Ágora
Por Rodrigo Crespo*
El año 2020 ha sido totalmente atípico y difícil en muchos aspectos; también lo ha sido para el sector ambiental.
A nivel internacional los fondos de las cooperaciones que usualmente suelen apoyar este ámbito a través de inversiones en infraestructura verde, estudios, o desarrollando capacidades locales, han tenido que ser suspendidas momentáneamente, para redirigir recursos a los sectores de salud, la investigación enfocada al desarrollo de la vacuna o a la reactivación económica.
En el caso de México la situación se ha acentuado. Primero, debido a la política energética de la actual administración federal, que apuesta fuerte por las energías fósiles, yendo en contra de la tendencia internacional; segundo, por una redirección generalizada del gasto público federal a los proyectos prioritarios del Gobierno, en el cual lastimosamente no se encuentra el sector medioambiental.
Los presupuestos asignados a la Semarnat, Conagua, Conanp, Conabio, Conafor, etc., han decrecido año tras año, desde la pasada administración federal.
Si comparamos los presupuestos de 2014 y 2020, sin considerar la inflación, el presupuesto federal asignado al sector medioambiente decreció en 55 %. Si analizáramos los datos reales, descontando la inflación, el crecimiento negativo se incrementaría aún más.
El continuo deterioro al presupuesto del sector ambiental tiene severos costos en el largo plazo, no solo por proyectos que se dejan de impulsar, sino también por el personal técnico que han recortado constantemente en áreas que deberían de ser consideradas de seguridad nacional, como lo es la Conagua.
Dejar ir a técnicos que tienen décadas de experiencia en el manejo de presas, en los trasvases entre estados, e inclusive con los países vecinos, erosiona la capacidad de tomar buenas decisiones, basada en técnica, y termina dejando las decisiones en personas sin esa especialización, que decide en base a su intuición, que en muchos casos no es muy buena.
Ejemplo de ello lo estamos sufriendo en Tabasco. Y lo seguiremos viendo en todo el país no necesariamente en este sexenio, y cada vez se sufrirán más por los efectos del cambio climático, que parece generar más y de mayor intensidad fenómenos hidrometereológicos extremos.
En este sentido, 2021 no parece ser la luz al final del túnel, al menos bajo la perspectiva del gasto a nivel federal. Sin embargo, no todo es tan terrible. Hay algunas buenas señales que se comienzan a ver en el panorama.
Primero, el desarrollo de vacunas que comenzarán a revertir la crítica situación en el mundo. Y por el otro lado, el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, y su ya anunciada política de volver a incorporar a su país al Acuerdo de París.
Quizá la vuelta a la nueva normalidad en el caso de México tome más del primer semestre de 2021, y quizá las políticas públicas de nuestro vecino del norte en temas ambientales no tengan un efecto inmediato en la agenda ambiental de México; pero son buenas señales. Se comienza a revertir una mala racha.
En México, sin lugar a dudas el sector medioambiente, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, tiene que adaptarse deprisa a este desolado panorama. Para ello es indispensable ser más creativos y estratégicos en la aplicación de los recursos.
El sector público medioambiental debe ver en la sociedad civil y en el sector privado posibles aliados con quiénes coinvertir e impulsar proyectos que tengan un claro impacto en la sustentabilidad de nuestras ciudades y ecosistemas.
