Mitos y verdades sobre los Derechos Humanos

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Por Michell García y Liliana Elósegui

Los derechos humanos están presentes en tu día día, desde que despiertas bajo una vivienda, al alimentarte, al caminar por la ciudad con libertad, ir a trabajar y hasta para rezar, es por eso que este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos,  en Verificado explicamos cuáles son los estigmas y mitos que perjudican el entendimiento y la fun­ción de estas garantías en la sociedad.

Debemos recordar que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas, sin excepción alguna. Todo esto está establecido en diversos ins­trumentos legales nacionales e internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, incluso la propia Constitucion Política de los Estados Unidos Méxicanos reconoce en el Artículo 1 la protección a los derechos humanos…  pero en la práctica no siem­pre ocurre así. 

«Los derechos humanos solo son para delincuentes»

Uno de los mitos más frecuentes que se dicen sobre los derechos humanos solo son para defender a «delincuentes», lo cual es falso.

En nuestro sistema penal existen conceptos llamados “presunción de inocencia” o “debido proceso», de acuerdo a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), la presunción de inocencia es uno de los derechos más im­portantes en un proceso legal y, a su vez, uno de los más difíciles de asimilar. 

Dicho derecho implica que la persona que está siendo procesada por la justicia, debe ser vista como inocente hasta que no sea declarada su culpabilidad en una sentencia judicial, es decir, no se puede asumir la culpa de una persona ni tratarla como tal.

En el documento “Creando lazos con tus derechos humanos” de la SCJN señala que “La expresión ‘debido proceso’ se refiere al derecho humano que obliga a las autoridades a apegarse a un conjunto de reglas para llevar a cabo la investigación y sanción de los delitos con la finalidad de asegurar o defender los derechos y libertades de una persona que es acusada de haber cometido algún delito”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 donde señala que en el 60.6% de los casos, la autoridad empleó la fuerza física para someter a una persona en el momento de su arresto. Además, 85.8% de las personas que se encuentran privadas de su libertad, sufrieron algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto, lo significa que fueron incomunicadas o aisladas, que fueron ame­nazadas con levantarles cargos falsos, desvestidas, atacadas, presionadas para denunciar a alguien, amenazadas con dañar a su familia, entre muchas otras acciones.

La ENPOL evidenció también que el 64.4% de la población de mujeres privada de la libertad mencionó haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por la policía o autoridad después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público. De la cual 47.8% señaló haber sido incomunicada o aislada después de haber sido detenida.

Lo anterior fue puesto en ejemplo por la SCJN sobre como las violaciones a los derechos humanos puede afectar a una persona que fue acusada de cometer algún delito, y por ello, el defender sus derechos no quiere decir que estarán absueltas de cumplir una condena.

“Proteger los derechos humanos de las personas imputadas no significa que no vayan a rendir cuentas a la justicia por sus actos. Las personas a quienes se les acusa de haber cometido un delito son, ante todo, personas que tienen derechos y que de­ben ser escuchadas en un juicio justo, es decir, con apego a la ley y siguiendo un debido proceso”, señala la SCJN.

«Los pobres y los migrantes no tienen derechos»

Por otro lado, existen condiciones sociales que impiden la aplicación y disfrute de los derechos humanos.

La pobreza es un problema preocupante que afecta a millones de personas en México y en el mundo. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), un individuo se consi­dera en condición de pobreza cuando carece de lo necesario para vivir, es decir, no pueden disfrutar de agua potable, servicios de luz, acceso a la salud, entre otras, pero el que se esté privado de estos elementos para tener una vida digna, no significa que no tenga derecho a ella. 

“Al igual que todas y todos, las personas que viven en extrema pobreza son titulares de derechos, y para poner esto en práctica necesitamos un enfoque de derechos humanos. De no ser por este enfoque, no pensaríamos que cada persona que vive en pobreza es, ante todo, titular de derechos humanos que están siendo vio­lados”, relata la SCJN.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado: 

arty25

En el caso de las personas migrantes, estas no pierden sus derechos humanos al salir de su país de origen puesto que los derechos humanos son:

  • UNIVERSALES: Se aplican a todas las personas en todo el mundo, no pueden establecerse diferencias culturales, sociales o políticas para su cumplimiento.
  • INHERENTES: Son innatos a todos los seres humanos, nacemos con ellos.
  • IRRENUNCIABLES: No podemos renunciar o desprendernos de ellos.
  • INDIVISIBLES: Forman parte de un todo, cada derecho depende de otros para su total y pleno ejercicio.
  • INALIENABLES: No se pueden transferiri de unos a otros.
  • IMPRESCRIPTIBLES: No se pierden por el paso del tiempo o por la falta de uso.
  • PROGESIVOS: Evolucionan y aumentan según la sociedad.

