- Estudiantes, madres y padres de familia que optan por llevar ante las autoridades judiciales los casos de violencia y bullying ocurridos al interior de las escuelas, son objeto de más acoso y discriminación por parte de los centros educativos.
Por Leslie Orozco
Aunque la violencia escolar , o “bullying” se posiciona como un problema a nivel nacional , en Nuevo León no se han impulsado iniciativas suficientes para enfrentar la problemática, incluso, existen casos en los que las familias comienzan procesos legales ante la inacción de instituciones privadas .
Se estima que cerca del 28 por ciento de adolescentes de entre 12 a 17 años han experimentado acoso escolar, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), equivalente a 3.3 millones de estudiantes afectados.
En el caso particular de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (CEDHNL) registró 84 expedientes en 2023 (último año registrado) relacionados con la obstaculización o negativa para proteger la integridad física o psicológica de niñas, niños y adolescentes en escuelas.
Además, del total de denuncias, las mujeres son el grupo que más ha experimentado acoso escolar, con un 37,4 por ciento.
De la denuncia del bullying una demanda por ¿difamación?
Alejandro Maza y José Reyna recurrieron ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuevo León (COPREDNL) luego de que una institución educativa llamada Tikva , ubicada en el sector Cumbres , le negó a reinscripción a su hija.
Ale experimentó bullying dentro del colegio y tras denunciarlo con sus padres, maestros y psicóloga, la escuela privada decidió no admitirla este período escolar.
Sus padres solicitaron una resolución para el caso, como pactar una reunión con los padres del alumno que presuntamente realizan los actos de acoso escolar.
Pero de acuerdo con los padres de Ale, las autoridades de la institución no facilitaron la reunión de los implicados, argumentando que no podían obligar a otros padres de familia a reunirse.
“Nosotros buscamos tener un segundo acercamiento en el cual les pedimos que queríamos hablar con los papás del agresor en este caso. En esta situación, las dueñas, las directoras, nos decían que ellas no podían obligar como escuela a que alguien nos viniera a ver o platicar con nosotros si no querían hacerlo”, mencionó.
Aunque sus padres recurrieron al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuevo León (COPREDNL) para recibir apoyo por la situación; cuando Ale concluyó el segundo año de secundaria, sus padres no pudieron reinscribirla ya que Tikva decidió cerrar el grado escolar para todos los estudiantes.
“En Tikva, ayer junio 24, 2025, avisaron que el grupo de tercer grado de secundaria no abriría en septiembre argumentando que no hay suficientes alumnos.Sin embargo, en esa escuela se manejan salones multigrado. Es decir, sexto y los tres grados de secundaria comparten un mismo salón. Incluso este año escolar que termina, tercero de secundaria era compuesto por un solo alumno”, se lee en el primer post que realizaron los padres de familia.
Durante las últimas semanas, Alejandro Maza y José Reyna han denunciado en redes sociales los actos discriminatorios que han experimentado como familia por parte de Tikva, una institución que se autodefine como “una alternativa a la escuela, con base en el socioconstructivismo, homeschool y microschool”.
El 27 de mayo de 2025, la Copred Nuevo León y la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León emitieron un oficio para que el instituto acatará las medidas precautorias de permitir la reinscripción y omitiera cualquier caso de represalia contra la familia.
Mientras que en la resolución a la queja del expediente “COPRED/NL/11/2025” se estipula como medidas de reparación que el instituto realice la apertura del tercer grado de secundaria y que no se repita dicha acción en infancias y adolescencias presentes o futuras
Los padres de la menor aseguran que durante 12 meses denunciaron el acoso escolar que su hija estaba experimentando. La escuela aseguró que se estaba implementando un protocolo.
“Se está revictimizando a una niña y castigando por no haberse quedado callada y por haber querido poner una situación que no era justa y solamente por decirnos a nosotros y nosotros por ir a cuidarla y a resguardar su integridad se nos está castigando de la misma manera. Aquí lo importante es mencionar que todo eso se pudo haber evitado. Ellas, las personas responsables de la institución, reconociendo el bullying que estaba sucediendo, tomando cartas en el asunto, tomando los medios necesarios”, mencionaron los padres durante un video en Facebook.
Alejandro Maza y José Vicente Reyna publicaron evidencia de que en el canal de comunicación público de la escuela se agregaron datos personales de la menor y de ellos.
Falta regulación de escuelas privadas
El marco jurídico mexicano, incluyendo la Constitución Federal, la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), establece que es obligación del Estado de garantizar entornos educativos seguros y libres de violencia y discriminación.
El caso de Ale y su familia no es un hecho aislado, pues la exclusión de estudiantes en escuelas privadas es un problema que se registra desde años anteriores, pues los colegios aseguran que pueden reservarse el derecho de admisión, aunque esta práctica está prohibida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En enero de 2024 , la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que las instituciones educativas particulares de tipo de educación básica no pueden adoptar posturas o realizar acciones en las que se reservan de forma abierta y arbitraria el derecho de admisión.
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
