Por Melina Barbosa
Durante la conferencia matutina del cuatro de octubre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que «no es cierto que se espíe a periodistas u opositores» en su gobierno, sin embargo, tal afirmación es falsa.
El pasado domingo dos de octubre se publicó la investigación denominada «Ejército Espía» en la que se revelan tres nuevos casos de espionaje con el malware Pegasus durante este sexenio.
Dicha vigilancia ilegal se realizó en contra de Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Raphael, periodista y escritor así como en contra de un periodista de Animal Político cuya identidad se mantiene bajo anonimato por cuestiones de seguridad.
Fueron las organizaciones defensoras de derechos humanos y derechos digitales R3D, Article 19 y Social Tic con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y diversos medios de comunicación como Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, quienes dieron a conocer los siguientes hallazgos que contradicen las reiteradas afirmaciones y promesas por parte del presidente sobre el desuso de los sistemas de espionaje en la actual administración.
Mañanera 6 de noviembre 2019
Mañanera 14 de abril 2021
Mañanera 3 de agosto 2021
Al respecto, las organizaciones y los medios de comunicación señalan que al momento de realizar la investigación, no hubo respuesta por parte de Presidencia, SEDENA, NSO Group y la empresa Comercializadora Antsua.
No obstante, durante la mañanera efectuada este martes, AMLO nuevamente reiteró que su gobierno no espía a nadie y respondió a la periodista de Animal Político, Nayeli Roldán, que presente las pruebas y espere a que la Fiscalía lo resuelva.
Principales hallazgos de la investigación
1.- Después de un análisis forense riguroso llevado a cabo por Citizen Lab de la Universidad de Toronto existe evidencia concluyente de que al menos los dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos, cuyas labores e investigaciones han estado relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas fueron espiadas con el malware Pegasus de la empresa NSO Group entre 2019 y 2021, es decir, durante el gobierno actual.
2.- La empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., que previamente se demostró que formaba parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, recibió autorización por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional entre marzo de 2018 y, al menos, hasta diciembre de 2019.
3.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) contrató con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. un «sistema de monitoreo remoto de información» en abril de 2019.
4.- La SEDENA ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por vía de solicitudes de acceso a la información.
5.- El ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal.
En un comunicado firmado por Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Article 19, Social Tic y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) se expone que los hallazgos anteriormente enlistados implican la posibilidad de dos escenarios:
El primero siendo que «el presidente mintió al pueblo de México» y el segundo, que las fuerzas armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo.
«Ambos escenarios constituyen una demostración de que las promesas y las palabras son insuficientes para evitar que los sistemas de inteligencia sigan siendo utilizados sin ningún control democrático y en contra del pueblo de México».
El informe revela que hasta el momento las fuerzas armadas continúan violando derechos humanos, ya sea por orden o por desobediencia, prevaleciendo la impunidad.
Casos y expedientes
1.- Raymundo Ramos, defensor de DH, presidente del Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CEDHNL)
El análisis forense del Citizen Lab de la Universidad de Toronto encontró que los dispositivos de Raymundo Ramos fueron comprometidos con el malware Pegasus en las siguientes fechas:
- Alrededor del 28 de agosto de 2020:
Días antes, el Universal publicó un video donde militares ordenan matar a un sobreviviente del enfrentamiento contra presuntos miembros del
crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Asimismo, el 24 de agosto sale la Columna en el Washington Post «Las agresiones de las fuerzas armadas en Tamaulipas deben parar».
El 27 agosto el CEDHNL denuncia ejecuciones cometidas por militares.
«Acusan 5 ejecuciones de militares en Tamaulipas»
- Alrededor del 2 y 3 de septiembre de 2020:
El tres de septiembre se comparte en el Blog del narco la publicación «Titular de Derechos Humanos de Nuevo Laredo protege casa donde el Cártel del Noreste tortura a víctimas secuestradas; El dueño es un Jefe de Plaza del Cártel».
2.- Ricardo Raphael, periodista
- Alrededor del 7 y 16 de noviembre del 2019:
El siete de noviembre se publica su columna en El Universal sobre la masacre a la familia Lebarón.
También se realiza la promoción de su libro «El Hijo de la Guerra» donde trata temas de crimen organizado.
- Alrededor del 27 de diciembre de 2020:
En noviembre de 2020 se publican las columnas en Milenio «Cienfuegos y el riesgo del carpetazo» y «Necia negación de la violencia» (crítica al presidente).
3.- Periodista de Animal Político
- Alrededor del 10 de julio de 2021:
El periodista se encontraba realizando la cobertura de desapariciones en Monterrey-Nuevo Laredo y la recopilación de casos de víctimas del Ejército.
El ataque al periodista de Animal Político ocurrió el mismo día que el medio digital publicó una nota relacionada a violaciones a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas y alrededor de días en los que se reunió con fuentes vinculadas a dichas violaciones.
Conclusiones del informe y exigencias
En el comunicado firmado por R3D, Article 19, Social Tic y el Centro Prodh, se exige investigar y abrir los archivos de inteligencia militar, naval y civil que continuamente han abusado de su poder, como ha demostrado el Caso Ayotzinapa.
«Es fundamental para iniciar un proceso de verdad y justicia sobre miles de violaciones a derechos humanos —incluyendo el espionaje ilegal— cometidas en gobiernos anteriores y en el actual que permanecen en la impunidad».
De igual manera, dentro del mismo comunicado y durante la conferencia de prensa realizada el lunes tres de octubre, las organizaciones defensoras de derechos humanos y digitales junto con las víctimas de espionaje, informaron que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la intervención ilegal de comunicaciones privadas.
