ÁGORA
Por Ana Luna Serrano
Actualmente, el sistema penitenciario mexicano se enfrenta a varios desafíos relacionados con la seguridad, profesionalización constante del personal y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
El eje de Seguridad y Justicia del Plan Estratégico 2030 “Nuevo León Mañana” busca asegurar las capacidades del sistema penitenciario para una reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad (PPL). Para esto es necesario explorar alternativas al sistema penitenciario tal como lo conocemos ahora.
La dignidad de las personas debe ser el centro del sistema penitenciario para garantizar los derechos humanos de las PPL, algo que no está haciendo el Estado mexicano., algo que no está haciendo el Estado mexicano. En los centros penitenciarios persiste la falta de provisión de servicios básicos como una buena alimentación, condiciones de higiene y salud; la ausencia de medidas efectivas para la protección de las PPL en situación de particular vulnerabilidad; y la falta de programas para fomentar el desarrollo personal de las PPL.
Por ejemplo, la pandemia por COVID-19 ha evidenciado la precariedad de la infraestructura de los centros penitenciarios. Las necesidades más básicas, como contar con suficiente agua potable para satisfacer las necesidades de sanidad e higiene no son garantizadas. Durante la pandemia se ha hecho evidente la dificultad de llevar a cabo las medidas sanitarias como el lavado de manos, distanciamiento físico, entre otras medidas preventivas a causa del hacinamiento y la infraestructura de los centros penitenciarios.
Para alcanzar la reinserción social, el fin último del sistema penitenciario, es necesario que las PPL vivan en condiciones de plena dignidad y sin enfrentar un estigma por parte de quienes operan ni el sistema de justicia ni el sistema penitenciario.
Ante esto, el modelo de Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario mexicano (UNAPS), proporciona una guía con un enfoque de derechos humanos que vela por la protección de las personas que conforman los centros penitenciarios, y busca fortalecer el Sistema Penitenciario mexicano a través de lineamientos concretos sobre las condiciones de seguridad, salud, derechos humanos, y profesionalización del personal penitenciario.
El UNAPS también funge como una herramienta para el diagnóstico y evaluación de los centros penitenciarios del país, lo cual permitirá crear rutas de acción para mejorar las políticas públicas. Será importante impulsar la utilización de esta herramienta para el monitoreo y mejora de las condiciones de los centros penitenciarios a nivel local.
Estas rutas de acción pueden incluir el fortalecer y ampliar los programas educativos, laborales, y de interacción social; fortalecer las escuelas penitenciarias y ofrecer educación de nivel superior formal; gestionar de manera correcta la atención médica de las PPL; y aumentar el presupuesto de los centros penitenciarios para mejorar la infraestructura, la provisión de servicios básicos, la capacidad de los centros para reducir los niveles de hacinamiento.
Mientras más derechos le sean restringidos a una persona privada de la libertad, menor será su posibilidad de reinserción social. El Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar un sistema penitenciario que sea eficaz, humano y responsable; que deje de deshumanizar a las personas privadas de la libertad, donde las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad sean mínimas.
ÁGORA es un espacio de reflexión del Consejo Nuevo León
