Por Carla Luisa Escoffié Duarte
La división entre el mundo rural y el urbano se ha desmantelando poco a poco. Actualmente 55% de la población mundial vive en ciudades, cifra que se eleva a 81 % en América Latina y el Caribe. La tensión que caracterizó ambos entornos durante el siglo XX, así como las desigualdades que solían separarles, no han desaparecido, sino que se han complejizado. La zona metropolitana de Monterrey no es la excepción.
Se sabe que los asentamientos precarios que contrastan nuestra realidad en panorámicas de avenidas como Constitución y Lázaro Cárdenas son muestra de los retos que prevalecen en el estado de mayor crecimiento económico en el país.
Los objetivos de vivienda planteados por el Plan Estratégico 2030 nos exigen, desde una perspectiva crítica, dejar ver a ese sector de la población como “los otros” para entenderlo como parte de nosotros.
Durante la segunda mitad del siglo XX en Nuevo León, al igual que en muchos otros puntos latinoamericanos, la aproximación gubernamental hacia los asentamientos precarios se centró en la situación jurídica del suelo. Se planteaba que el rezago que se vivía en estas zonas era producto de la ausencia de titulación del suelo.
Según esta tesis, con títulos de propiedad las familias podrían acceder a créditos, con los créditos al mercado y así salir de la pobreza. De ahí que por mucho tiempo se les llamase asentamientos “irregulares” –expresión que persiste en muchos sectores hasta hoy– porque se entendía como un problema de certeza jurídica.
El tiempo se ha encargado de confirmar que esta receta es errónea. Las políticas centradas en el otorgamiento de títulos de propiedad no solo no permitieron el acceso a créditos –las personas seguían sin cumplir el perfil socioeconómico para adquirir una deuda solvente y persistieron los mecanismos populares de financiación– sino que la pobreza, la falta de acceso a servicios, la lejanía y el hacinamiento seguían ahí.
El resultado fueron áreas urbanas de propietarios sin agua, en condiciones insalubres y realizando largos trayectos hasta los centros laborales.
Esto no quiere decir que la certeza jurídica no sea relevante –lo es–, pero resulta reduccionista de un fenómeno que atiende a características de desarrollo, físicas y socioeconómicas.
Su presencia ya sea en los cerros o en el río Santa Catarina son los síntomas finales de una política de vivienda poco diversificada y que no está partiendo de la observación de las dinámicas, actividades y necesidades de quienes habitan ahí.
Quizá por eso, a pesar de que Nuevo León es la entidad que más ha concentrado los subsidios de vivienda –11 % del total nacional– y los créditos hipotecarios –10.81% del total nacional–, conservamos esta deuda con un gran sector de la población, al cual desconocemos hasta estadísticamente debido a que nunca han sido censados por el INEGI.
Uno de los grandes retos que enfrenta el Plan Estratégico 2030 es llevar al Estado a estas áreas de nuestra zona metropolitana que en el imaginario de muchas personas continúan siendo ajenas a los municipios en los que se encuentran.
El primer gran paso es cambiar el paradigma y arraigar la idea de que los asentamientos informales o precarios también son Nuevo León, por lo que no podrá nunca haber un crecimiento sin ellos.
ÁGORA es un espacio de reflexión del Consejo Nuevo León
Abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Especialista en temas de derecho a la vivienda y no discriminación. Twitter: @kalycho.
