Ladrando Claro
Por Pablo Pérez
Hoy de verdad que no quería hablar de la Reforma judicial porque siento que es un tema que ha llevado a la sobrecarga informativa a mucha gente, pero me llamó la atención un detalle en Aguascalientes.
Por estos días el congreso de ese estado, de mayoría panista, aprobó la reducción del plazo legal para la Interrupción del Embarazo de 12 a seis semanas.
Hay que señalar varias cosas, por ejemplo que de los 12 votos del PAN se sumaron tres de MORENA, dos del PT y uno del Verde, o sea el supuesto bloque de izquierda que sabemos que en realidad ha acogido alegremente en su seno a personajes de todos los partidos que no por cambiar de chaleco han cambiado de convicciones o principios.
Lo que más quiero destacar es que la interrupción de embarazo fue despenalizada en Aguascalientes el 30 de agosto del 2023 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una decisión que no puede ser contrarrestada por una corte local y que insta a los congresistas locales a legislar de acuerdo a un mínimo equivalente a la ley vigente en la Ciudad de México.
Sin embargo la gobernadora panista Teresa Jimenez, planteó la reducción a 6 semanas que votó el Congreso ¡En contra del mandato de la SCJN! (Y de los derechos de la población hidrocálida).
Casualmente la misma gobernadora y el mismo congreso llevaron a cabo una reforma judicial estatal que aumentó el número de jueces en el estado pero fue duramente criticada por “autorizar a la Gobernadora a presentar directamente las ternas para ocupar las vacantes de magistraturas sin someterse a procedimiento de selección alguno y haciendo a un lado la carrera judicial o el perfil de las personas que proponga”.
Entonces resulta que la oposición sí está de acuerdo con las reformas siempre y cuando sea para que ellos puedan colocar los jueces a su antojo, y mientras “lucha” en “defensa” de la Suprema Corte se toma la libertad de hacer oídos sordos a lo que la misma Corte le ordena.
¡En fin, la hipotermia!
No es exclusivo de la oposición, el oficialismo que insiste que la reforma judicial es urgente y necesaria por múltiples razones que no le quedan claras a nadie también cae en contradicciones.
Como cuando dice que mejorar la defensoría pública es uno de sus objetivos principales mientras promueve la creación de tribunales anónimos o “jueces sin rostro”, medida que ha demostrado en todos los casos que solo aumenta el encarcelamiento de inocentes.
Lo único que queda claro es que la clase política de este país va a defender una reforma, criticar una reforma, aplicar una reforma o cambiarse de camiseta bajo una condición única… solo cuándo les conviene.
