Por Andrés A. Solis*
El 23 de abril de 2012 el congreso mexicano aprobó la Ley de protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que entró en vigor dos meses después, luego de publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de ese año.
Paradójicamente casi en medio quedo una fecha icónica en la historia de violencia contra periodistas, el asesinato de Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1984.
Aquella ley fue producto de meses de trabajo entre periodistas, integrantes de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y parte de la clase política que en algún momento entendió la urgencia.
Pero no fue ni principio ni fin. Desde 1984 en que fue asesinado Manuel Buendía, organizaciones de periodistas exigieron al gobierno aclarar el homicidio y llevar a la cárcel a sus responsables. 40 años después la deuda no se saldó por completo.
De aquel suceso se sucedieron otros actos de violencia contra la prensa; se recrudecieron los acosos en ciertas regiones, se redoblaron los esfuerzos por controlar a la prensa a través de la publicidad oficial.
A partir del año 2000, año de la primera elección presidencial que sacó al PRI de la Presidencia de la República, se vio un incremento en las agresiones contra de medios y periodistas.
En 2004, un reducido grupo de periodistas convocó a un primer movimiento nacional denominado “Ni uno más”, para exigir freno a la violencia contra periodistas, que en los primeros años del gobierno de Vicente Fox, sumaba 10 asesinatos.
La campaña “Ni uno más” exigía también atender otras violencias, como las que se daban en el contexto de coberturas de movilizaciones sociales que la Procuraduría General de la República creara una fiscalía especializada para atender delitos contra periodistas.
En 2008, periodistas y activistas tuvieron una importante reunión con organizaciones internacionales, como Reporteros sin fronteras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Open Society.
La meta era establecer una ruta de acción para obligar al Estado mexicano a cumplir con su responsabilidad de proteger el libre ejercicio del periodismo, cuando la escalada de violencia iba en aumento y a los asesinatos se sumaron atentados directos contra instalaciones de medios de información.
La exigencia aumentó, pero la violencia también. Después de aquella misión internacional, el gobierno federal reconoció fallas, pero los gobiernos estatales seguían sin reaccionar; especialmente estados con gran presencia de grupos criminales.
Los atentados mortales, las desapariciones de periodistas y los ataques contra medios se dispararon a partir de 2008 y tuvieron puntos críticos entre 2009 y 2012, sobre todo en estados como Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
La ley aprobada en 2012 no terminaba e aplicarse y en agosto de ese mismo año, a iniciativa del periodista Rogelio Hernández López, se convocó a un primer encuentro nacional con la presencia de un centenar de colegas de 24 entidades federativas y aun así, el Mecanismo de Protección ordenado por ley se instaló el 25 de noviembre siguiente, cinco días antes de que Felipe Calderón dejara la presidencia.
A la ley federal le siguieron leyes de protección en algunas entidades; algunas cuentan con mecanismos institucionales de protección, pero la violencia no ha cesado y la capacidad de reacción es menor, cuando es el propio gobierno el que está involucrado con las agresiones.
Tres gobiernos han sucedido a la entrada en vigor de la ley de protección; el más reciente, el de Claudia Sheinbaum ha mostrado disposición para fortalecer al mecanismo, pero en los hechos poco ha cambiado y la prensa sigue bajo acoso y amenazas.
Y un dato revelador es que a pesar de los esfuerzos, decenas de periodistas ignoran que hay leyes y recursos institucionales que deben garantizar su seguridad y la salvaguarda de su vida.
