Congreso de Nuevo León mantiene pendientes derechos clave para la población LGBT+

• El estado de Nuevo León mantiene pendientes legislativos en materia de derechos de la población LGBT+: no se ha garantizado por ley el reconocimiento de la identidad de género e infancias y adolescencias trans, se siguen sin tipificar los crímenes de odio y el transfeminicidio aún no se reconoce como delito.

Por Melina Barbosa

Nuevo León llega al mes del orgullo 2026 con tres deudas legislativas. La primera es que no ha reformado su Código Civil ni emitido un decreto para garantizar el reconocimiento de la identidad de género que 25 de 32 estados ya protegen mediante ley o decreto ejecutivo. 

Lo que existe en el estado desde 2020 es una práctica que opera por la coordinación voluntaria del Registro Civil y el Poder Judicial local. La institución pública gestiona el trámite y un tribunal lo avala aplicando por interpretación el Código Civil y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ninguna ley haya creado expresamente este procedimiento. 

En 2017, la Corte IDH estableció que los Estados deben garantizar procedimientos sencillos de reconocimiento de identidad de género. En 2022, la SCJN reafirmó ese estándar y lo extendió a infancias y adolescencias trans cuando invalidó la exigencia de tener 18 años para acceder al trámite.

Sin protección legal de ese derecho, basta con que esa coordinación administrativa se rompa para que el acceso en Nuevo León desaparezca.

La segunda deuda es que no tipifica los crímenes de odio como figura específica, que 12 entidades ya sancionan. Y la tercera, que no reconoce el transfeminicidio como delito, el cual ya se encuentra tipificado en seis estados del país y obliga a investigar el móvil de odio y a respetar la identidad de la víctima.

Ese rezago no es por falta de propuestas. Desde 2024, Casa Trans y Transneolonesas han buscado la tipificación del transfeminicidio.

En agosto de 2024, Ana Eugenia Rodríguez, entonces regidora del gobierno de Monterrey, Aruba Williams, presidenta de Casa Trans y Sofía Cristina Rivera de Transneolonesas, formularon una iniciativa para reconocer y sancionar el asesinato de mujeres trans que fue suscrita por la diputada de Morena, Anylú Bendición, quien llegó al cargo mediante la acción afirmativa LGBT+.

Sin embargo, esta fue dada de baja conforme al artículo 46 del reglamento, lo cual genera alerta sobre dos iniciativas ciudadanas de 2025 relativas a transfeminicidio y crímenes de odio, que vencerán en agosto de 2026 de no ser dictaminadas.

Sin mayoría progresista, sin dictamen y con reloj corriendo

Tres iniciativas clave esperan dictamen en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública. El 6 de agosto de 2025 se recibieron dos: una ciudadana sobre transfeminicidio, de Ángel Tamayo e Ingrid Mendoza, y otra de las diputadas Anylú Bendición, Grecia Benavides y Greta Barra para tipificar crímenes de odio por orientación sexual, identidad o expresión de género como delitos graves.

El 24 de noviembre de 2025, Aruba Williams, Sofía Cristina Rivera, Ana Eugenia Rodríguez y diversas integrantes de Casa Trans Monterrey presentaron una segunda iniciativa sobre transfeminicidio.

Las dos de agosto vencen el mismo mes en que termina el periodo de Itzel Castillo Almanza, del PAN, al frente de la mesa directiva. 

La diputada Greta Barra Hernández cuestionó en entrevista el mecanismo de caducidad anual.

“La ley no obliga a que las iniciativas pasen a comisión antes de vencer”, por lo que pueden desaparecer sin votación, sin debate formal y sin registro. Un mecanismo, dice, “sin costo político visible” para quien lo ejerce.

A ello se agrega el mapa de fuerzas en el Congreso. Morena no tiene mayoría, mientras que PAN y PRI se alían con frecuencia en estos temas. MC, que a nivel nacional se presenta como partido progresista, ha mostrado posturas conservadoras a nivel local. 

En enero de 2026, el Congreso de Jalisco rechazó una reforma sobre identidad de género de infancias trans con votos de MC, PAN, PRI y Partido Verde. En 2023, cuatro integrantes de la bancada de MC y seis del PAN votaron en contra del matrimonio igualitario en Nuevo León, la entidad número 28 en aprobarlo tras años de rezago.

«En Nuevo León tenemos un Movimiento Ciudadano que es panista, muy conservador, muy diferente al que pudieses ver en Ciudad de México», considera Barra Hernández.

El bloqueo también es estructural. Las iniciativas sobre transfeminicidio y crímenes de odio fueron turnadas a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, mientras que las que requieren modificar el Código Civil para el reconocimiento de la identidad y de las infancias trans corresponden a la Comisión de Legislación. La Comisión para la Igualdad de Género, que preside Greta Barra, no tiene competencia sobre ninguno de los dos códigos.

«A mi comisión no le toca nada del Código Penal. Y la gran mayoría de las reformas que se tienen que presentar son o al Código Penal o al Código Civil”.

Las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, que dictaminan y analizan las reformas al Código Civil y que deciden si garantizar el derecho a la identidad de infancias trans, tienen como presidenta y vicepresidenta a Claudia Caballero del PAN, respectivamente. 

En febrero de 2026, Caballero presentó una iniciativa para declarar el 25 de marzo como el ‘Día de la Vida’, acompañada por el vocero de la plataforma Actívate, parte de una red de presión institucional que coordina campañas en congresos para frenar reformas sobre derechos sexuales, reproductivos y de identidad de género. 

Del bloqueo en papel a la puerta

El bloqueo trascendió las comisiones y en pleno mes del orgullo, la comunidad LGBT+ fue excluida del Congreso. El personal de seguridad impidió el acceso a la diputada Greta Barra y a las activistas trans Aruba Williams y Ana Eugenia Rodríguez, quienes se dirigían a un foro ciudadano organizado por Rainbow Alliance.

Ante estos hechos, la bancada de Morena exige un comunicado oficial de Castillo, una disculpa pública del coordinador de seguridad y un protocolo que garantice la no repetición.

Rainbow Alliance interpuso un amparo, mientras que las activistas presentaron denuncias ante la Fiscalía y organismos de derechos humanos.

“Existe una deuda histórica que no les estamos cobrando, estamos pidiendo que hagan lo mínimo”, declaró en entrevista Ana Eugenia Rodríguez, vocera del plantón trans que suma más de 200 días en resistencia.

Rodríguez además apuntó a la contradicción entre el discurso institucional y la práctica, pues a la entrada del recinto legislativo una placa declara que en ese espacio no se discrimina.

“La indiferencia y la omisión también son culpa. Lo que ellos han hecho con nosotras al prohibirnos la entrada es discriminación, creo que es uno de los capítulos más vergonzosos en la historia del legislativo en el Estado de Nuevo León”, concluyó.

Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo