DIÁLOGOS
Por Rubén Ávila*
El nuevo episodio del abanderado de los movimientos antiderechos, el diputado Juan Carlos Leal, se conoce como “Pin Parental”. Una idea reciclada del partido español de ultraderecha conservadora VOX.
La iniciativa busca bloquear el derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes de acceder a la educación sexual integral, permitiendo a las madres y padres de familia elegir los contenidos educativos de las escuelas.
En mayo del 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Art. 3º referente al derecho a la educación, donde textualmente se incluye la educación sexual integral junto a otros temas como la perspectiva de género, la salud sexual y reproductiva y la diversidad sexual.
Esto sin mencionar los principios de interés superior de niñas, niños y adolescentes y el libre desarrollo de la personalidad. En síntesis, el pin parental contradice todo lo anterior, por tanto, es inconstitucional.
Por otro lado, quienes impulsan esta iniciativa demuestran su falta de conocimiento sobre el sistema educativo y las realidades actuales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
De ser diferente, sabrían que hablar sobre sexualidad en planteles educativos no responde al interés de profesoras, profesores u organizaciones externas de “sexualizar” o “imponer ideologías”, sino a la realidad de millones de estudiantes que enfrentan día a día las consecuencias de la falta de conocimiento sobre sexualidad en las escuelas y, más importante aún, en los hogares.
Esta situación tiene consecuencias como el incremento de infecciones de transmisión sexual, embarazos adolescentes, denuncias sobre violencia sexual, bullying por orientación sexual o identidad de género e incluso el suicidio.
Las diputadas y diputados impulsores de esta reforma ignoran los resultados ineficientes de iniciativas de control de contenidos en el pasado, como el Parental Advisory Explicit Content (Aviso Parental de Contenido Explicito) o el Parental Control (Control Parental), las cuales tuvieron como consecuencia que niñas, niños y adolescentes buscaran acceder a los “contenidos prohibidos” en secreto y exponiéndose a mayores riesgos.
A quienes promueven el pin parental les dará diarrea cuando se enteren que bloquear contenidos sobre sexualidad en las escuelas no significa nada cuando, según cifras del INEGI, las personas entre los 6 y 17 años representan el 24.9% de los 80.6 millones de usuarios de internet en México.
Si, internet, dónde existe una cantidad incalculable de información y contenido sobre sexualidad, sin padres, madres, diputadas o diputados que puedan decidir que es correcto y que no.
Bloquear la educación sexual integral, solo genera que alumnas y alumnos no tengan la posibilidad de procesar de forma crítica y responsable los contenidos sobre sexualidad que encuentran en internet y en sus relaciones diarias, y con ello pierdan la posibilidad de ejercer su sexualidad tomando decisiones informadas.
De aprobarse esta iniciativa, esperemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) promueva una acción de inconstitucionalidad o, en dado caso, el Bronco en calidad de Gobernador de Nuevo León diga #NoAlPinParental y vete esta reforma.
Sería una buena forma de redimirse de aquellos “programas educativos” dónde promovía el voto de castidad cuando era Alcalde del municipio de García en 2011.
De no ser así, también funcionaría que Cecilia Reyes, Directora del Instituto Estatal de las Mujeres y Alejandro Reyna, Director del INJUVE, le digan a su jefe que esta reforma debe ser vetada y así, muestren su compromiso y responsabilidad ante las poblaciones por las que trabajan y principales afectadas por esta iniciativa: las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Nuevo León.
