Por Melina Barbosa
En Nuevo León, apenas el 1.9% de las quejas por violaciones a derechos humanos presentadas en la CEDHNL, llegan a una recomendación hacia quienes abusan de su autoridad. De 2016 a 2022 se contabilizaron 8 mil 664 quejas, de las cuales se realizaron 165 recomendaciones.
Los informes anuales evidencian que el número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una tendencia al alza, sin embargo, las recomendaciones emitidas por el organismo han ido a la baja.
Al cuestionarle sobre las pocas recomendaciones emitidas, la titular de la CEDH, Olga Susana Méndez Arellano afirmó que la falta de personal y presupuesto para atender todas las quejas son algunos de los retos que enfrenta la comisión.
Asimismo, recalcó que principalmente se ha privilegiado la conciliación, argumentando que con este sistema el trámite es menos largo y los resultados inmediatos.
“Hemos privilegiado la resolución durante el trámite y la conciliación. ¿Qué permite? Permite la restitución inmediata a las personas que se quejan y cuando tú emites una recomendación tienes que agotar todos los periodos, tienes que acercarte a mucha información y eso es un periodo más largo que vas a tardar en restituirles en el goce de sus derechos humanos”, declaró.
Los números contradicen las declaraciones
Los datos correspondientes a las conciliaciones reportadas a partir del 2016 reflejan que la mayoría de las quejas no llega a una solución del conflicto, pues de las 8 mil 664 quejas solo 21.65% (1876) resultan en conciliaciones.
Los resultados no respaldan los dichos de la ombudsperson, pues el informe de la CEDH del 2022 arrojó que de las 1509 quejas levantadas se emitieron 10 recomendaciones y se concluyeron 492 expedientes durante el trámite, de los cuales solo 37 fueron por conciliación, es decir, por “acuerdos amistosos”.
Asimismo, en 2021 la CEDH registró 1664 expedientes de queja, emitió 7 recomendaciones y concluyó 284 expedientes durante el trámite, 33 de ellos por conciliación.
Al respecto, el especialista en derechos humanos, Carlos Osoria Polo apunta que los criterios para abrir o cerrar los expedientes deben ser transparentados.
“¿Qué pasa cuando hay pocas recomendaciones? El hecho de que existan muy pocas recomendaciones nos pone sobre la mesa algunos indicadores. Lo que es positivo de que haya alrededor de 1500 quejas (en 2022) es que las personas están denunciando y están conociendo que existe un sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. El tema es que si de este número la gran mayoría no llega a una solución del conflicto o una reparación de derechos habría que analizar las razones detrás de esto”.
Osoria Polo aclara que si bien algunas de las quejas podrían ser no procedentes de acuerdo con la Ley, “también existe la posibilidad de que el criterio para abrir una investigación o darle seguimiento no sea lo suficientemente garantista y esto podría generar un problema de falta de confianza en la institución”.
Ante estas cifras, el abogado Carlos Osoria concluye que es importante tener claridad del porqué tantas quejas no llegan a ningún tipo de solución, ya que podría ser un indicador de falta de capacitación.
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Aunado a las pocas soluciones de las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas y migrantes han señalado que la Comisión mantiene casos pendientes y no han logrado que se emita alguna recomendación.
Por su parte, Angélica Orozco, vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, señaló a ABC Noticias que en 2020 se interpuso una queja por la cantidad, magnitud y gravedad de los campos de exterminio que se han localizado en Nuevo León, donde se han localizado miles de restos humanos.
Orozco reveló que le hicieron saber dichos hallazgos a la Comisión pero que hasta el momento no han obtenido respuesta.
De igual manera, Katy Cavazos, de Atención al Migrante afirmó que nunca han podido lograr una recomendación.
“En casi ocho años que tengo no he recibido ningún apoyo de ellos y son cosas como la repatriación de cuerpos, quejas de las personas migrantes. Por eso me voy directo con la Comisión Nacional, no atiendo nada con la Comisión Estatal porque no tengo respuesta. Está completamente desinteresada, es invisible”, declaró Cavazos.
