Por Andrés A. Solis*
México es un país peligroso para personas defensoras de derechos humanos y periodistas
De 2012 a 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se documentó el asesinato de 161 personas defensoras de Derechos Humanos.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, la cifra alcanzó los 225 asesinatos; 140 eran indígenas dedicados a la defensa de los derechos de la tierra y derechos medio ambientales.
De 2010 a 2024, se ha reportado el asesinato de 21 personas buscadoras y una más se encuentra en calidad de desaparecida.
De acuerdo con la organización internacional Global Witness, de 1992 a la fecha, 141 reporteros y reporteras fueron asesinadas durante su labor informativa. Según Artículo 19, de 2000 a 2025 suman 170 asesinatos.
En los sexenios de EPN y AMLO la organización registró 47 asesinatos en cada periodo de gobierno y en lo que va de la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo, suman tres homicidios de periodistas.
En ocho casos, las personas periodistas víctimas de asesinato, contaban con medidas por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y este organismo no ha explicado cómo es que eso pudo suceder.
El 17 de mayo de 2017, se realizó una histórica reunión en la entonces residencia oficial de Los Pinos, con la presencia del presidente Peña Nieto y su gabinete, así como las y los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
En esa reunión acordaron abatir la impunidad en la investigación de crímenes cometidos contra periodistas, promesa incumplida, pues la impunidad sigue siendo de 97 por ciento.
Acordaron impulsar leyes en materia de protección, crear unidades de protección y fiscalías especializadas para investigar delitos contra periodistas, además de homologar los modelos para realizar estudios de evaluación de riesgo y los protocolos de protección, así como crear un mapa nacional de riesgos para el ejercicio del periodismo.
Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Baja california Sur, Sonora, Nuevo León, Campeche, Guerrero, Colima y Tabasco, aún no cuentan con una ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la mayoría de las entidades federativas siguen sin cumplir los acuerdos alcanzados en mayo de 2017.
Aunque el Estado mexicano lo niegue, seguimos enfrentando una crisis de derechos humanos y la permanente desprotección de quienes defienden las garantías individuales y de quienes hacemos periodismo.
