- Todos los estudios académicos sobre seguridad concluyen que la impunidad es uno de los principales factores de la incidencia delictiva y la inseguridad, esta impunidad cómplice comienza desde el primer contacto de la ciudadanía con el sistema de justicia y su conocida ineficacia.
Por Pablo Pérez
Esta semana asistí a un juzgado a la segunda sesión del proceso contra dos personas presuntamente responsables del secuestro de una joven en la Ciudad de México, cuya madre ha estado en búsqueda desde julio del 2020 y es parte un colectivo compuesto de varias familias que se acompañan mutuamente en su difícil labor.
Lo que quiero contar de esta audiencia es cómo la jueza que encabeza el proceso, llamó la atención a la parte acusadora, o sea a la madre de la joven, sus abogados y los representantes de la fiscalía porque no se presentaron los testigos, más de diez, con cuyas declaraciones se sustentaría la acusación en contra de los presuntos responsables.
¿Por qué? Porque no se les notificó para declarar en tiempo y forma, acción que solo puede llevar a cabo la fiscalía.
La madre y sus abogados ya lograron encontrar a gente que pueda atestiguar lo que presenció en el lugar y momento de la desaparición de la joven. Esta información se les comunica a los policías de investigación y agentes del ministerio público, que son parte integral de la investigación desde hace cuatro años y del juicio desde su inicio a finales del año pasado.
Estos agentes “olvidaron” redactar y entregar los citatorios a las personas que pueden colaborar en la búsqueda de justicia.
A eso, se suma que ignoraban las herramientas de justicia restaurativa que podrían ayudar a que la madre encuentre a su hija a partir de la confesión de los presuntos culpables. Cuando se les preguntó sobre su aplicación, negaron que existieran hasta que la madre les mostró en su celular las bases legales que quedaron asentadas en una serie de reformas ¡del año 2008!
Ahora es la misma madre de la víctima, quien tiene que acompañar personalmente a los agentes del MP para constatar que notifiquen a las personas para que se presenten a testificar. ¡Tiene que supervisar directamente el trabajo por el que nuestros impuestos les pagan un sueldo a los funcionarios públicos!
Hace pocas semanas hablé de cómo no hay mexicano que no sepa perfectamente de lo que se habla cuando se cuenta una historia de abuso policiaco, estoy seguro también que los que han tenido la mala fortuna de tener que pasar por una agencia de ministerio público saben que la actitud principal de sus agentes, es la apatía.
Por eso de cada 100 delitos sólo seis se denuncian, y de cada 100 delitos denunciados sólo cuatro llegan a judicializarse, aún estas personas siguen cobrando su quincena puntualmente.
A eso se suman todos los “moches” que piden para que “la investigación avance”, para recuperar una carpeta perdida o simplemente porque “no hay ni para gasolina” en el presupuesto de 68 mil millones de pesos de las fiscalías de este país.
Los trabajadores de la fiscalía, con su apatía, su mal trato y sus moches, son cómplices de la impunidad y por lo tanto del crimen.
A estas personas que con su inacción permiten y se benefician de la impunidad, la justicia no les conviene, porque si hay justicia tarde o temprano les va a alcanzar a ellos.
Sigo sin entender la constante y persistente obsesión de la 4T por una reforma a la manera en la que elegimos a los jueces.
Cuando el principal obstáculo que la mayoría de los mexicanos enfrentamos no está en los juzgados a los que difícilmente llegan nuestros casos, sino en las fiscalías y ministerios públicos de cada municipio, ahí donde el pueblo se topa con pared diariamente en su búsqueda de justicia.