No obstante, advierten sobre la falta de confianza en que la FGR conduzca las investigaciones con independencia y profesionalismo:
«Esta desconfianza no es gratuita, sino que está justificada ante la experiencia de más de cinco años de investigación sobre el espionaje perpetrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto sin que a la fecha se haya esclarecido totalmente el caso y frente a diversos ejemplos de interferencia del Fiscal General y de obstrucción militar como en el Caso Ayotzinapa».
Por lo anterior, los periodistas y personas defensoras de derechos humanos afectadas, así como las organizaciones que les acompañan exigen lo siguiente:
- Exigimos al gobierno federal, garantizar la seguridad e integridad personal de las personas espiadas con Pegasus y de sus familias, así como de las personas que han participado en la investigación de estos hechos y de las organizaciones y medios que desarrollaron esta investigación.
- Solicitamos que se garantice la verdad, justicia y la ausencia de impunidad mediante el establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal cometido en gobiernos anteriores y en el actual. En cualquier caso, exigimos a la FGR conducir una investigación profesional e imparcial orientada a identificar todos los autores materiales e intelectuales del espionaje ilegal en los gobiernos anteriores y en el actual.
- Urgimos al Congreso a garantizar la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir acompañado de sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.
- Solicitamos al Senado que suspenda el proceso de aprobación de la extensión constitucional a la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, especialmente mientras no sean esclarecidos los casos de espionaje denunciados.
- Adicionalmente, se invita a todas las personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil en riesgo que sospechen haber sido objeto de medidas de vigilancia y deseen ser parte de la investigación sobre posible espionaje con Pegasus, a que escriban a: contacto@ejercitoespia.mx para ser contactadas por las organizaciones que llevaron a cabo la investigación ‘Ejército Espía’.
Las organizaciones detrás de la investigación #EjércitoEspía condenamos el rechazo del Presidente a la evidencia sobre espionaje con #Pegasus en México. https://t.co/4fRdALHd5W pic.twitter.com/S3puu6tAZH
— R3D (@R3Dmx) October 4, 2022
Otros reportes de presunto espionaje y vigilancia por parte del ejército
En lo últimos días, diversos medios de comunicación han publicado información de los reportes incluidos en los cientos de miles de correos electrónicos extraídos de los servidores de la SEDENA por el grupo ‘hacktivista’ denominado Guacamaya.
Al respecto, el medio de comunicación Infobae publicó que dentro de los millones de archivos filtrados, se encontró un documento concerniente al presunto espionaje ejercido sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El documento titulado Postura del EZLN por la construcción del Tren Maya corresponde a enero del 2020.
El archivo evidencia la investigación que la SEDENA levantó sobre el estado de los zapatistas en la zona chiapaneca, las razones por las que se oponen al Tren Maya y otros megaproyectos, así como la forma en que actuarían en contra de dichas obras y del mismo gobierno federal.
Por otro lado, el hackeo reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional también vigila a colectivos feministas, a quienes ubica a la par de los grupos subversivos, anarquistas y guerrillas dispersos en el país.
Según el medio Latinus, los informes de inteligencia generados por comandancias y zonas militares exponen que el Ejército sigue de cerca las actividades de feministas y activistas que luchan en favor de los derechos de las mujeres y grupos vulnerables.
Asimismo, la publicación de Silla Rota titulada «Guacamaya: Estos grupos operan en auditorio Che Guevara de la UNAM» revela que SEDENA tiene identificados a los principales grupos que operan en el auditorio de la casa universitaria.
Dentro del documento «Cuatro Campos del Poder» filtrado por el colectivo Guacamaya, se identifica a 12 personas como las responsables de la ocupación del auditorio Justo Sierra o Che Guevara ubicado en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria de la UNAM.
Según el archivo de la SEDENA, el auditorio lleva ocupado por un grupo de personas denominadas «anarquistas» desde el 3 de marzo del 2014 y se les considera los responsables por actos de vandalismo y violencia que han ocurrido desde entonces, en diferentes instalaciones de la universidad.
No obstante, una de las personas señaladas en el documento es Lourdes Mejía, madre buscadora cuya lucha por la justicia inició tras la ejecución extrajudicial de su hijo, Carlos Sinuhé Cuevas, el 26 de octubre de 2011 en la Ciudad de México.
A 11 años del asesinato del activista por una educación pública, gratuita y popular, el caso sigue en la impunidad, pues su madre María de Lourdes Mejía Aguilar declaró el pasado 26 de octubre de 2021 que las autoridades «han sido omisas» en la investigación, lo que «es una clara forma de evitar que haya justicia».
Recordemos que Carlos fue tesista y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, participó en la huelga 1999-2000 en la máxima casa de estudios, así como en «procesos de organización estudiantil» al interior de dicha entidad académica y de otras luchas como la del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Sin embargo, derivado de su activismo, su asesinato y la búsqueda de justicia por parte de su madre, tanto Carlos Sinuhé como Lourdes Mejía han sido blanco de cuestionamientos y mensajes revictimizantes desde 2016:
«Las autoridades universitarias en conjunto con las del gobierno del DF (hoy CDMX), no sólo no han puesto de su parte para las investigaciones, sino que incluso han entorpecido el proceso de investigación con amenazas a los familiares de Carlos y desvío de las rutas de investigación. Hoy se llega al exceso de esta actitud corrupta y autoritaria, pues a través de la difamación de medios de comunicación se ha acusado a la compañera Lourdes de lesiones, amenazas y narcomenudeo».
LINKS / FUENTES:
https://verificado.com.mx/informe-anual-rele-libertad-expresion-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2022/10/periodistas-ong-denuncian-espionaje-sedena/
https://www.facebook.com/watch/Articulo19/
https://contralinea.com.mx/especiales/lourdes-mejia-9-anos-de-amor-y-coraje/
