Por Debanhi Soto
En Nuevo León existen 668 donatarias autorizadas con fines sociales, lo que posiciona al estado como la cuarta entidad a nivel nacional con más organismos de la sociedad civil (OSC); solamente superada por la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco.
Sin embargo, pese a la gran cantidad de organismos civiles, el sector social del estado se enfrenta a presiones económicas y vulneraciones a derechos fundamentales que ponen en riesgo la labor de los organismos o su supervivencia.
Tan solo en los últimos años, la pérdida de apoyos federales, estatales, privados y la cancelación de fondos internacionales como los de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han sido un fuerte golpe para organismos de la sociedad civil que llevaban años operando como Alternativas Pacíficas o el Centro para la Información Ciudadana (CIC) que tuvieron que cesar sus funciones.
No obstante, cuando un organismo civil desaparece hay consecuencias en la democracia: se generan menos contrapesos, las comunidades que lo crearon quedan sin representación y el espacio cívico que se contrae es ocupado por otros actores que tienen sus propias agendas particulares.
“Cuando un organismo de la sociedad civil desaparece, deja un vacío en el espacio cívico. No es un vacío que se llene fácilmente (…) Si eventualmente otra organización o persona intenta retomar ese espacio, generalmente le toma mucho tiempo reconstruir lo que se perdió, y ese tiempo se traduce en oportunidades no aprovechadas, derechos no defendidos o problemas que avanzan sin nadie que les dé seguimiento” explicaron representantes de Consejo Cívico, organismo que agrupa a más de 115 asociaciones sociales estatales.
Falta de financiamiento golpea a organismos de la sociedad civil
En su informe “Aproximación estadística del sector social en Nuevo León: Desigualdades y fortalecimiento” realizado por Consejo Cívico, se expone que si bien Nuevo León es uno de los estados que más actividad filantrópica tiene, los recursos están mal distribuidos.
En el análisis se dividió a las organizaciones por cuartiles a partir de sus ingresos y destaca que el Q4 (el cuartil con más ingresos) concentra el 96.35% de los recursos financieros totales percibidos por todas las OSC del estado. Es decir que el resto de las organizaciones (equivalentes al 68.62% de todo el sector social estatal) debe compartir el 3.65% de los recursos restantes.
Las diferencias en cómo se reparten los recursos causa que mientras las OSC del grupo Q4 son financieramente autónomas y pueden subsistir generando recursos por cuenta propia; las organizaciones más pequeñas, pertenecientes a los cuartiles Q1, Q2 y Q3 dependen mucho de la filantropía, concentrando hasta el 81% de sus ingresos en donativos.
La dependencia excesiva de una sola fuente de ingresos compromete la supervivencia y viabilidad de los organismos de la sociedad civil o de proyectos de largo aliento.
Consejo Cívico señala que uno de los principales problemas de las organizaciones es que las fuentes de financiamiento se piensan como proyectos de donativos anuales y no como un esfuerzo sostenido a largo plazo.
“Fortalecer a la sociedad civil implica que el financiamiento —público, privado o de cooperación internacional— se piense en función de la naturaleza del trabajo que las organizaciones realizan: causas que requieren seguimiento constante, no proyectos de un solo ciclo anual”, explican.
Tan solo en octubre de 2025, el organismo alertó que la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León no había entregado cerca del 44% de los recursos comprometidos a organizaciones de la sociedad civil, lo que obligó a varias de ellas a endeudarse para cumplir con los informes y comprobaciones exigidos por el propio programa de financiamiento.
En 2026, la dependencia volvió a suspender la entrega de recursos debido a que el presupuesto estatal seguía sin aprobarse en el Congreso, afectando nuevamente el financiamiento de las OSC.
Entorno social de Nuevo León es hostil para ejercer los derechos cívicos
Adicionalmente al panorama económico poco favorable, se suma que en Nuevo León se ha estado creando un entorno hostil contra los movimientos sociales, el uso del espacio cívico y los derechos de manifestación.
En un informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se expone que entre 2021 y 2025 se han presentado 599 señalamientos en contra de Fuerza Civil, brazo policial del gobierno del estado que tiene recomendaciones de la CEDHNL por actos de represión.
Además, se han documentado actos de intimidación directos en contra de organizaciones de defensa de los derechos humanos como la que ocurrió en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), la detención de un integrante del colectivo La Voz de los Usuarios, el doxeo de activistas feministas o los intentos de desmantelar el Plantón Trans.
Es importante destacar que Nuevo León es uno de los únicos dos estados que no ha despenalizado los delitos contra el honor a pesar de que desde 2007 se eliminaron los tipos penales: injuria, calumnia y difamación del Código Penal Federal.
Pese a que activistas y periodistas enviaron desde noviembre de 2024 una propuesta al Congreso para que se armonizaran los códigos estatales con el federal, la eliminación de los delitos contra el honor del Código Penal Estatal sigue sin aprobarse.
Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo
