EN CORTO
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe sobre desapariciones en México 2026 y concluyó que la desaparición en el país constituye una crisis humanitaria generalizada.
- La magnitud del fenómeno incluye 133 mil 970 personas desaparecidas y no localizadas, según el RNPDNO, y conteos independientes estiman que los cadáveres no identificados bajo custodia del Estado superan los 70 mil.
- La CIDH señala que en desaparición forzada la impunidad llega al 99.5%, y documenta que la carga de búsqueda recae en familias y colectivos sociales ante la insuficiencia estatal.
Por Debanhi Soto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos publicó su Informe sobre desapariciones en México de 2026. El documento de la CIDH, al igual que el de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluye que la desaparición en el país constituye una crisis humanitaria generalizada.
El organismo internacional concluyó que el fenómeno de desapariciones forzadas constituye una problemática marcada por altos niveles de impunidad, fallas estructurales en las investigaciones y vínculos entre autoridades y grupos criminales que ya acumula más de 130 mil víctimas.
En Verificado, te explicamos las principales claves del informe de la CIDH, qué revela sobre la magnitud de la crisis de desapariciones en México y porqué el organismo considera que el fenómeno ocurre en un contexto de macrocriminalidad.
¿Qué tan grande es la crisis de desapariciones en México?
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) existen 133 mil 970 personas desaparecidas que no han sido localizadas. Además, conteos independientes calculan que la cifra de cadáveres no identificados bajo custodia del Estado supera los 70 mil cuerpos.
Ambas cifras revelan la magnitud de la crisis de desapariciones en México, sobre todo al considerar que en los últimos años las personas desaparecidas aumentaron drásticamente. Entre 2021 y 2025 se reportaron 51 mil 325 nuevas desapariciones, una cifra 44% mayor a la que se reportó en el lustro anterior (2016-2020), según datos del informe.
Fuente: RNPDNO
Asimismo, en los primeros 111 días del año (es decir hasta el 11 de mayo de 2026) se reportaron 3 mil 482 personas no localizadas más, dando un promedio diario de 31.36 víctimas de desaparición cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Es por ello que el informe de la CIDH concluye que actualmente la desaparición es generalizada e indiscriminada, de manera que puede afectar a cualquier persona sin importar identidad, género, interacción con grupos criminales o ideología política.
Es importante destacar que el informe concluye que a diferencia del contexto de la Guerra Sucia de la segunda mitad del siglo XX o en las dictaduras latinoamericanas, en México las desapariciones no están vinculadas a expresar una opinión distinta a la del Estado Mexicano sino que más bien son parte de un sistema de macrocriminalidad donde hay organización entre el crimen y agentes estatales.
La CIDH expuso en su informe que si bien el crimen organizado es el perpetrador central de las desapariciones con fines de reclutamiento forzado, control territorial, castigo a la población civil o ajustes de cuentas; las desapariciones forzadas ocurren en un contexto de aquiescencia en el que cual las autoridades tienen conocimiento del riesgo pero no actúan para mitigarlo.
Además se han documentado conexiones profundas entre funcionarios públicos de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz y el crimen organizado, donde los agentes estatales son reclutados para cuidar la seguridad de los miembros de los grupos criminales o para entregar personas a los grupos delictivos.
Hombres jóvenes y mujeres adolescentes entre los principales grupos de riesgo
Si bien el informe de la CIDH destaca que las desapariciones son indiscriminadas, hay mayor incidencia en grupos específicos como hombres y mujeres jóvenes, adolescentes y niñas y personas migrantes, periodistas o miembros de la comunidad LGBTIQA+.
Fuente: RNPDNO
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas expone que el 78.71% de las personas desaparecidas y no localizadas son hombres, de las cuales el 43.65% tienen una edad entre los 20 y 34 años, lo que implicaría que se desaparece a hombres jóvenes con el fin de reclutarlos forzosamente para trabajar con el crimen organizado.
En cuanto a las mujeres, representan el 21.11% de todas las desapariciones y destaca que el grupo etario más vulnerable son las adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. El informe vincula estas desapariciones con la violencia de género, el feminicidio y la trata de personas con fines de explotación sexual o de trabajo doméstico forzado para grupos criminales.
Asimismo, hay grupos específicos con riesgos diferenciados como personas migrantes en rutas de tránsito que son desaparecidos con fines de extorsión a sus familias; defensores de derechos humanos y periodistas que son vulnerables debido a su labor o personas LGBTIQA+, víctimas de crímenes de odio.
Impunidad y deficiencias estructurales orillan a la sociedad civil a hacer labores de búsqueda
La CIDH expone en su informe que en los casos de desaparición forzada, la tasa de impunidad llega al 99.5% por lo que, ante la respuesta insuficiente y la falta de resultados por parte de las autoridades, la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas ha sido asumida por las familias y colectivos de víctimas.
Las investigaciones oficiales se caracterizan por deficiencias estructurales como falta de planes lógicos de investigación, el extravío de pruebas relevantes y una sobrecarga procesal que genera retrasos.
Además al panorama se le suma la “desaparición administrativa”, un fenómeno donde restos humanos ya custodiados por el estado no son identificados o entregados por negligencia en el registro. Un reportaje de Pie de Página detalla que con corte a 2024 había más de 72 mil 100 cuerpos en custodia estatal, de los cuales 34 mil 699 (48%) llegaron a las morgues durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
La inacción estatal transfiere la responsabilidad de la investigación a las familias de las víctimas quienes realizan la búsqueda en campo sin respaldo institucional y exponiéndose a riesgos extremos. Las personas buscadoras se enfrentan a amenazas, persecución, vigilancia e incluso asesinatos o ser víctimas de desaparición forzada.
Fuentes | Links
- Desapariciones en México | OEA
- CIDH señala “grave crisis de derechos humanos” en México por desapariciones | Proceso
- Gobierno Federal descalifica con argumentos falsos informe sobre desapariciones de la ONU | Verificado
- RNPDNO | CNB
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