- Un nuevo informe de la red LatamChequea examina cómo las organizaciones de verificación en la región abordan el uso de la Inteligencia Artificial Generativa. Aunque solo el 27% ha publicado un protocolo formal, la red lidera el estándar ético con dos reglas irrenunciables: la supervisión humana obligatoria y el etiquetado transparente ante la audiencia.
Por Liliana Elósegui
Cuando una audiencia descubre que un texto periodístico fue elaborado total o parcialmente con inteligencia artificial sin que el medio lo haya advertido, la reacción rara vez es indiferente. Casos recientes, como el de un diario que publicó por error las instrucciones que un chatbot le dio a un redactor, muestran que el silencio institucional sobre esta tecnología tiene un costo: erosiona la confianza que sostiene la relación entre un medio y su público.
Esa es la premisa de “Análisis de las Políticas de uso de la Inteligencia Artificial Generativa (PUIAG) en organizaciones integrantes de LatamChequea”, un informe de la investigadora Flavia Pauwels para el grupo LatamChequea Innovación, publicado en junio de 2026.
El estudio revisó los sitios web de las 48 organizaciones que integraban la red (entre unidades de verificación, organizaciones sociales y alianzas periodísticas de 21 países) para determinar cuántas tienen una política pública sobre IA generativa y qué establecen esos documentos.
Una minoría, pero en crecimiento
El primer hallazgo es claro: solo 13 organizaciones, el 27% de la red, tienen publicada una política específica sobre IA, repartidas en ocho países a febrero del 2026. Brasil encabeza la lista: sus cinco organizaciones: Estadão Verifica, UOL Confere, Agencia Lupa, Aos Fatos y Projeto Comprova; fueron pioneras desde noviembre de 2023.
Chequeado (Argentina), Fast Check (Chile), Verificado (México) y Factchequeado (Estados Unidos) se sumaron durante 2025 e inicios de 2026, junto con Ecuador Chequea, Infodemia (El Salvador) y Cazadores de Fake News (Venezuela).
El dato cobra relevancia al compararlo con el resto del ecosistema mediático regional: otros relevamientos citados en el informe indican que la mayoría de los medios latinoamericanos aún no han desarrollado políticas de transparencia sobre IA.
Que una cuarta parte de las organizaciones de LatamChequea ya cuente con una y que la tendencia sea creciente, ubica a la red en un lugar poco común: el de sujeto de estudio antes que objeto de señalamiento.
Los dos consensos
El informe no se limitó a contar cuántas políticas existen: analizó su contenido para identificar consensos. Encontró dos puntos en los que el acuerdo es total entre las 13 organizaciones:
- La supervisión humana es innegociable. Todas las políticas establecen que ningún contenido elaborado con IA se publica sin revisión previa. Algunas, como la de Ecuador Chequea, detallan exactamente qué implica esa revisión: verificar datos, cifras, nombres y la existencia real de las fuentes citadas.
- La transparencia hacia la audiencia también es unánime. El 100% de las políticas exige algún aviso, etiqueta o leyenda cuando se usa IA. Más de la mitad especifica dónde debe colocarse y qué texto debe contener. En Verificado, por ejemplo, distinguimos tres niveles de intervención: asistencia mínima, moderada y significativa con una leyenda distinta para cada uno.
Los derechos que más preocupan
El análisis identificó tres derechos protegidos con mayor frecuencia: privacidad y datos personales (76% de los casos), propiedad intelectual y derechos de autor (69%) e igualdad y no discriminación frente a sesgos algorítmicos (69%).
Esto último es clave en la generación de imágenes: varias organizaciones, entre ellas Estadão, incluyen recomendaciones para evitar reforzar estereotipos de género o etnia al usar IA con fines visuales.
El contenido audiovisual, de hecho, es uno de los terrenos más regulados. Casi la mitad de las políticas permite imágenes generadas con IA solo si son «ilustrativas» y explícitamente no realistas, para que no se confundan con fotografías o videos verdaderos. Apenas una organización contempla, bajo condiciones estrictas, imágenes con apariencia realista, y solo en contenidos no informativos.
En cuanto a las tareas autorizadas, el patrón es consistente: la IA se habilita sobre todo en el proceso de verificación en el análisis de grandes volúmenes de datos, transcripción, detección de contenido potencialmente falso; y en funciones de apoyo, como resúmenes, correcciones de estilo o ideas para titulares.
La redacción de borradores completos aparece mucho menos autorizada.
Los aspectos a desarrollar
El informe también documenta áreas de oportunidad: menos de la mitad de las organizaciones explicita qué autoridad interna vigila el cumplimiento de su propia política, y no existen aún mecanismos públicos para evaluar si estas normas funcionan en la práctica.
Por eso, entre las recomendaciones para la red figuran mapear y difundir qué organizaciones cuentan con estas políticas, abrir espacios de intercambio entre quienes ya las redactaron y quienes aún no, y avanzar hacia consensos mínimos que eventualmente puedan convertirse en una política compartida de LatamChequea.
Por qué esto le importa a la audiencia
El estudio destaca un punto que conecta con la misión del fact-checking: la autorregulación sólo cumple su función si el público la conoce. Una política de IA que nadie encuentra en el sitio web de un medio equivale, en la práctica, a no tener política.
Por eso el hallazgo de que el 61% de las organizaciones ubica su documento en un lugar visible, ya sea en el encabezado o pie de página, es tan relevante como el hecho de tenerla: la transparencia no es solo redactar reglas, sino asegurarse de que la audiencia sepa que existen y pueda exigir su cumplimiento.
En un momento en que la desconfianza hacia el periodismo asistido por IA crece con la misma rapidez que la adopción de la tecnología, los medios de LatamChequea muestran que es posible avanzar sin renunciar al principio que sostiene al fact-checking: que los procesos, y no solo los resultados, también deben poder verificarse.
