Por Cesia Escobar*
“Hay veces que no traemos ni 15 pesos para el camión”. Ese fue el testimonio de una de las personas manifestantes durante un mitin en contra del tarifazo al transporte público. El evento fue convocado por la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, una organización local con más de 20 años de trayectoria en el estado.
A la población de Nuevo León le tomó por sorpresa el aumento en la tarifa del camión, que pasó de 13 a 15 pesos en la aplicación Urbani, la cual se usa para realizar la compra de pasajes para metro, camiones y transmetro, y busca agilizar y homologar el pago del transporte.
Sin embargo, ha sido fuertemente criticada por usuarios que se oponen a que el pago sea únicamente digital. Señalan que hay personas que prefieren y necesitan el pago en efectivo ya que el uso de aplicaciones supone un reto para algunas poblaciones, por ejemplo, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Este aumento, de acuerdo con Hernán Villarreal, titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León fue una medida de emergencia para “poder mantener el servicio y que las unidades de transporte público no sigan cayendo en los talleres por falta de mentenimiento”.
En el mismo espacio informativo donde dio la noticia del aumento, señaló también que la Comisión de Tarifas creó un dictamen en el que se recomendaba ajustar la tarifa del camión a 21 pesos para cubrir las necesidades del sistema. Sin embargo, destacó que debido a la constante “politización” del trabajo de la Comisión, el aumento no ha sido aprobado, aunque “técnicamente está justificado”.
Aunque después de estas declaraciones, y de las críticas y señalamientos por parte de la población, organizaciones de la sociedad, civil, colectivos y liderazgos sociales al aumento inesperado de la tarifa, el Instituto de Movilidad e incluso algunas cuentas de redes sociales aseguraron que el aumento de 21 pesos no es real.
Pero, ¿cómo creerlo, cuando el aumento a 15 pesos se implementó de un día para otro, sin consulta y sin aviso? Y además ¿cómo confiar tras saber que un grupo de personas expertas, basadas en estudios técnicos, “justifican” un aumento tan significativo para la población?
En un estado donde el transporte público es el segundo peor evaluado a nivel nacional, donde en promedio las personas deben tomar dos camiones para llegar a su destino, en trayectos de dos horas o más, donde no todas las unidades se encuentra en condiciones dignas y donde la espera para tomarlas consume el tiempo de lxs usuarixs, no se justifican tarifas que golpean los bolsillos de la población.
Incluso con un sistema de transporte digno y de calidad, no debería suponer un costo tan alto en un estado donde la población enfrenta barreras económicas por los ingresos que recibe.
El tarifazo es una decisión que vulnera a la clase trabajadora, a lxs habitantes de la periferia de la zona metropolitana de Monterrey, a las y los estudiantes, y a las personas cuidadoras, quiénes no tienen otras opciones más que utilizar el transporte público para cumplir con sus compromisos y actividades del día a día.
Son personas que no pueden pagar transporte privado de aplicación, taxi ni comprar un vehículo, pues es un lujo inalcanzable con los salarios que reciben.
Aunque sea una decisión que se defiende y justifica desde el Gobierno del Estado, incluso por quienes alguna vez se opusieron a esta medida en otras administraciones, como el gobernador Samuel García, es claro que no se toma desde el conocimiento de las desigualdades del estado y de los retos que enfrenta la población en algo tan básico como su traslado.
La movilidad que “siempre soñamos” —camiones nuevos y no chatarra— y “cumplir el sueño que Nuevo León ha tenido por 40 años” ¿tiene que ser a costa de los usuarios? ¿El derecho al transporte público de calidad, digno, eficiente, accesible, inclusivo y con altos niveles de cobertura territorial —consagrado en el artículo 49 de la Nueva Constitución del Estado— depende de la cartera de los usuarios?
Como lo comentaron las autoridades “el sistema ya no aguanta”. Yo les diría, que las personas tampoco, se enfrentan a una ciudad hostil, lejana, indiferente, a un transporte que les consume su tiempo, en el cuál tienen que comer, estudiar, dormir, ver series, o pasar tiempo con su familia, todo esto porque el estado sigue “creciendo” sin contemplarles a ellxs.
En lo que se supone es el mejor lugar para nacer, crecer y vivir, la población está sobreviviendo, viviendo al día, sin descanso y sin servicios de calidad.
Me gustaría cerrar con estas palabras que tomo del mensaje de la Alianza de Usuarios para convocar a la población a accionar en contra del tarifazo, “la ciudadanía, las y los usuarios no podemos aceptar ser sacrificadxs para sostener un sistema que, en su crisis, no considera ni explora alternativas que distribuyan los costos justamente. Cada peso adicional en la tarifa del transporte es un peso menos para el alimento y demás”.
Así las cosas en nuestro Estado, así el transporte público, así la vida.
