Sin las familias ¡No!

VERDAD Y JUSTICIA

Por Séverine Durin

Las familias de víctimas de violaciones graves a derechos humanos, son actores claves en los procesos de justicia transicional, y para garantizar la no repetición de prácticas tan deleznables como la desaparición forzada de personas.

Los parientes de personas desaparecidas son los primeros interesados en evaluar las acciones de las instituciones a cargo de buscar personas. Y como parte de sus logros, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017) prevé la instalación de comisiones estatales de búsqueda y sus respectivos consejos ciudadanos.

A cuatro años de la aprobación de esta Ley General,[1] y tres de la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda en Nuevo León, este Consejo Ciudadano aún no ha sido instalado en la entidad.

Ésta es una deuda pendiente de la administración anterior (2015-2021), que el nuevo gabinete estatal tendrá a bien resolver lo antes posible, para garantizar que las personas sean no solamente atendidas por la Comisión Estatal de Búsqueda, sino que su opinión y experiencia adquirida en campo, y al recorrer los pasillas de fiscalías y comisiones de atención a víctimas, sean tomadas en cuenta por la Comisión Estatal de Búsqueda.[2]

Veamos porqué es importante que así sea.

Participación de los familiares de víctimas de desaparición en los procesos de justicia transicional

Hace días, la Secretaría de Gobernación publicó las bases para buscar a personas expertas para que formen parte de la comisión por violaciones graves a derechos humanos durante la llamada Guerra Sucia. El objetivo es que estas personas expertas contribuyan a la coordinación de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

Este comité estará integrado por una persona representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y una representante de los colectivos de familiares de personas detenidas-desaparecidas y de sobrevivientes de la contrainsurgencia del pasado reciente.[3]

Para ello, el proceso de selección consta de cuatro fases: 1) postulación de candidaturas del 15 al 20 de octubre del presente año, 2) selección de perfiles bajo criterios de idoneidad del 21 al 22 de octubre, 3) realización de entrevistas el 25 de octubre y 4) deliberación del comité de selección y designación de las cinco personas expertas el 27 de octubre.

Enhorabuena. Es fundamental la participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en los mecanismos de justicia transicional. Esta convocatoria es un mensaje en pro del reconocimiento del papel esencial de los familiares de las personas desaparecidas en la lucha contra la impunidad ante las violaciones graves de derechos humanos en México.

La práctica de la desaparición forzada de personas, lamentablemente, no terminó en 1990. Así como argumenté en espacios editoriales previos, la militarización de la seguridad pública, la guerra contra el narcotráfico, y la impunidad absoluta en la cual están quedando las desapariciones forzadas de personas, han favorecido que estén sean perpetradas de manera amplia.

Al 24 de octubre, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay 93,275 personas desaparecidas y sin localizar de 1964 a la fecha, y en el periodo que no será examinado por esta Comisión de la Verdad, son 77,044 personas desaparecidas en el país. En Nuevo León, nos faltan 5,434 personas desaparecidas para la temporada contemporánea (1991-2021).

El hecho que los familiares de personas desaparecidas lleguen a formar parte de una comisión como ésta, no es ninguna concesión del gobierno en turno. No. Es el resultado de la lucha y exigencias de las familias por décadas. Incluso, el actual marco legal en materia de víctimas así como de desaparición de personas, es el fruto de su activismo.

Fue porque se organizaron y exigieron a las autoridades en turno que en 2013, las gestiones de las víctimas articuladas en el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, finalmente dieron lugar a la aprobación de la Ley General de Víctimas.[4] De forma similar, se llegó a la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Si bien en algunas entidades federativas existía el delito de desaparición forzada en sus códigos penales, como en Nuevo León y Chihuahua, a raíz de estos cambios legislativos, se llevaron a cabo procesos para la armonización de leyes estatales, la instalación de las comisiones de atención a víctimas, y del sistema nacional de búsqueda.

Ha sido la exigencia de justicia y la presión mediática desplegada por los familiares organizados, que conllevó la elaboración de estos marcos jurídicos, su aprobación y la creación de estas instituciones. Esta nueva burocracia, emanada de un dolor inconmensurable, es un logro de las familias de víctimas organizadas, especialmente de quienes buscan a sus hijas, hijos, padres, madres y parejas desaparecidas.

Desde entonces, han exigido ser tomadas en cuenta para toda acción legislativa y de gobierno relativa a sus intereses, y su lema es: ¡Sin las familias, No!

Crisis de desaparición forzada de personas en Nuevo León y pendientes en materia de atención a víctimas

En Nuevo León, ha habido desapariciones durante la guerra sucia, así como en la época contemporánea. El comité Eureka y Rosario Ibarra de Piedra, son emblemas de esta lucha por la verdad, la justicia y la democratización del país. Hoy en día, en Nuevo León existen cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas: Asociación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y desaparecidos de Nuevo León (AMORES D N.L.), Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Eslabones por los Derechos Humanos en N.L., y Buscadoras de N.L.