Muchas quejas, poco personal en la CEDHNL
En materia de capacidad y personal, los resultados del último Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal y Federal indican que Nuevo León es la séptima entidad con mayor carga de trabajo de las y los titulares de las visitadurías de los OPDH.
A nivel nacional, la carga de trabajo promedio de las y los titulares de las visitadurías en 2021 fue de 332.6; mientras que Nuevo León registró una de las mayores cargas con 653.3 expedientes de quejas atendidos por titular.
Pese al gran número de quejas presentadas, la CEDH solo cuenta con 22 personas en su personal de visitadurías, 9 hombres y 10 mujeres, esto según datos del INEGI.
Autoridades señaladas
El Informe Anual de Actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 2022 indica que los mil 509 expedientes de queja iniciados el año pasado fueron a causa de las mismas problemáticas que en años anteriores, como las personas desaparecidas, muertes violentas de mujeres, detenciones ilegales y arbitrarias de policías, falta de atención a personas migrantes, acoso en escuelas públicas, falta de medicamentos en clínicas y hospitales, escasez de agua, carencias en el transporte público, entre otras.
Según los datos de la CEDH, las autoridades estatales que acumularon más expedientes de queja fueron la Secretaría de Seguridad (485), la Fiscalía General de Justicia (287) y la Secretaría de Educación (135).
Mientras que los organismos públicos descentralizados con mayor número de quejas fueron Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey con 79, el Instituto de Defensoría Pública con 70 y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con 41.
Asimismo, el Municipio de Monterrey acumuló 69 expedientes de queja, Guadalupe 50, General Escobedo 35, San Nicolás 32, Apodaca 30, García 27 y Juárez 21.
Entre los presuntos hechos violatorios más señalados se encuentra la omisión de observar la ley; a buscar a la persona desaparecida; detención arbitraria; detención ilegal; agresiones simples; amenazas e intimidación; negativa a investigar diligentemente; discriminación; derecho a la seguridad; derecho a la accesibilidad del servicio de agua potable; derecho a la educación; derecho a la salud; negativa o restricción de la visita familiar; derecho a la movilidad, por mencionar algunos.
Respecto al 2023, la presidenta de la CEDH, Olga Susana Méndez Arellano afirmó durante una entrevista con Verificado que “la mayoría de las quejas que se presentan ante la Comisión son por actos de la Secretaría de Seguridad Pública y al día de hoy hay un empate entre la Secretaría de Educación y la Fiscalía por el tema de dilaciones”.
En el caso de organismos descentralizados, la titular de la CEDH detalló que “el DIF es la autoridad número uno en cuanto al número de quejas y le sigue Agua y Drenaje”.
DIF rechaza recomendación por caso Fabriles
En este escenario, una dinámica que agrava la situación es la confrontación entre el Gobierno Estatal, organismos descentralizados y la oposición, cuyos intereses políticos y partidistas interfieren en el seguimiento de casos graves como el de Ángel Manuel Moreno, un adolescente de 14 años que falleció el 9 de febrero de 2022 al interior del Albergue Fabriles del DIF estatal.
El 30 de mayo de 2023, la CEDH concluyó que el fallecimiento de Ángel Manuel Moreno en el DIF NL debe calificarse como privación intencional de la vida y como un crimen de estado.
«El Estado, en lugar de asumir un papel protector, pasó a convertirse en atacante, lo cual, al haberse realizado desde el poder político, mediante la utilización del aparato Estatal, dificultó la investigación de este crimen”, determinó la comisión.
“El Estado, en lugar de asumir un papel protector, pasó a convertirse en atacante, lo cual, al haberse realizado desde el poder político, mediante la utilización del aparato Estatal, dificultó la investigación de este crimen”. pic.twitter.com/Bni1J9sbe4
— 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 (@verificado_mx) May 30, 2023
Pese a que el DIF es el organismo descentralizado que actualmente suma más quejas, el pasado 14 de junio rechazó la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió por la muerte de Ángel.
