Por Cesia Escobar
¿Te imaginas formar parte de una sociedad y no estar enterado de las decisiones que se toman, o no ser tomado en cuenta al momento de decidir?
Además de ser injusto, esto atenta contra los derechos de la población y representa un incumplimiento de responsabilidades y atribuciones legales por parte de las autoridades. Porque vivir en sociedad, con figuras como gobiernos, población y otros sectores, implica, sin reducirlo, la existencia de roles, obligaciones, derechos y márgenes de acción; cuando sectores con poder político y económico para cambiar el quehacer público incumplen con su deber y no trabajan dentro de su margen de acción, las poblaciones con mayores vulnerabilidades sufren cambios significativos en su vida.
Me gustaría que este ejemplo fuera solo un ejercicio imaginario que nos permitiera reflexionar sobre la importancia de generar y aplicar procesos de comunicación, participación y rendición de cuentas para transparentar el quehacer de los gobiernos. Pero en nuestro Estado, la falta de voluntad ha hecho que no conozcamos las verdaderas razones detrás de muchas decisiones públicas, tampoco su impacto, costo, temporalidad ni justificación técnica.
¿Por qué hablo de voluntad? Porque sí existen mecanismos, procesos y buenas prácticas para transparentar y rendir cuentas creados a partir de ejercicios participativos y con estándares técnicos y sustento teórico. El problema es que pocas veces se aplican. La gran área de oportunidad está, principalmente, en la decisión de las autoridades para activarlos.
Contrario a lo que algunas personas podrían pensar, los gobiernos abiertos y transparentes son necesarios y beneficiosos, de hecho, fortalecen la administración pública. Permiten el intercambio de información oficial, la colaboración entre sectores y la construcción de políticas más sólidas y legítimas. No son un ataque a las instituciones o a quienes las dirigen, son mecanismos que buscan asegurar que las decisiones respondan al interés colectivo y se tomen con base en evidencia y legalidad.
Es preocupante que las autoridades califiquen procesos de -transparencia, participación y rendición de cuentas- como una amenaza, pero también lo es cuando estos mecanismos se simulan para engañar a la población. Por ejemplo, se crean y difunden “espacios de participación ciudadana” amañados, confusos y sin estándares o criterios técnicos, y cuyos resultados se usan como excusa o sustento para justificar decisiones previamente negociadas y tomadas. Y más preocupante y grave, cuando señalar estas malas prácticas se percibe como una agresión personal o partidista, en lugar de una exigencia legítima desde la población.
La falta de apertura y voluntad deja en la discrecionalidad las decisiones, los acuerdos y los detalles de políticas públicas que cambiarán la vida de las personas. No debe normalizarse la ausencia de rendición de cuentas, la casi nula transparencia o el uso “simbólico” y simulado de mecanismos de participación ciudadana.
Los gobiernos abiertos y transparentes son una vía para prevenir y combatir cualquier tipo de corrupción, reconstruir la cercanía y confianza con la población y enriquecer las decisiones públicas desde distintos saberes y experiencias. Por eso es importante identificar cuando estos principios son vistos como amenazas; esa percepción dice mucho de la forma en la que se está gobernando y sobre los intereses que se protegen y priorizan en lugar del bien común.
Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, cuando el ego, la opacidad y el miedo al escrutinio sustituyen a la voluntad de escuchar, colaborar y rendir cuentas, quienes pierden no son las autoridades, es la población.