Centenares de personas marcharon en Monterrey, el 30 de mayo de 2021, para exigir la investigación y búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Son alrededor de 5,500 las personas desaparecidas y sin localizar, un volumen terrible de personas que nos hacen falta, y que aumenta a diario.

Nuevo León es la cuarta entidad federativa con más casos registrados de personas desaparecidas a nivel Nacional, después de Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa. La situación es altamente crítica, y si bien un número importante de desapariciones fueron perpetradas durante la Guerra contra el Narcotráfico (2007-2012), éstas siguen perpetrándose pese a los cambios de administraciones a nivel estatal y federal. Y lo más preocupante, es que permanecen sin resolverse y sin castigarse.

A la fecha, solo ha habido una sentencia condenatoria en la entidad. La impunidad es absoluta, así como ocurre a nivel nacional.[5]

[6]

Muy probablemente, de esto hablaron Alejandro Encinas, el actual Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, con el Gobernador Samuel García, en su visita del 10 de octubre pasado, a la cual acudió acompañado por la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, de la SEGOB.

El Ejecutivo tiene atribuciones y responsabilidades que cumplir en la materia, por ejemplo, en materia de búsqueda de personas, de atención a víctimas, y para garantizar la participación de los familiares de víctimas en el sistema estatal de búsqueda.

Y es que en Nuevo León, son muchísimas las acciones pendientes en la materia, que no se atendieron en la administración anterior, y tampoco en la Legislatura pasada.

Por ejemplo, si bien se instaló una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), hace falta aún armonizar la Ley General con la estatal, y elaborar un reglamento de la CEEAV, en particular para que ésta pueda impulsar el tema de la reparación y destinar recursos a las víctimas de desaparición para este concepto. [7]

Además, las necesidades de las familias son muchas, en especial, para garantizar la manutención de las niñas, los niños y adolescentes que no cuentan con el sostén económico de su padre, o de su madre desaparecida. Requieren contar con becas escolares, apoyos para la alimentación, así como para la salud física y emocional.

Los poderes ejecutivos y legislativos han de trabajar de la mano para que se les destinen recursos en el presupuesto que pronto habrán de discutir y votar. Tanto la CEEAV, como la CLB y la Secretaría de Educación son parte del Ejecutivo, el cual ha de considerar estas partidas en su presupuesto para 2022.

Es preciso pugnar y exigir al Ejecutivo, así como a los legisladores, que presupuesten año con año una partida para becas escolares, así como manutención. Esta es una exigencia de los familiares, tantas veces rebasados en sus tiempos y ánimos por asumir la sobrevivencia, por lo que no siempre logran organizarse o acudir a manifestaciones para pugnar por sus derechos.

La ausencia de mecanismos de participación ciudadana para las familias de personas desaparecidas en Nuevo León

De la misma manera, según prevé el artículo 50 de la Ley General en materia de Desaparición de Personas, se instaló una Comisión Estatal de Búsqueda en 2018. La Ley General no establece nada al respecto del nombramiento de la persona Titular, tampoco de la duración, solo estipula que “Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda”. Es por analogía que tuvo que proceder, entonces, la Secretaria de Gobierno.[8]

Estas acciones pendientes de realizar evidencian la falta de sensibilidad hacia este drama humanitario y de voluntad política en la materia, además de impedir la participación de los  familiares de víctimas de desaparición en los espacios que la Ley General les garantiza. ¿El nuevo gobierno estatal se comprometerá con estas personas? ¿Será sensible a este drama humanitario y capaz de garantizar no solo su atención, sino su participación ciudadana?

Porque, más allá de garantizar su atención, es crucial que las familias tengan espacios de participación en las acciones de investigación y de búsqueda, que las instituciones a cargo han de realizar. La Ley General establece la figura del Consejo Nacional Ciudadano, y define en el Capítulo Tercero quienes lo integran: cinco familiares, cuatro especialistas en derechos humanos y desaparición de personas (uno de ellos en materia forense), y cuatro representantes de organizaciones civiles de derechos humanos (Artículo 60). Este órgano garantiza la participación ciudadana de las y los familiares de personas desaparecidas, y habrá de dar seguimiento a las acciones de la Comisión local de búsqueda, así como evaluarlas (Artículo 64).

A pesar de que sus funciones son importantes, y que el artículo 62 establezca que “Las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda”, a la fecha no se cuente con tal órgano para evaluar y dar seguimiento a las acciones de la comisión local de búsqueda en Nuevo León.