La autoridad manifestó estar imposibilitada para cumplir, en su totalidad, con los puntos recomendatorios, lo que implica, de facto, una no aceptación ya que las recomendaciones no pueden aceptarse de manera parcial, por lo que la CEDH envió al DIF Estatal una solicitud para que haga público el informe en el que funde y motive su negativa, a efecto de realizar un informe de suficiencia de los argumentos vertidos por la autoridad responsable.
Acusaciones de corrupción entre titulares
El Gobierno emecista ha rechazado las resoluciones de la CEDH y de la Fiscalía, señalando a ambos organismos de obedecer a intereses partidistas y de persecución política.
Coberturas de diversos medios locales dan cuenta de que el pasado 31 de mayo, líderes y legisladores de Movimiento Ciudadano descalificaron la recomendación emitida por la CEDH por el caso Fabriles.
Glen Villarreal, secretario general de MC en el estado, dijo que la CEDH es manejada por Francisco Cienfuegos, Secretario de Enlace Legislativo del CEN del PRI.
«Es un tema que se tiene que investigar, 100 por ciento, y llegar hasta el final de la verdad, pero segundo, tener en cuenta que la Fiscalía la maneja Paco Cienfuegos, Capo Cienfuegos, vía Pedro Arce, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también la maneja Capo Cienfuegos vía Karina Barrón (Diputada federal priista) y la gente que ella uso ahí», expresó.
Eduardo Gaona, coordinador de MC en el Congreso local, consideró desproporcionado el que la CEDH defina la muerte de Ángel como «crimen de Estado».
«Hay muy mala actuación por parte de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al referirse al caso como un crimen de Estado», añadió, «está desproporcionado, va más allá de sus funciones», respondió.
En cuanto a la Fiscalía General del estado, el gobernador Samuel García solicitó la petición de destitución del fiscal días después de la vinculación a proceso de los dos empleados del albergue Fabriles, así como de Miguel Ángel “N”, entonces director del DIF, hoy dirigente de MC, por la muerte de Ángel Manuel Moreno.
García asegura que Arce Jardón llegó a la Fiscalía ‘impuesto’ por el PRI y el PAN, misma acusación que recientemente lanzó Glen Villarreal en contra de la CEDH.
Contrario a la postura del gobierno emecista, diversas organizaciones de la sociedad civil han respaldado la recomendación emitida por la CEDH.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) recuerda que ante este caso y otras denuncias por maltrato y violaciones de derechos humanos en espacios administrados por el Estado, es urgente que autoridades acaten la recomendación de elaborar protocolos para casos de traslados, agresiones a infantes y adolescentes y casos de emergencias.
⭕️ #Pronunciamiento #REDIM saluda y expresa todo su apoyo a la recomendación de la @CEDHNL por violaciones graves a los derechos humanos 01/VG/2023 como consecuencia del asesinato de un adolescente en el albergue del DIF Fabriles #JusticiaParaÁngel pic.twitter.com/Kt7OpLlzbr
— Derechos Infancia (@derechoinfancia) May 30, 2023
De igual manera, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) señala que “aceptar la recomendación permitirá demostrar un compromiso auténtico con el respeto y vigencia de los derechos de la niñez en Nuevo León. Esto será, además, un paso crucial hacia la prevención y la no repetición de tan lamentables hechos. ¡Ni un niño, ni una niña más!”.
#Comunicado Instamos al DIF Nuevo León a reconsiderar la recomendación de la CEDHNL por el caso Ángel Moreno. Es crucial que demuestren un compromiso real con los derechos de la niñez y rectifiquen esta postura #JusticiaParaAngel
👉 https://t.co/Pbws9ooDk8 pic.twitter.com/auKxFOYkc6
— CADHAC (@cadhac) June 15, 2023
Después de revisar los informes anuales de la CEDH, se constató que del 2011 al 2017, ninguna recomendación había sido negada por las autoridades y a partir del 2018, la constante ha sido entre una o dos recomendaciones rechazadas por año.
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
