ÁGORA
Por Carolina Guadiana Sánchez y Jesús Rubio Campos
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de la Droga y la Prevención del Delito (UNODC, 2014), México es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado.
El reporte sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2019) señala que las mujeres víctimas del delito de trata de personas en México fueron 397 en 2018, 4.5 % más que en 2017.
Nuevo León ocupó el tercer lugar en el delito de trata de personas en 2017, con 29 víctimas (SESNSP, 2018).
Acharya y Clark (2010) [1] señalan que cada año cerca de 10,000 mujeres son tratadas internamente desde estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, etc., hacia Ciudad de México, Cancún, Acapulco, Monterrey y Ciudad Juárez, de las cuales, de cada 10 mujeres, tres son tratadas fuera de la frontera.
“La ciudad de Monterrey, Nuevo León, es uno de los principales destinos de las mujeres tratadas, en razón de su cercanía con los Estados Unidos, así como el aumento de turismo sexual” (Acharya, 2013 [2]).
En Nuevo León, el cumplimiento de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas es deficiente.
El Consejo Interinstitucional estuvo más de cinco años sin sesionar como lo ordena la ley y no se ha implementado el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado, el cual debe establecer los instrumentos de política pública. Gracias a exhortos y demandas reiteradas por parte de la diputada local Ivonne Bustos Paredes, el consejo sesionó por fin en noviembre de 2020.
También debe incluir en el Programa Estatal un diagnóstico certero, los actores que llevarán a cabo los objetivos, las estrategias y líneas de acción, los mecanismos de cooperación interinstitucional, la colaboración con la sociedad civil e instituciones de educación superior, las líneas de acción para el fomento de la cultura de la prevención del delito y los ejes rectores de la política pública.
Una sugerencia es etiquetar el presupuesto destinado para la prevención de la trata de personas, principalmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de las Mujeres.
Es muy deficiente la manera en la que se hace concientización de la problemática a la ciudadanía en el estado, ya que es raro encontrarse con publicidad que alerte a la gente sobre circunstancias en las que podrían ser captadas como víctimas de trata o en las que podrían estar propiciando el delito, como sí sucede en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez o Tapachula, donde existen campañas permanentes.
En cuanto a los albergues, no hay ninguno especializado en víctimas de trata en el estado, lo cual es necesario, pues estas personas necesitan atención especializada una vez que logran salir de la red de tratantes.
Sus vidas corren riesgo, al igual que la de las personas que las rodean, por eso es necesario contar con lugares destinados a la atención integral de las víctimas de este delito y su posterior reincorporación a la sociedad.
El Gobierno debería apoyar y trabajar en conjunto con las asociaciones civiles para el establecimiento de estos albergues.
En cuanto a materia legislativa la ley estatal debe ser armonizada con la ley general, además de castigar el delito de trata de personas con mayores penas, dependiendo del daño causado a las víctimas y el número de estas, así como la reincidencia.
El Estado debe establecer una fiscalía especializada para este delito, ya que requiere de mucha atención y conocimiento.
Es primordial distinguir los delitos relacionados a la violencia contra la mujer y el delito de la trata de personas, ya que las autoridades suelen tratarlos sin distingo, aunque la trata de personas con fines de explotación sexual esté más relacionada con el crimen organizado trasnacional, lo que hace a este delito más complejo.
Aún queda un largo camino para lograr una buena implementación de la política pública tanto a nivel nacional como estatal y mientras el Gobierno no esté dispuesto a cooperar para generar cambios verdaderos los esfuerzos y resultados se verán limitados.
Más información sobre la presente investigación disponible en: http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/view/4383
[1] Acharya, A. K. y J. B. Clark (2010) «The Health Consequences of Trafficking in Women in Mexico: Findings from Monterrey City» International Review of Sociology. Vol. 20, número 3.
[2] Acharya, A. K. (2013). Mujeres invisibles y victimización sexual en México. El caso de la trata de mujeres en Monterrey. Estudios Sociales, 42, 235-258.
ÁGORA es un espacio de reflexión del Consejo Nuevo León
