Por Andrés A. Solis*
No es nuevo, pero ha empeorado.
Desde que llegó al poder, Ricardo Gallardo Cardona mostró su animadversión hacia la prensa, su proclividad a la censura, su afición al autoritarismo y su afán por la opacidad en la forma en cómo se gasta el dinero público.
Fiel al estilo de la autodenominada 4T, el gobernador potosino, vestido de verde, ha dedicado tiempo valioso de su administración a ofender, descalificar, menospreciar y coartar el trabajo de medios y periodistas.
Al viejo estilo priísta, Gallardo repartió convenios de publicidad con muchos medios, con empresarios pues, para así garantizar su presencia permanente en las portadas de los diarios y en los noticiarios de radio y televisión y evitar cualquier crítica en su contra.
Es el delirio de quienes asumen una gubernatura, sin importar los colores partidistas.
Hoy hay una aparente campaña desde el poder público para ir más allá de las groserías con cargo al erario; ahora se destinan recursos públicos para iniciar carpetas de investigación en contra de periodistas y activistas que le resultan incómodos al empleado más caro del gobierno potosino.
Al menos tres personas fueron detenidas por supuestos delitos contra la imagen de personas, sancionados en el Artículo 187 Ter., del Código Penal del Estado, adicionado apenas el 18 de noviembre de 2025.
Colegas en San Luis afirman que hay al menos una decena de carpetas de investigación contra periodistas y activistas.
Y mientras dudamos de la autonomía de la fiscalía del Estado, hay un nombre que aparece curiosamente como parte acusadora: Ruth Silvia González Silva, senadora de la República, esposa del gobernador y a quien quieren imponer como candidata al gobierno del estado para las próximas elecciones locales.
Vale la pena recordar que San Luis Potosí fue la segunda entidad federativa en contar con una ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ley aprobada en 2012 y que cuenta con un mecanismo de protección con más debilidades que fortalezas.
Tan débil es este mecanismo que este fin de semana emitió un comunicado para asegurar, sin presentar evidencias, que “no se cuenta con elementos para considerar que los presuntos actos cometidos se hayan realizado en el contexto de un ejercicio periodístico”.
Es decir, según el Mecanismo potosino, sí hay persecución, pero no por el ejercicio periodístico, pero sí por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo cual resultaría incluso más grave.
Igual de grave es que el mecanismo estatal descalifique de facto, las acusaciones en contra del propio gobierno estatal y la fiscalía, en lugar de dictar medidas de protección urgentes, iniciar estudios de evaluación de riesgo, diseñar planes de protección contra las personas imputadas y brindar asesoría jurídica para estas mismas personas, que para eso cobran su salario las personas funcionarias que trabajan en este organismo público, que gasta dinero público y cuyo mandato de ley es proteger a periodistas, no defender al gobernador en turno.
A Ricardo Gallardo Cardona se le olvida que sólo viene de paso y que la prensa estará allí, cuando ya nadie se acuerde de él, ni siquiera su descendencia.
