Por Pablo Pérez*
No vale la pena discutir si el presidente escuchó o no los gritos de los periodistas que pedían su postura ante el caso Lagos de Moreno.
Es algo totalmente posible que un hombre de 69 años con mala audición pase por alto un grupo de voces en el barullo y decida, como tantas veces, contar un chiste. Un chiste que le salió tan mal que tuvo que salir al otro día a decir que todo había sido culpa de la prensa.
Pero es indiscutible que pasaron seis días y tres mañaneras en las que seguramente algún colega trató de sacar el tema, tres conferencias de más de dos horas en las que el ejecutivo y su equipo esquivaron el tema. Por eso Andrés Manuel no habló de Lagos de Moreno hasta casi una semana después de que el hecho ocupara todos los titulares.
Cinco días tardó a su vez el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en soltar un escueto tuit y cuando hubo un comunicado oficial dijo que habían sido: «ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco» como si se tratara de un acto institucional y no de la vida de cinco familias jaliscienses.
Hasta que fue inevitable hablar, los dos guardaron silencio.
Tan solo en Jalisco hay registro de más de 15 mil personas desaparecidas, sumado a las constantes denuncias de la organizaciones locales de que esta cifra no se ha actualizado desde el 2021, un hecho que no es exclusivo de este estado.
El de Diego Alberto, Jaime Adolfo, Roberto Carlos, Uriel y Dante es uno de los pocos casos que llegó a las primeras planas de todo el país y por mucho que Alfaro y López Obrador intentaron hacer oídos sordos (y malos chistes).
Ni el poder de comunicación de la famosa mañanera pudo desplazar de la agenda nacional los rostros de los cinco jóvenes, el pedido de ayuda de sus familias y el terror de la población de un “pueblo mágico”, de esos que hay tantos ahora en un país que pretende promover el turismo en pueblitos llenos de ausencias y miedo.
Al mismo tiempo desde lo federal, se hacen esfuerzos para reducir el registro nacional de desaparecidos, en algunos casos trabajadores del gobierno le informan a las y los buscadores que su familiar está vivo porque hay registro de que se vacunó en otro estado, pero no le dicen en qué fecha, ni en dónde.
En la capital del mismo estado de Jalisco (gobernada por Movimiento Ciudadano) las organizaciones de familiares cubren las calles de fichas de búsqueda con las fotos y datos de sus seres queridos, fichas que al otro día son retiradas por la policía de Guadalajara, una y otra vez… Mientras acusan que en 2023 han desaparecido sin explicación del registro estatal de personas desaparecidas más de 800 casos aunque las denuncias se siguen sumando
En Querétaro, el gobierno panista golpeó a un grupo de madres buscadoras que se manifestaban pacíficamente frente a la fiscalía estatal, pedían acceso a la información de muertos sin identificar e internos en los CERESOS, estrategias que han ayudado a localizar personas en varios estados.
Las autoridades del estado les explicaron que esa (a pesar de ser información que debe ser pública) no es la manera correcta de buscar, que les dieran la lista de los familiares de cada una y ellos se harían cargo, la respuesta de Yadira González fue muy clara: “No busco solo a mi hermano, yo busco a todos”.
Y para hablar de olvido institucional del otro lado del espectro político bastan los más de 900 casos de desaparición de la Ciudad de México, gobernada por una de las aspirantes de MORENA a a la silla presidencial , que nunca ha asistido a las reuniones que le piden las organizaciones que tomaron una glorieta de Paseo de la Reforma para bautizarla “De las desaparecidas y los desaparecidos”.
Nadie se salva, cada alcalde, cada fiscal, cada autoridad desde el más pequeño municipio hasta el ejecutivo federal parecen deshacerse en esfuerzos para no hablar de las y los desaparecidos. Para que sus cifras no se sumen al registro, para dejar claro que todo es culpa de quien estaba antes, a veces hasta dos o tres administraciones antes.
Claro que algunos de los de antes estaban profundamente implicados con los grupos criminales: los Moreira, Fidel Herrera, García Luna… Hay responsabilidades de ambos lados del espectro político, e indigna la manera que evaden su responsabilidad y se la atribuyen al de enfrente.
Para los puestos de elección popular, en todo el país, elegimos personas adultas responsables con la esperanza de que resuelvan los problemas que nos aquejan, no que se echen la culpa mientras evitan mirar el florero roto bajo la cama.
O peor, que guarden silencio todo lo que se pueda, ese que llaman “silencio cómplice”.
