Por Melina Barbosa y Leslie Orozco
A cinco años de que entrara en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas impulsada por las familias buscadoras, diversos mecanismos contemplados en ella siguen pendientes, mientras que la cifra oficial ya rebasa las 110 mil personas desaparecidas y no localizadas en México.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) publicado por la Secretaría de Gobernación, al momento de la realización de este reportaje, hay 110 mil 137 personas que siguen sin ser encontradas, de las que 81 mil 904 son hombres, 27 mil 491 son mujeres y 742 son indeterminadas.
Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa encabezan la lista de entidades con mayor número de personas desaparecidas:
Jalisco: 15 mil 43 personas
Tamaulipas: 12 mil 478 personas
Estado de México: 11 mil 886 personas
Veracruz: 7 mil 458 personas
Nuevo León: 6 mil 347 personas
Sinaloa: 5 mil 689 personas
Entre los estados donde desaparecen más mujeres de igual forma figuran Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León:
En el caso específico de Nuevo León, la entidad actualmente ocupa el quinto lugar en número de personas desaparecidas y sexto en desaparición de mujeres.
Ante esta crisis invisibilizada de seguridad, las organizaciones de la sociedad civil y familias buscadoras han expuesto el olvido oficial perpetuado por el Estado, siendo el retraso en materia legal, la falta de expertos forenses y la simulación, las principales fallas detectadas durante los procesos de investigación.
Pese a que 6 mil 347 personas siguen ser encontradas y las cifras de desapariciones, homicidios dolosos, secuestros, feminicidios y extorsiones van al alza, las prioridades de la administración de Samuel García se han visto concentradas en las áreas económicas, turísticas e industriales, rumbo al Mundial de Futbol 2026 en el que Monterrey, Nuevo León será una de las sedes.
Además del incremento de los delitos del fuero común, la alternancia de gobierno en Nuevo León no ha significado cambios en las cifras de personas desaparecidas y no localizadas.
Durante el último año de Jaime Rodriguez Calderón, se registraron 2 mil 630 casos y para el cierre del primer año de Samuel García Sepúlveda se contabilizaron 2 mil 607 casos, es decir, solo hubo una diferencia de 23 casos, por lo que la disminución no alcanza ni el 1% y el promedio de 7 desapariciones diarias se ha mantenido.
Tomando en cuenta el último año de gobierno de Rodríguez Calderón (2020-2021), se tenían a 2 mil 630 personas desaparecidas, mil 901 fueron localizadas; el 93.32% con vida y el 6.68% de ellas fueron encontradas sin vida.
Mientras que en el primer año de García Sepúlveda (octubre 2021-2022), 2 mil 607 personas fueron desaparecidas, de las cuales, mil 924 fueron localizadas; el 92.51% con vida y el grupo de personas encontradas sin vida incrementó a 7.48 por ciento.
Respecto con el total de personas desaparecidas y no localizadas, durante el primer año de Samuel García se registraron 683 personas que no regresaron con sus seres queridos, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 34 años de edad.
Por sexo, 56% son hombres, 43% mujeres y el 0.3% indeterminado, y por ubicación, los municipios de Nuevo León donde más desaparecen las personas son Monterrey, General Escobedo, Apodaca y Juárez.
Búsqueda de personas desaparecidas no figura entre las prioridades presupuestales del 2023
El pasado 16 de enero, el gobernador de Nuevo León presumió a través de redes sociales un «presupuesto histórico que alcanza para TODOS los proyectos estratégicos y que hace valer los derechos de la Nueva Constitución».
No obstante, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) el mismo día respondió a través de un comunicado que a pesar de algunos esfuerzos institucionales, la justicia sigue siendo inalcanzable y el presupuesto asignado a la atención de personas desaparecidas lo confirma.
La sociedad está cansada de esta irresponsabilidad e infamia por parte de las autoridades, quienes no priorizan la paz y se constata al observar los presupuestos destinados al tema de personas desaparecidas a nivel nacional y estatal.
