Entre Periodistas
Por Andrés A. Solís*
La pandemia les obligó a replegarse, como a todo mundo, así que tuvieron que cambiar las fechas y acomodarse a los eventos virtuales.
Esta semana inició el encuentro de medios públicos convocado por el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), para analizar la situación actual de los medios que son propiedad del Estado y el papel que deben jugar en tiempos de pandemia, de desinformación y de cambios políticos y electorales.
En el caso mexicano hay más de 200 medios públicos, fundamentalmente de radio y televisión, aunque hay algunas plataformas digitales, medios que sólo se difunden por Internet y uno que otro impreso que llega a sobrevivir en el formato de revistas.
El mayor reto ha sido el mismo de toda la vida. ¿Qué hacer para que los medios públicos sean públicos y no estén al servicio de quiénes gobiernan?
¿Cómo hacerle para que sus contenidos sean de interés público y que no se utilicen para exaltar al personaje que encabeza el gobierno federal o el estatal? Hay que recordar que cada estado de la República cuenta con su propio sistema estatal de radio y televisión, así que obedecen al tlatoani en turno que cobra como gobernador, gobernadora o jefa de gobierno.
El único caso aparte es el Sistema Morelense de Radio y Televisión que depende directamente del Congreso del Estado, que en el caso actual no significa que tenga autonomía, pues está al servicio de un poder.
Casi la totalidad de los ingresos de los medios públicos son asignaciones presupuestales, aunque hay algunas emisoras de radio y televisión que pueden comercializar sus espacios.
Hay otros medios que más allá de su labor de difusión de mensajes, también tienen ingresos a través de la venta de servicios de producción y hasta de rentar equipo, funcionan como casas productoras, pero son pocas y no reciben suficientes contratos ni siquiera de las entidades públicas.
Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia y canceló los contratos a casas productoras que hacían campañas para dependencias federales, no se dio cuenta de que canceló también los contratos que le daban ingresos a Canal Once, Canal 22, el Imer y Radio Educación.
Estos mismos medios públicos se quedaron fuera de la jugada para producir los contenidos educativos para esta pandemia y el gobierno prefirió darle ese recurso a las televisoras privadas.
Ahora se discute en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de egresos para 2021 y dentro de esta discusión están los presupuestos para estos medios públicos que en 2019 y 2020 han visto que una vez aprobado el gasto anual, les han ido quitando y quitando.
Tan sólo este año los medios públicos perdieron entre 20 y 40 por ciento del gasto programado.
Y con estas restricciones presupuestales viene el segundo peor enemigo de los medios públicos y que es el tipo de periodismo que hacen, porque corren siempre el riesgo de hacer un periodismo oficioso y no informativo.
Las radios y televisoras estatales han servido para exaltar el trabajo de quien gobierna cada entidad y a nivel federal el Canal 14 ha mostrado cada vez más ser un medio de propaganda en vez de un medio de información.
Los noticiarios de Canal Once tienen más noticias del presidente López Obrador que sobre otros temas de interés y hasta han servido este año para editorializar la nota y criticar a quienes critican al actual gobierno.
Sólo Radio Educación y los noticiarios del Imer parecen estar más del lado de sus audiencias, aunque siguen igual que cuando gobernaban otros partidos y no hacen periodismo sobre temas de corrupción desde el gobierno.
Y ese seguirá siendo el mayor reto de cualquier medio público. Hacer periodismo de servicio público y no al servicio del poder púbico.