Ante esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración.

El ingreso no formal al país de la población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. Ser una persona migrante no implica ser delincuente. Su ingreso contrario a la norma al país implica una infracción administrativa, no un ilícito penal. «En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de una persona migrante por el hecho de encontrarse sin una condición migratoria»., señala el Artículo 2, segundo párrafo de la Ley de Migración.

«Cuando hay situaciones de emergencia como desastres o guerras, los derechos humanos se eliminan»

No. Las normas de los derechos humanos no autorizan expresamente a los Estados a que dejen de cumplir sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales durante las emergencias, los desastres y los conflictos armados. De hecho, en tales circunstancias frecuentemente ha de prestarse más atención a la protección de los derechos, sobre todo en el caso de los grupos más marginados de la sociedad.

El hecho de tener en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales también contribuye a impedir los desastres y los conflictos, a prepararse para ellos y a recuperarse posteriormente. Los estudios e investigaciones que se han llevado a cabo muestran que la discriminación y las desigualdades sistemáticas respecto del disfrute de los derechos humanos pueden causar tensiones sociales y políticas o exacerbarlas y dar lugar a conflictos o al empeoramiento de los efectos de los desastres y a obstaculizar el proceso de recuperación.

En México, el Artículo 29 Constitucional establece las bases y condiciones bajo las cuales se podrán restringir o suspender los derechos humanos. La restricción implica una limitación a un derecho, sin que ello signifique su eliminación. Para que esta restricción sea constitucional, son imprescindibles dos requisitos: que no se afecte el contenido esencial (núcleo mínimo) del derecho de forma tal que desaparezca, y que obedezca a criterios de necesidad y proporcionalidad. La suspensión puede definirse como el cese temporal del goce y ejercicio de un derecho bajo circunstancias justificadas.

art 29

«Los derechos humanos es una cosa política»

Mucha gente piensa que los derechos son algo que tiene que ver con la política y las leyes y que preocuparse por ellos es poco práctico. A veces, cuando podemos disfrutar de nuestros derechos no nos damos cuenta de que nuestro día a día es posible porque se respetan nuestros derechos: tenemos un nombre, una familia, podemos ir a la escuela, conseguir un trabajo, podemos ir al médico y no somos esclavos. Todas estas cosas las damos por supuestas, sin darnos cuenta de que son el reflejo de nuestros derechos.

Los debates sobre derechos no deberían ser una cosa que preocupara sólo a jueces y políticos. Todos y todas podemos reflexionar sobre el impacto que tienen los incumplimientos de derechos sobre nuestras vidas.

«Está bien que tengan sus derechos, pero también díganles sus obligaciones»

Es una frase usada frecuentemente por las personas cuando son cuestionadas sobre la importancia de la respetar de los derechos humanos,  Pero ¿es verdad que el ejercicio de los derechos está ligado a sus “obligaciones”?

Esta idea se refleja tambien en la concepción de las personas adultas hacia los derechos de niñas, niños y adolescentes.  Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2010) señaló que el 31% las personas adultas consideraron que niñas, niños y adolescentes debían tener solo los derechos que sus padres y madres les quisieran dar, o que simplemente no deberían tener derechos hasta cumplir la mayoría de edad; así mismo que, siete de cada diez personas indicaron que niñas y niños debían conocer sus derechos, pero también sus “obligaciones”.

El equilibrio entre derechos y “obligaciones” crea tensiones para su pleno ejercicio. Los derechos humanos como señalamos anteriormente: son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Es decir son intrínsecos a toda persona por el hecho de ser seres humanos, sin distinción alguna de raza, edad, género, lengua, religión, opiniones políticas, posición económica, nacimiento, salud o cualquier otra condición.

Bajo este concepto, los derechos humanos no dependen del ejercicio de una obligación, pues son innatos y universales conforme a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Mexicanas. Por tanto, no se puede exigir que se deba cumplir con ciertos requisitos para “ganarse” sus derechos.

Respecto al tema de las “obligaciones” la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sí señala como sujetos de obligaciones en materia de protección y defensa de los derechos humanos de de niñas niños y adolescenetes a las personas que ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

En el caso de niñas, niños y adolescentes se usa el término de responsabilidades, ya que éste concepto alude al hecho de que ellas y ellos se hagan cargo de sus decisiones de forma responsable y con el compromiso social de respetar los derechos de todas las personas, para incentivar el ejercicio de sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente.

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