De acuerdo con la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2023, se destinaron 360 millones para comunicación, 231 millones para servicios de custodia y escoltas, 50 millones para el proyecto de integración y renovación del nuevo estadio y 43 millones para la Comisión Local de Búsqueda (CLB).
De esos 43 millones asignados a la CLB, el organismo destinó 38 millones 981 mil 312 pesos para Sueldos, Honorarios, Prima Vacacional, Aguinaldos, etc.
Mientras que sólo 4 millones 594 mil 727 pesos serán destinados al gasto corriente de acciones de búsqueda.
Al respecto, Angélica Orozco Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) detalló para Verificado que «es alarmante» que le estén destinado más a la remodelación del estadio y que es «totalmente desproporcional» dadas las violaciones graves a derechos humanos.
«Porque no solamente no han encontrado a las que han sido desaparecidas en años anteriores, sino que las personas continúan desapareciendo», recalcó.
De igual manera, Maya Hernandez Álvarez, hija de Mayela Álvarez Rodríguez, secretaria técnica de la maestría en antropología social del CIESAS que fue desaparecida el 11 de agosto de 2020, cuestiona si en realidad necesitamos un nuevo estadio o remodelación.
La distribución de los recursos de por sí siempre ha sido insuficiente para la búsqueda de personas. El tema de presupuesto era un área de oportunidad de mejora en inteligencia, Fiscalía, Comisión Local de Búsqueda que podrían apoyarse, pero decidieron no hacerlo para seguir en una burbuja (de economía y turismo) rumbo al mundial.
La cifra de personas desaparecidas aumenta, mientras leyes, instituciones y protocolos quedan en letra muerta
En noviembre de 2017 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, misma por la que surge la Comisión Nacional de Búsqueda y que ordena la creación de comisiones locales en las entidades federativas.
Aunque fue apenas el 25 de noviembre de 2022 cuando se publicó la ley en la misma materia para el estado de Nuevo León y que finalmente entró en vigor el 1 de enero de 2023.
El artículo 14 de dicha ley establece que el sistema en Nuevo León se integra por un Consejo Estatal Ciudadano y una Comisión Local de Búsqueda.
Sin embargo, Nuevo León es uno de los 16 estados de la república que no cuenta con un Consejo Ciudadano como lo marca la ley, aún y que en 2020 fue abierta la convocatoria, esto de acuerdo con datos de FUNDENL.
Desde el 10 de abril de 2018, la asociación conformada por activistas y familiares de personas desaparecidas hizo un llamado público al gobierno estatal para impulsar la creación de la Comisión Local de Búsqueda y en junio del mismo año, logró su instalación.
“Cuando logramos que en 2018 se instalara esta comisión, respaldada por un decreto del anterior gobernador, éste le da las atribuciones a la comisión, y entre esas atribuciones está crear un programa o plan estatal de búsqueda,(…) el cual, hasta la fecha, no ha sido presentado”, explica la vocera de FUNDENL.
Por otro lado, las familias buscadoras han denunciado que la CLB ha sido convertida en ‘otra Fiscalía’, ya que sigue siendo dirigida por una funcionaria pública que se desempeñó ahí mismo por 30 años, y que «en vez de conseguir o fortalecer elementos, se está llevando a personal de la Fiscalía que repite las mismas malas prácticas».
Según el portal del gobierno de Nuevo León, la actual titular de la Comisión Local de Búsqueda, María de la Luz Balderas Rodríguez, en efecto trabajó durante 30 años en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León (ahora Fiscalía General de Justicia) donde ocupó los cargos de escribiente; delegada del Ministerio Público; coordinadora de Agentes del Ministerio Público (MP); directora de Orientación; Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos; directora de Atención Ciudadana y directora General de la Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer.
La última página del currículum de Balderas destaca que ha recibido tres reconocimientos por su labor en torno a personas desaparecidas y que durante las búsquedas, tuvo reuniones de trabajo con otras asociaciones civiles, como lo son, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y Eslabones.
