Entre Periodistas
Por Andrés A. Solis*
Siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia le dijo al entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón que era urgente que la autoridad reaccionara ante la creciente llegada de periodistas a la Ciudad de México huyendo de amenazas y violencia en sus lugares de origen. Eso fue en septiembre de 2011, hace ya siete años.
Ebrard escuchó y delegó esa responsabilidad a Juan José García Ochoa, entonces subsecretario de Gobierno. Juan José pidió ayuda a organizaciones y periodistas y quienes acudimos al llamado acompañamos en el diseño de un convenio interinstitucional para que dependencias del gobierno, la CDHDF, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y quienes llegamos sin siglas ni logotipos, pudiésemos trabajar y reaccionar de manera inmediata para brindar protección sí, a periodistas, pero también a personas defensoras de derechos humanos.
Este convenio se presentó en marzo de 2012, antes de que se publicara la ley que dio creación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas del Gobierno Federal.
El gobierno capitalino operó, aunque de manera informal, el primer mecanismo de protección en el país.
Pero no tenía una ley, así que a partir de 2013 comenzamos a cabildear con la Asamblea Legislativa del DF y el resultado fue la promulgación en agosto de 2015 de la Ley que ordena la creación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.
Pero el Mecanismo no se instaló en octubre de ese 2015 como lo ordenaba la ley, por varias razones políticas y jurídicas, así que el “mecanismo informal” seguía operando así, de manera informal, con reacciones eficientes y respuestas inmediatas de parte de la autoridad y de quienes desde fuera del gobierno acompañábamos y hacíamos los estudios de evaluación de riesgo para determinar planes y medidas de protección.
Finalmente, el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México surgió el 1 de diciembre de 2016; con quince meses y medio de retraso.
Y hace apenas unos días, la ultima semana de agosto, tres años después de promulgada la ley, 21 meses después de entrar en operaciones legales el Mecanismo, se instaló el Consejo de Evaluación de Medidas.
Este es el dato, porque el Consejo de Evaluación de Medidas es el órgano responsable de hacer los estudios de evaluación de riesgo y el diseño de los planes de protección que deben ser aprobados y ratificados por la Junta de Gobierno del propio Mecanismo.
Este Consejo de Evaluación de Medidas está integrado por representantes de las dependencias del gobierno capitalino que están en el Mecanismo y por representantes del Consejo Consultivo del mismo y los estudios y análisis que realiza son parte de la atención de los casos por la vía del Procedimiento Ordinario.
Y es aquí lo relevante, pues el Gobierno de la Ciudad de México, las personas responsables del Mecanismo capitalino se tardaron 21 meses en instalar un órgano fundamental que debe establecer el nivel de riesgo de una persona y dictarle medidas cautelares.
El Mecanismo de la CDMX atiende ya 80 casos desde que nació, pero ninguno ha entrado al proceso completo de análisis de riesgo y hasta ahora sólo se han dictado medidas extraordinarias y de manera unilateral.
A siete años de que el gobierno de la capital fuera el primero en reaccionar para dar cobijo a decenas de periodistas y activistas que buscaban refugio, la protección ha sido incompleta, la Ciudad de México no es, como creían y decían, el santuario de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
