Persecución de migrantes en sedes mexicanas del Mundial

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Por Melina Barbosa

Previo al pitazo inicial del Mundial de Futbol 2026, organizaciones defensoras de derechos humanos y la ciudadanía han denunciado el recrudecimiento de operativos migratorios en la Ciudad de México.

Esta práctica no es exclusiva de la capital. En Monterrey, Nuevo León, otra de las sedes mundialistas, autoridades municipales implementan desde hace meses una estrategia similar de retiro masivo de migrantes de espacios públicos.

Operativos documentados

En redes sociales circulan videos recientes donde aparecen miembros del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el INM realizando operativos de detención migratoria en colonias como San Rafael, Guerrero, Doctores, Polanco, Cuauhtémoc, Roma y Patriotismo, así como en Ciudad Nezahualcóyotl.

De acuerdo con Impunidad Cero, se trata de operativos que han vulnerado los derechos humanos de las personas migrantes y el debido proceso.

La Red Jesuita con Migrantes México documentó, entre las principales violaciones: detenciones arbitrarias en vía pública y domicilios privados; traslados forzados a estaciones migratorias en el sur del país sin informar el destino —principalmente «Las Agujas» en Iztapalapa y «Siglo XXI» en Tapachula—; casos de incomunicación; y la participación de fuerzas armadas en tareas que, por ley, deben tener un carácter estrictamente civil.

Uno de los casos más representativos es el de Alexis, ciudadano mexicano que denunció la detención de su esposa de nacionalidad cubana junto con otras diez personas dentro de un edificio en la colonia San Rafael, la noche del 4 de mayo.

Según su testimonio, los uniformados se negaron a identificarse y no presentaron orden oficial. Su esposa fue trasladada a la estación migratoria «Las Agujas», en Iztapalapa, y aunque organizaciones defensoras posteriormente confirmaron su liberación, actualmente se encuentra en Veracruz.

El INM niega redadas, pero no rinde cuentas

Pese a los reportes y testimonios documentados por medios de comunicación nacionales e internacionales, el Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó los operativos a través de una tarjeta informativa fechada el 6 de mayo

El instituto afirmó que su actuación obedeció a «un oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la CDMX con la intención de prevenir algún acto delictivo», pero no ofreció detalles sobre el número de personas detenidas y su condición, los lugares de traslado ni los criterios aplicados.

La plataforma del Sistema Público de Radiodifusión, Infodemia, se sumó a esa postura y calificó como «falso» que se realicen redadas —citando como única fuente al propio INM—, cuya justificación descansa en el principio de una «movilidad segura, ordenada, regular y humana».

En Monterrey, los operativos antimigrantes también persisten

La Ciudad de México no es el único escenario. En Monterrey, sede mundialista y capital de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de MTY intensificó desde marzo de 2026 el «Operativo Rastrillo».

Una estrategia para retirar a personas en situación de calle y migrantes, identificarlas mediante registro biométrico y trasladarlas a celdas municipales.

El secretario de Seguridad Pública de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, presumió ante Telediario que entre 2025 y hasta abril de 2026 se realizaron 2,271 detenciones de migrantes: 2,165 por faltas administrativas y 106 por delitos.

Asimismo, el funcionario detalló que los operativos se realizan de manera permanente en la zona centro, en coordinación con la Guardia Nacional y el INM.

migrantes
Captura de video promocional del mundial | INM

La autoridad municipal sostiene que la estrategia busca retirar de las calles a personas sin hogar y migrantes para evitar que sean reclutadas por la delincuencia organizada y poder bajar la incidencia delictiva. 

Pero Sánchez Quiroz detalló públicamente la nacionalidad de las personas involucradas en delitos, asociando patrones criminales específicos a ciudadanos hondureños, venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos y colombianos.

Organizaciones de derechos humanos advierten que identificar públicamente la nacionalidad de personas detenidas —sin que ese dato sea relevante para la investigación— contribuye a instalar en el imaginario colectivo una asociación entre migración y delincuencia, estigmatiza a comunidades enteras y alimenta un clima de xenofobia que ya tiene antecedentes documentados en Nuevo León.

Defensores de derechos humanos e investigaciones (como esta de la UANL) también describen estos operativos como una política de «invisibilización forzada» que, bajo el discurso de administración de la seguridad en el primer cuadro de la capital regiomontana, desplaza y criminaliza a quienes no encajan en la narrativa del «éxito regiomontano».

El costo humano del orden

La Red Jesuita vincula los operativos capitalinos con discursos de «orden y limpieza» previos al inicio del torneo de futbol, señalando que se trata de una política de persecución y criminalización bajo un esquema «profundamente militarizado» e incompatible con el carácter civil que deben tener las tareas migratorias.

Y el problema va más allá de los operativos. El colectivo denuncia que «la situación migratoria irregular de las personas detenidas es consecuencia directa del colapso institucional del propio sistema de protección internacional en México».

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha visto debilitada gravemente su capacidad operativa (habiendo perdido más del 60% de su presupuesto tras el recorte de fondos de ACNUR) lo que ha generado cuellos de botella que dejan a decenas de miles de personas atrapadas en una etapa de pre-registro que puede extenderse hasta más de 10 meses sin que puedan siquiera presentar formalmente su solicitud de refugio.

«A ello se suma que el INM ha dejado de expedir documentos migratorios de manera sistemática, incluso incumpliendo los plazos establecidos por la ley mexicana para el otorgamiento de permisos de trabajo durante el proceso de solicitud. En este contexto, la «irregularidad» que el Estado utiliza como justificación para detener a estas personas es una irregularidad que el mismo Estado ha producido y perpetúa», señala la Red Jesuita en un comunicado emitido el 6 de mayo.

Impunidad Cero subraya que la situación migratoria irregular de una persona nunca debe utilizarse como pretexto para vulnerar sus derechos o justificar detenciones arbitrarias, y que ninguna acción migratoria debe tener un enfoque militarista.

Ante este tipo de operativos, la organización recuerda que, durante cualquier procedimiento migratorio en México, el Estado tiene la obligación de asignar un defensor o defensora de oficio a la persona migrante.

De acuerdo con el Amparo en Revisión 388/2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el plazo máximo de detención en estaciones migratorias es de 36 horas, tras las cuales el proceso debe continuar en libertad.

A quienes enfrenten una detención, Sin Fronteras IAP y Conexión Migrante recomiendan:

  • Mantener la calma y evitar confrontaciones.
  • Solicitar nombre, cargo y dependencia de los agentes.
  • Preguntar los motivos de la detención.
  • Pedir asistencia legal inmediata.
  • No firmar documentos que no se comprendan o estén en otro idioma.
  • Documentar los hechos en la medida de lo posible.
  • No entregar documentos originales sin justificación clara.
  • Comunicarse con la embajada del país de origen, consulado, familiares o amigos.
  • Ejercer el derecho a guardar silencio, consagrado en la Constitución Mexicana y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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