No obstante, Orozco señala que María de la Luz Balderas era la coordinadora de los ministerios públicos que «no hicieron bien su trabajo», pues este fue acreedor a recomendaciones en al menos tres de los casos de las familias que conforman FUNDENL.
Recientemente, la asociación de la sociedad civil le solicitó a la Comisión de Búsqueda, la copia de una carpeta de investigación para consultar las acciones que se habían realizado en un caso, pero les fue negado el acceso.
Nos sorprendió demasiado porque pues es una de las malas prácticas que hemos logrado superar en base a la denuncia e insistir en que le den acceso a las familias a la copia de los expedientes, y se ha logrado con la Fiscalía, ya se superó eso, pero ahora resulta que la Comisión de Búsqueda está repitiendo lo mismo, cuestionó Angélica Orozco.
Este incremento de la desaparición de personas y la falta de justicia ha prendido alarmas en organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«Desde que no se integra bien una carpeta, o los elementos de prueba que hay no pueden llegar a dar finalmente elementos para procesar a una persona […] esto es lo que hace que nos quedemos en una situación de impunidad absoluta como lo reconoció el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas» explica la antropóloga e investigadora del CIESAS Noreste, Séverine Durin.
El 18 de mayo de 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe sobre las desapariciones forzadas tras una visita a México en agosto de 2021.
De acuerdo con los hallazgos del organismo, entre el 2% y 6% de los casos son judicializados, mientras que al momento de la presentación del informe, tan solo se habían emitido 36 sentencias en caso de desaparición de personas a nivel nacional.
La ONU detectó que la impunidad en México es uno de los factores que impactan directamente en los mecanismos encargados de atender las desapariciones.
La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto.
La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas, señala el informe.
Personas defensoras de derechos humanos insisten en que las acciones del gobierno mexicano no han sido suficientes para buscar y encontrar a las 110 mil 137 personas que siguen desaparecidas.
En la misma visita de la ONU, el Comité contra la Desaparición Forzada declaró que en el país existe una crisis forense, donde más de 52 mil personas fallecidas sin identificar se encuentran en fosas comunes.
Mientras que los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, concentran el 71.73% de los cuerpos sin identificar, pues los servicios forenses son insuficientes y los instrumentos que fija la ley no son establecidos.
Familiares encabezan búsquedas y localización de personas
Ante la falta de un plan estatal de búsqueda y expertos forenses, FUNDENL decidió instalar su propio equipo de antropología y arqueología en agosto de 2019, aunque desde 2015 el grupo ya salía a realizar sus búsquedas ciudadanas independientes.
Este equipo conformado por Arqueólogos, Antropólogos y un especialista en suelos, ha capacitado a las familias buscadoras en el uso de distintas técnicas como la fotogrametría y ortofotografía para localizar fosas clandestinas.
Con el paso de los años, el colectivo ha ido evolucionando sus procesos de búsqueda, de tal manera que han pasado del uso de la varilla «T», al manejo de un dron aéreo con el que han tomado diversos videos y fotografías que sirven para comprender qué hay en los terrenos antes, durante y después de una búsqueda en campo.
Pero aparte de la ausencia de sus seres queridos, las familias de las personas desaparecidas se enfrentan a múltiples trabas burocráticas y a la indiferencia por parte de las autoridades durante el proceso de búsqueda.
Ejemplo de ello es que la Fiscalía le negó a FUNDENL el acceso directo a las labores en campo aún y cuando estuvieron acompañando todo el proceso en el sitio llamado «El Tubo», donde fueron encontrados más de 10 mil restos humanos.
«Cuando las familias solicitaron directamente la intervención de peritos independientes, porque tienen derecho a eso, la Fiscalía los negó a pesar de que ellos ni los tenían», explicó Angélica Orozco.
