Informe de la RELE: estatus de la libertad de expresión en México

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Por Melina Barbosa

Durante 2021 se registraron al menos 17 asesinatos de personas comunicadoras en las Américas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la función periodística, según reporta el más reciente informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dichos homicidios ocurrieron en Colombia (1), Ecuador (1), Honduras (1), Guatemala (2), Haití (2) y México (10). 

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En este contexto, aunque se hayan registrado algunos avances importantes en investigaciones sobre estos y otros ataques contra periodistas, es evidente que aún prevalecen altos niveles de impunidad en el continente americano.

Ello, sumado a la continuidad de un escenario preocupante para el ejercicio de la labor informativa en los 35 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que incluyen actos como amenazas, intimidaciones, secuestro, agresiones físicas y verbales, ataques contra sedes de medios de comunicación y otros atentados contra la vida e integridad de personas periodistas que propicia un notorio efecto de autocensura.

Asimismo, la Relatoría Especial observa que la violencia contra periodistas se ve agravada por discursos estigmatizantes contra la prensa, que en muchas ocasiones provienen de autoridades públicas de alto rango.

El Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, expone serias problemáticas y retos que actualmente enfrentan las y los periodistas mexicanos, por lo que a continuación se comparte un breve resumen de los principales hallazgos en México:

1.- Periodismo y democracia:

En 2021 la RELE recibió información sobre el anuncio del presidente de inaugurar una sección semanal en las conferencias de prensa matutinas para exhibir las noticias, que a criterio del gobierno, son falsas; señalando y exponiendo a las y los periodistas que las publican.

Andrés Manuel López Obrador denominó esta sección «Quién es quién en las mentiras de la semana y justificó su creación con la importancia de «informar» a la ciudadanía.

El gobierno de México sostiene que dicha sección «constituye un mecanismo novedoso, pero legítimo canal de comunicación entre la sociedad y los servidores públicos que busca generar una ciudadanía crítica y participativa de los asuntos públicos, que cuestione el comportamiento y decisiones del gobierno a efecto de transitar a un régimen más democrático”.

Asimismo, ha indicado que «si alguno de los señalamientos hechos durante la sección es impreciso o requiere de alguna aclaración, siempre se estará en disposición a reconocerlo”.

Y si bien, la Relatoría reconoce que es legítimo y, en ciertas ocasiones, un deber que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público y se defiendan ante críticas o cuestionamientos de la prensa; al hacerlo no deben desacreditar ni estigmatizar a quien lo cuestiona, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población.

De igual manera en las democracias contemporáneas, especialmente en países con altos índices de violencia contra la prensa, se acentúa el desafío de distinguir entre la defensa legítima de una posición oficial y un discurso que, bajo esa justificación, pueda implicar estigmatización.

En relación con la desinformación, la RELE reconoce las consecuencias negativas que se  derivan de ella y cree que las sociedades democráticas deben combatir los intentos de manipulación del debate público.

Sin embargo, «considera atípico -y no exento de riesgos para la democracia- que se promueva una sección de chequeo gubernamental que etiqueta tanto a los contenidos como a los medios y periodistas que las publican».

2.- Libertad de expresión, Estado de Derecho e institucionalidad democrática:

Preocupa a la Relatoría la información recibida sobre acciones de vigilancia estatal de las comunicaciones de personas periodistas y defensoras de derechos humanos que investigan temas de elevada sensibilidad, como corrupción y graves violaciones de derechos humanos.

En agosto, la CIDH, RELE, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresaron su preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización del software Pegasus con fines de espionaje.

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La información revelada en 2021 se suma a las denuncias que al menos desde 2017 vienen realizando organizaciones, personas defensoras y periodistas, respecto al uso de ésta y otras herramientas de espionaje en México y otros países de la región.

Los reportes públicos de los últimos años han permitido conocer múltiples víctimas de intentos de espionaje a través del software, incluyendo a Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Azam Ahmed, además de Cecilio Pineda, reportero asesinado en el estado de Guerrero en 2017.

También habrían sido blanco de vigilancia ilegal los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH); el juez de la Corte Interamericana Eduardo Ferrer Mac-Gregor; y al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa, establecido para investigar la desaparición masiva de estudiantes en Iguala en 2014.

Según información pública, casi un tercio de los 50 mil números telefónicos presuntamente identificados para espionaje estarían basados en México, por lo que habría sido apuntado como uno de los países con mayor interés en la adquisición del software malicioso.

Asimismo, la RELE manifestó su preocupación ante los reportes recibidos sobre acciones de vigilancia estatal de las comunicaciones contra mujeres defensoras y periodistas que investigaban la matanza de las 196 personas halladas en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en 2011.

