Claves de las leyes que se aprobaron en México durante 2025

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Por Debanhi Soto

Durante 2025, el Congreso mexicano aprobó y puso en marcha un paquete de reformas que redefinieron el marco normativo en áreas clave como seguridad pública, registro poblacional, salud, agua y trabajo.

En el centro del debate público estuvieron las reformas en materia de seguridad, que incluyeron cambios a la Ley General de Población, la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

A esto se sumaron otras reformas de alto impacto social: la creación de la CURP Biométrica como mecanismo de identificación, la prohibición de vapeadores, el cambio de reglas para concesiones de agua y ajustes a la Ley Federal del Trabajo que incorporan a trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social.

En Verificado te explicamos las iniciativas que marcaron la agenda legislativa de 2025.

Leyes en materia de seguridad e inteligencia

En materia de seguridad pública, entre junio y julio de 2025 se aprobaron varias reformas a la Ley General de Población, a la Ley del Sistema Nacional de Investigación, de Inteligencia y de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras. 

De acuerdo con los legisladores que las suscribieron, los marcos normativos que se aprobaron tienen como finalidad coordinar a las instituciones de seguridad y prevenir delitos sin violar derechos humanos.

No obstante, especialistas y defensores de derechos humanos argumentaron que la reforma crea un sistema de vigilancia estatal. 

Uno de los cambios centrales que se hizo fue incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y darle facultades para investigar delitos bajo la supervisión del Ministerio Público, así como permitirle llevar a cabo operaciones encubiertas. 

La promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación busca concentrar en una sola institución diversas bases de datos financieras, bancarias, de salud, telecomunicación, entre otras materias.

Los cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión crean un registro de los datos de las líneas telefónicas que estará activo a partir de enero de 2026, por lo que las líneas telefónicas que no se registren serán canceladas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Artículo 19, Fundar, Amnistía Internacional y R3D señalaron que estas reformas legislativas vulneran varios derechos y legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas sin que exista un control o atención de fondo a la crisis de seguridad.

Cambios a la Ley General de Población 

Como parte del paquete de reformas en materia de seguridad pública, en julio de 2025 se aprobó una reforma a la Ley General de Población que crea la CURP Biométrica, una nueva forma de identificación que vincula la Clave Única de Registro de Población (CURP) con las huellas dactilares y fotografía de la persona registrada. 

El objetivo de la CURP Biométrica es que se pueda usar como una forma de identificación oficial en procesos de validación y autenticación de la identidad.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que «a nadie se le puede obligar que haga» el trámite, en la legislación se expone que «será el documento nacional de identificación obligatorio».

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Artículo 91 Bis de la Ley General de Población

Además, la adición del Artículo 91 Sexies a la Ley General de Población expone que las  instituciones públicas y privadas están obligadas a solicitar la CURP para ofrecer trámites y servicios. 

Artículo 91 Sexies de la Ley General de Población
Artículo 91 Sexies de la Ley General de Población

Actualmente, el Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación tiene activo un programa piloto que permite que se hagan citas para registrar datos biométricos a la CURP, en un único módulo de atención ubicado en Calle de Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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Ley General de Salud

En diciembre de 2025, el Congreso aprobó una reforma a la Ley General de Salud para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, imponiendo sanciones de entre 1 y 8 años de prisión y de entre 11 mil y 226 mil 280 pesos para quienes comercialicen estos productos. 

La prohibición de los vapeadores en un principio consideraba sanciones tanto para los consumidores como para los comerciantes; sin embargo, tras una modificación en el texto legal, quedó establecido que las multas van dirigidas a quienes operan el mercado ilícito de vapeadores.

Copia de Portadas V

La justificación de esta reforma se basa en el riesgo sanitario que representan estos productos y su expansión en el mercado negro.

Sin embargo, especialistas coinciden que, en vez de prohibir los vapeadores, sería una mejor ruta regular su producción, distribución y consumo, pues en el mercado negro es complejo verificar qué es lo que están vendiendo, la calidad del líquido y del vapeador, las concentraciones de nicotina o si le están añadiendo otros componentes.

Nueva Ley General de Aguas 

En 2025 también se aprobó una nueva Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales para replantear cómo se heredan, registran y regularizan los títulos de agua. 

Uno de los principales cambios, derivado de la iniciativa, es que los derechos amparados en concesiones y asignaciones ya no podrán transmitirse entre particulares y que cualquier movimiento debe realizarse ante la autoridad. 

 

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El esquema se apoya en un fondo de reserva de aguas nacionales, integrado por títulos extinguidos y volúmenes cedidos a la autoridad, desde el cual se realizarán las reasignaciones. Estos volúmenes no se contabilizarán para la disponibilidad de agua en las cuencas.

Efraín Morales, director general de Conagua, dijo en la mañanera del 26 de noviembre que la reforma busca que “el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano”.

Pero, según especialistas, la reforma dejó fuera temas de vital importancia como la inversión en el sector hídrico del país.

Ley Federal del Trabajo

En materia laboral, el 1 de julio de este año inició el programa para dar seguridad social y otras prestaciones a los repartidores, conductores y trabajadores de las plataformas digitales. El programa piloto es resultado de una reforma que se aprobó en diciembre de 2024.

Para poder dar seguridad social a las y los trabajadores de plataformas digitales, la ley expone que aquellos trabajadores con un ingreso neto mensual mayor a un salario mínimo deben estar inscritos en el IMSS y que sus empleadores (en este caso, la aplicación) deben determinar, retener y entregar sus cuotas obrero-patronales y aportar al INFONAVIT.

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Mientras que los trabajadores que no cumplan con un ingreso neto equivalente a un salario mínimo mensual serán considerados independientes y podrán tramitar su alta en el IMSS bajo el Régimen Obligatorio del Seguro Social para personas trabajadoras independientes.

También en materia laboral, en diciembre de 2025 entraron en vigor las últimas disposiciones de la Ley Silla, por la cual se volvió obligatorio proporcionar asientos a las personas trabajadoras para garantizar su derecho al descanso y que puedan alternar entre estar de pie y sentarse.

Se espera que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social incorpore en su Programa Anual de Inspección para 2026 la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Silla.


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