La organización señala que la intervención en «El Tubo» se logró después de dos años de que las familias impulsaran los trabajos con la Comisión Nacional de Búsqueda y distintos expertos, pero la negativa para observar y documentar directamente los trabajos, aportar peritos independientes, el manejo confuso de la información sin documentos que la respalde y la continua suspensión de trabajos, hicieron revictimizante y carente de transparencia el proceso.
Además, acusan que la Fiscalía General de Justicia tenía conocimiento de la existencia del sitio desde 2017 pero no había actuado, y una vez iniciada la intervención, se obstaculizó el derecho de las familias a participar directamente y a través de sus peritos.
Diversos colectivos dedicados a la búsqueda de personas en Nuevo León describen que existe cierta resistencia por parte de las autoridades, ya que se niegan a proporcionar información incluso después de adjudicarse las acciones y hallazgos realizados por los mismos familiares de las personas desaparecidas.
En respuesta, las familias buscadoras han hecho valer su derecho a contar con peritajes y dictámenes independientes, argumentando que este tipo de análisis no lo puede realizar el estado debido a que no tiene el suficiente personal calificado.
Porque a pesar de que ellos tienen los expedientes a la mano, debajo del escritorio y archivados, no salen a buscarlos. Así que si ellos no quieren, no pueden o no saben, nosotras vamos a salir a buscarlos, declaró la vocera de FUNDENL.
Desaparición de Mayela Álvarez: 2 años sin avances
Un caso que ha evidenciado la inacción gubernamental es el de Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, quien fue desaparecida el 11 de agosto de 2020 en San Nicolás, y cuya investigación hasta la fecha, no ha tenido avances contundentes que den con su paradero.
En entrevista con Verificado, Maya Hernández Álvarez, hija de Mayela Álvarez compartió que hace meses y justo después de entregar una carta dirigida a Samuel García cuando surgieron los casos de Debanhi Escobar y Yolanda Martínez, ella salió a exigir que se le prestara la misma atención mediática a su caso.
«Directamente Samuel nunca respondió, después se le dirigió una carta a Mariana Rodríguez y tampoco respondió ella, pero su secretaria nos refirió con la Secretaría de Mujeres mencionando que nos iba a ayudar y fue cuando comenzaron reuniones en Palacio de Gobierno».
Maya, quien a los 17 años se volvió buscadora de su madre, narra que tales reuniones se llevaron de manera continua, pero justo antes de las vacaciones decembrinas de 2022, dos juntas le fueron canceladas.
«Las autoridades agarraron sus vacaciones antes de lo esperado, ya no nos recibieron, mencionaban que estaban inhabilitados. Claramente no entienden que la ausencia no tiene vacaciones y nuestra búsqueda tampoco. Hasta ahorita, después del comunicado y la rueda de prensa que di el 11 de enero, Fiscalía ya se comunicó con nosotros y hemos retomado estas reuniones, pero realmente es algo no lineal y va dependiendo de la exigencia mediática».
Durante esa rueda de prensa, Hernández Álvarez denunció la falta de interés que ha mostrado la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la indagatoria de la desaparición de su madre.
Asimismo, Maya se ha percatado de que la presión social son factores clave para que un caso se resuelva, de lo contrario, el avance por parte de las autoridades es casi nulo.
Cuando las autoridades quedan evidenciadas de su inacción es cuando retoman los casos. Si tu caso es viral o mediático, la probabilidad de que avance es mucho mayor, pero como quiera eso no te asegura que dejen de simular y tampoco te garantiza que se haga justicia.
Sobre la cobertura mediática de los casos de personas desaparecidas, la hija de Mayela Álvarez comenta que «el problema es que la Fiscalía siempre se salta a las familias, en casos como el de Debanhi, la Fiscalía filtró la información antes de darla a conocer a su familia. Entonces, aunque tu caso salga en medios, la revictimización y la incertidumbre, dudar si algo es real o no, nunca falta».
Maya Hernández detalla que si bien, ha recibido ayuda psicológica por parte del Estado, su familia vive con un hueco que las autoridades son incapaces de comprender.