De acuerdo con la información disponible, entre febrero de 2015 y abril de 2016, las autoridades mexicanas, a través de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, habrían abierto una investigación sobre presunto «secuestro y delincuencia organizada» en contra de la periodista Marcela Turati y las defensoras Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, solicitando de forma «extra urgente» un registro completo de sus llamadas y mensajes enviados y recibidos, incluyendo la ubicación.

A través de su informe, la RELE llama al gobierno mexicano a investigar los hechos de forma completa, exhaustiva e imparcial, y recuerda su deber de respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

3.- Libertad de expresión y lucha contra la discriminación y la exclusión:

La Relatoría Especial recibió información acerca de presuntos casos de uso excesivo de la fuerza en contextos de protestas de mujeres.

En el marco del 181 Período de Sesiones de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la existencia de un ambiente hostil y represivo para el ejercicio del derecho a la protesta de mujeres en México.

En este sentido, reportaron un patrón de uso excesivo e innecesario de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias, y abuso verbal y físico basado en género contra las mujeres que se manifiestan públicamente contra la misma violencia de género.

Asimismo, advirtieron que las manifestaciones feministas y en contra de la violencia de género han sido estigmatizadas y señaladas como violentas, tanto por parte de autoridades como de medios de comunicación, lo que generaría un ambiente hostil al derecho de reunión, además de desalentar el activismo y propiciar violencias en su contra.

Según manifestaron, «todas estas violencias infligidas por policías y otras autoridades judiciales son una forma de aleccionamiento por atreverse a salir a manifestarse y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género».

El contexto de violencia y de uso desproporcionado de la fuerza contra mujeres también se extiende a periodistas, defensoras de derechos humanos y personas que participan activamente del debate público.

Al cierre del informe elaborado por la RELE, el sistema de monitoreo de la asociación de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) había documentado al menos 213 agresiones a mujeres periodistas.

4.- Internet y libertad de expresión:

Según señala el informe «#LibertadNoDisponible: Censura y remoción de contenido en México» de la organización Artículo 19, publicado en febrero de 2021, México es el noveno país con más peticiones gubernamentales a Facebook para conocer o preservar información de perfiles o contenidos, alcanzando un total de 12,070 solicitudes entre 2017 y 2020 en el primer semestre.

Asimismo, el citado informe mencionó que, de acuerdo con la información que recibieron de 16 entidades federativas, se habrían realizado 1697 peticiones de remoción de contenidos a plataformas digitales entre 2017 y 2020.

Las cuatro entidades federativas que más solicitudes de remoción han hecho a las plataformas digitales para remover contenidos fueron Ciudad de México (958), Durango (270), Chiapas (155) y Campeche (145).

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Y si bien, las plataformas de redes sociales elaboran informes de transparencia e informan acerca de las solicitudes de remoción de contenido que reciben de los Estados, es necesario que tengan mayores niveles de desagregación.

Es decir, conocer a profundidad qué instituciones del Estado hacen las solicitudes, el tipo de información que solicitan remover y los motivos por los cuales las realizan.

Por otro lado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) tomó conocimiento de la entrada en vigor del decreto que creó el llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obligaría a las personas usuarias de telefonía móvil a facilitar su información personal a las compañías que prestan este servicio, incluidos datos biométricos.

La base de datos sería accesible para las autoridades mexicanas y de acuerdo con reportes de la sociedad civil, su aplicación constituiría un serio riesgo para la privacidad de la ciudadanía.

La RELE tomó conocimiento, además, del proyecto legislativo para regular redes sociales propuesto por el senador Ricardo Monreal, el cual según reportes recibidos por parte de organizaciones de la sociedad civil podría limitar gravemente la libertad de expresión en México, imponiendo requisitos presuntamente desproporcionados para el funcionamiento de las plataformas de internet.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Relatoría recuerda que los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática.

Con el informe queda en evidencia que las faltas a los derechos humanos y a la libertad de expresión aún prevalecen en México, y según los datos más recientes, la violencia contra la prensa y personas defensoras va en aumento, puesto que en lo que va del 2022 ya se han registrado 11 casos de periodistas asesinados.

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No obstante, el gobierno de México ha insistido en que según sus actuaciones ministeriales, solo se han contabilizado 9 casos.

La Relatoría considera fundamental combatir la violencia contra la prensa a través de una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia. Esta última obligación incluye el deber de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes y reparar de forma integral a las víctimas.

De igual manera, en el informe de la RELE se enfatiza la importancia de que los Estados adopten medidas positivas en relación con el derecho a la libertad de expresión y participación ciudadana de grupos históricamente excluidos del debate público.

Por otro lado, también se señala que «la libertad de expresión se aplica a internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación».

Las restricciones solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, y las mismas deberán estar previstas por la ley, perseguir un objetivo legítimo, ser necesarias para alcanzar dicho objetivo y estar estrictamente proporcionadas.


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