Por Andrés A. Solis Álvarez
El 4 de diciembre, el mismo día en que los relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron su informe sobre la situación del ejercicio del periodismo en México, directivos y propietarios de varios medios y conglomerados mediáticos publicaron un desplegado en el que exigen nuevamente poner fin a las agresiones contra medios y periodistas.
Además de reclamar nuevamente por la impunidad y la falta de acción del Estado para reducir la violencia hacia quienes hacemos periodismo, en esta ocasión estos directivos y empresarios dijeron que ahora asumirán la parte que les toca. “Nos corresponde hacer nuestro propio aporte para proteger a periodistas y empresas y dar un mayor seguimiento a los casos afectados por la impunidad, especialmente los más emblemáticos”, dice el desplegado.
El llamado llega tarde, muy tarde y llega incompleto. En principio no dicen realmente qué es lo que van a hacer para proteger a sus periodistas. Y hay tres aspectos fundamentales que vale la pena enumerar:
1.- Muchos medios nunca se han involucrado realmente en empujar leyes o mejorar las existentes en materia de Protección y han sido omisos en respaldar reformas legales que den derechos a periodistas como la cláusula de conciencia, el derecho de réplica o el derecho de autor.
En el ámbito legal, las empresas de medios tampoco han privilegiado el fortalecimiento de los derechos y condiciones laborales de su personal y por el contrario, optan por vulnerarlas aún más a sabiendas que eso significa elevar el nivel de riesgo, al no ofrecer contratos, no dar prestaciones y llegan a las lamentables prácticas de pagar por texto publicado.
2.- Las empresas de medios son eso, empresas, y por tanto parte de su labor es generar ingresos y la publicidad es una forma. Lo malo es que muchos medios han privilegiado los convenios de publicidad con los diferentes niveles de gobierno y les resulta más fácil deshacerse de periodistas incómodos, aunque ello signifique un atentado directo al periodista, a su trabajo, a su patrimonio, no es solo un atentado a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo.
Estas relaciones poco sanas y hasta perversas que favorecen prácticas de corrupción, generan un ambiente lamentable en el que cualquier persona funcionaria pública sabe que puede agredir a periodistas porque no tienen el respaldo de su propio medio, gracias al jugoso convenio publicitario.
3.- El otro nivel de vulneración de periodistas tiene que ver con el día a día. Los editores, directivos, empresarios de medios no tienen cuidado al hacer asignaciones de alto riesgo y mandan a sus periodistas a arriesgar la vida sin dotarles de herramientas, recursos, respaldo ni entrenamiento.
Las empresas no pagan capacitación de sus periodistas ni mucho menos contratan a otros periodistas con experiencia y conocimiento para entrenar a sus equipos.
Personalmente, en los últimos seis años he recibido peticiones de colegas de algunos de estos medios firmantes para hacer cursos de Autoprotección y de Cobertura de Riesgo que simplemente no prosperaron porque sus directivos y/o propietarios no los consideraron necesarios.
A veces los medios pecan de lo mismo que critican del gobierno cuando solo publican cartas de buenas intenciones. Y quiero reiterar que no generalizo.
*El autor (@aasolisa) es periodista para diversos medios nacionales e internacionales, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia”.