«Hemos tenido ayuda psicológica y hemos conseguido estar mejor pero no entienden lo difícil que es asimilar que probablemente nunca volveremos a tener estabilidad, vivimos con un hueco permanente. Pero lo que nos sigue moviendo es la esperanza y la rabia, que esas sí no se nos acaban hasta encontrarla».
Maya reitera que ha tratado de hacer el mayor ruido posible y al día de hoy que sigue dándole difusión al caso de su madre desaparecida, la Fiscalía no ha podido darle avances concretos.
Ya estamos a 2023 y sigo con la misma información que me dieron en 2020, que encontraron la cartera de mi mamá en el Río Pesquería y es todo, no hay más.
A falta de apoyo gubernamental, redes de apoyo civiles dan seguimiento a reportes de personas desaparecidas
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Proyecto “A dónde van los desaparecidos”
Por más de una década, el gobierno federal ha llevado un registro de las desapariciones en el país que ha servido más para oficializar las cifras que para encontrar a quienes faltan, esto de acuerdo con la investigación denominada «Cruce de datos: la clave para localizar a miles de personas desaparecidas» publicada en adondevanlosdesaparecidos.org, proyecto conformado por periodistas de distintas regiones de México.
El reportaje revela que ante esta crisis de derechos humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) recién ha implementado un método llamado búsqueda generalizada, que permite mediante la creación y el cruce de bases de datos indagar el paradero de miles de personas al mismo tiempo y sin distinciones.
Tal consulta de múltiples fuentes y bases de datos (que incluyen desde papeles garabateados por sepultureros hasta sistemas informáticos institucionales con millones de registros) tiene el objetivo de encontrar personas desaparecidas: con vida, sin vida, individuos ausentes para alguien, cuyo destino, o parte de él, fue registrado por alguna institución gubernamental o privada.
Este cruce de datos resume la paradoja de miles de familiares que buscan a quienes ya han sido encontrados, pues hay casi 110 mil personas desaparecidas y, al menos, 52 mil cuerpos sin identidad.
Con este método masivo, la CNB obtuvo 49 mil 984 indicios que corresponden a 23 mil 469 personas, y poco más de la mitad de estos, pertenecen a cinco estados:
- Sinaloa
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco
- Estado de México
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Plataforma “No somos expedientes”
La plataforma «No somos expedientes» implementada por el Centro Prodh es una guía para continuar con la exigencia de acciones de búsqueda y dar seguimiento a carpetas de investigación a nivel nacional.
El espacio digital contiene información útil sobre los procesos jurídicos; herramientas para sistematizar la información que se genere en carpetas de investigación; formularios para incorporar esos datos y solicitar diligencias a las autoridades.
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Justicia por los desaparecidos en Nuevo León
Por su parte, Justicia por los Desaparecidos en Nuevo León cuenta con un portal web donde pueden consultarse recomendaciones al momento de interponer una denuncia ante el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, ante la Fiscalía virtual o en los centros de denuncia (CODES):
- El denunciante deberá presentarse con una identificación oficial, de preferencia credencial para votar o pasaporte vigente.
- El denunciante deberá proporcionar información sobre la persona desaparecida.
- Se solicitará llenar el Formato Estatal de Búsqueda Urgente
- Se recomienda que se tome nota del nombre de la persona que la atendió al realizar la denuncia y del número de denuncia asignado.
- Las instituciones encargadas de recibir la denuncia deberán reportar el caso de denuncia ante la Comisión Local de Búsqueda de Personas.
- Las instituciones a cargo de la denuncia deben emitir un reporte de búsqueda que se comparta a otras instituciones y a través de medios de comunicación y redes sociales.
- Si la víctima es menor de 18 años se deberá de solicitar y aplicar la alerta amber.
Las autoridades tienen la obligación de recibir la denuncia 24/7 por desaparición sin importar el tiempo que lleva desaparecida la persona y deben tomar la denuncia en el momento sin esperar 72 horas.