Artículo 64. El Consejo Ciudadano integrará de entre sus miembros un Comité para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional (local) de Búsqueda, que tendrá las siguientes atribuciones:

1. Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión Nacional (local) de Búsqueda;
2. Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la Comisión Nacional (local) de Búsqueda;
3. Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas;
4. Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, a la participación directa de los Familiares en el ejercicio de sus atribuciones.

Fuente: Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

¿Por qué mantener a los familiares al margen de la conducción y evaluación de las acciones para la búsqueda de sus seres queridos? Es el derecho de los familiares –estén o no agrupados en un colectivo- de participar en este órgano para dar seguimiento a la acciones de la Comisión Local de Búsqueda. Y es obligación del Ejecutivo estatal, en especial de la Secretaría de Gobierno, así como la Secretaría de Participación Ciudadana, de publicar la convocatoria para la instalación de este Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda de personas en Nuevo León.

Transparencia, participación ciudadana, y legitimidad en la búsqueda de personas desaparecidas.

 Por lo pronto, puesto que no se cuenta con un órgano ciudadano para dar seguimiento a las acciones de búsqueda emprendidas hasta ahora, es responsabilidad del gobierno entrante solicitar un informe detallado de las acciones realizadas en los tres primeros años de funcionamiento de la Comisión Local de Búsqueda.

Son muchas las preguntas que los familiares de personas desaparecidas se hacen, a diario, sobre el paradero de sus seres queridos. Y muchas las que atraviesan su mente cuando se realizan operativos de búsqueda. Es un deber de la autoridad informarles acerca de las actividades realizadas, y evaluar cuáles son las buenas prácticas, los aspectos a emprender, y las áreas que fortalecer.

Y no solo con motivo del cambio de gobierno. Es importante que adoptemos la transparencia y la rendición de cuentas como un hábito. Que se hagan informes detallados, se diseñen indicadores, y se dé cuenta de manera trimestral de las acciones a los familiares, las personas especialistas y las organizaciones civiles, que habrán de integrar este Consejo Ciudadano. Estos indicadores e informes habrán de diseñarse para contestar preguntas, como estas:

¿Se cuenta con un registro para Nuevo León de las personas desaparecidas y sin localizar en la entidad? Este registro ¿cuenta con el desglose por sexo, edad, año de desaparición y municipio donde se presume ocurrió? ¿Las personas encontradas con vida, cómo lo han sido? ¿Las personas encontradas sin vida, cómo lo han sido? ¿Cuántas han podido ser identificadas?

¿Cómo se trabaja para buscar en vida a las personas desaparecidas? ¿En qué lugares se les ha buscado? ¿Con   qué atribuciones cuenta la CLB para buscar personas en vida? ¿Se cuenta con un protocolo para buscar con perspectiva de género? ¿Cómo se está trabajando para buscar a las niñas, los niños y adolescentes con base en el protocolo homologado en la materia? ¿Cómo se está coordinando la Fiscalía Especializada con la Comisión Local de Búsqueda?

La participación de los familiares es fundamental, porque son personas tan expertas como los periciales, no hay quienes conocen mejor la carpeta de investigación que quienes buscan a las personas desaparecidas, y pueden formular preguntas pertinentes. Y sólo con buenas preguntas, con el afán de encontrar una respuesta, se construye conocimiento pertinente, y se pueden tomar buenas decisiones.

Así, y solo así, se podrá avanzar en la consolidación de un sistema nacional de búsqueda, con la participación de los familiares, bajo su escrutinio. La transparencia es parte del acceso a la verdad, como lo es la participación ciudadana para una mayor legitimidad de las instituciones.

[1] La Ley General entró en vigor en enero de 2018.

[2] Este Consejo Ciudadano también habrá de integrar a representantes de organizaciones sociales y expertos/as en el tema.

[3]  https://www.gob.mx/segob y http://www.comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx

[4] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmdfp.htm

[5] Véase https://verificado.com.mx/las-desapariciones-tienen-permiso-99-96-de-impunidad-en-la-materia/

[6] https://www.facebook.com/UnidosPodemosMas/photos/pcb.10159099375183800/10159099374908800/

[8] En 2018 se presentó una convocatoria pública, hubo cuatro candidaturas, y en las deliberaciones estuvieron presentes la Presidenta de FUNDENL, la Directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), una persona en representación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), otra en representación de Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el Secretario de Gobierno.

*Séverine Durin es Maestra en Economía y en Estudios Latinoamericanos, y doctora en Antropología. Se desempeña como profesora-investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Mediante sus investigaciones sobre indígenas en Monterrey, trabajadoras del hogar, y desplazamiento forzado, pugna por una sociedad más justa, menos desigual, que valore la diversidad de formas de ser. Su deseo más profundo es que la “verdad y justicia” se hagan realidad.