Un Río en el Río.
MÁS DE 4,100 VOLUNTARIOS LIMPIANDO SIMULTÁNEAMENTE EL RÍO ES RÉCORD GUINNESS
Muchas gracias a los miles de voluntarios que hoy se lanzaron para limpiar nuestro río Santa Catarina, desde Las Escobas en Juárez hasta el Puente Atirantado. Así, hoy rompimos el RÉCORD GUINNESS por… pic.twitter.com/w968LHUYUF
— Samuel García (@samuel_garcias) March 21, 2026
En el fondo, el conflicto del río Santa Catarina refleja una zona metropolitana que se prepara para recibir al mundo sin haber resuelto lo más básico: cómo convivir con los ríos que la sostienen.
Andrea Villarreal también formula la pregunta que articula todo lo anterior: “¿Por qué hacer estas obras a costa del río, del aire, del agua, del hábitat y también de la seguridad de las personas y de los propios trabajadores, forzados a seguir los ritmos que impone el gobierno estatal, para cumplir una agenda mundialista ajena a las necesidades de la población?”.
Ninguna autoridad la ha respondido. Pero con cada atropello al río y a las comunidades que dependen de él, quienes sí tienen respuesta se organizan: más denuncias, más voces y más personas dispuestas a plantarse frente a las oficinas que deberían protegerlo.
Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo
