Por Andrés Castañeda Prado*
La pandemia por SARS-CoV-2 que inició en China a finales de 2019 se ha expandido por el mundo recordándonos que no existen fronteras para la naturaleza. Y aunque COVID-19 afecta a todos de manera democrática, no todos somos igualmente vulnerables.
Todos estamos expuestos, pero hay tres factores que diferencian el riesgo de contraer y fallecer por el nuevo coronavirus: las comorbilidades (otras enfermedades), el grado de exposición al virus y la calidad de la atención cuando uno enferma. Estos tres factores dejan en desventaja a las personas en condiciones económicas vulnerables.
Las enfermedades crónicodegenerativas son el principal factores de riesgos para COVID-19 y están claramente ligadas a los determinantes sociales de la salud, es decir, a las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen.
Hay factores de riesgo, como la nutrición, que desde el nacimiento o en lo primero años de vida exponen mucho más a los individuos a sufrir en el futuro estas enfermedades. A esto se le suma que por su condición socioeconómica suelen trabajar largas horas, expuestos a una alimentación con alta carga calórica y con dificultad por espacio y tiempo para realizar actividad física.
Es por ello que en México la mortalidad por hipertensión arterial es 1.13 veces más entre los más pobres, lo cual se agudiza en zonas rurales y entre población indígena.
Para aquellos miles de mexicanos que viven al día es muy difícil, por no decir imposible, “quedarse en casa”. En México, de acuerdo con datos del Coneval de 2017, 50.2 millones de personas (cuatro de cada 10 mexicanos) tenían un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, es decir que el 41 % de los mexicanos viven al día.
Esto sin considerar los 12 millones de empleos perdidos (formales e informales) reportados por el INEGI al 1 de junio de este año. Por estas razones, millones de mexicanos se ven en la necesidad de exponerse en el transporte público y en sus lugares de trabajo para poder comer.
No es de extrañarse que, aunque la pandemia inició en México entre quienes tenían la capacidad de viajar, pues se contrajo principalmente de contagios en Europa, cada vez son más las personas sin seguridad social que pierden la vida a causa de COVID-19 y los municipios con mayores contagios y muertes son también algunos de los más densamente poblados y los que tienen mayores tasas de pobreza.
Finalmente vale la pena resaltar que en México no todos los hospitales son iguales. No solamente estoy hablando de la diferencia entre públicos y privados. Entre los mismos hospitales públicos hay enormes diferencias.
En gran medida porque grandes hospitales así como hospitales especialistas se concentran en las ciudades y también porque se invierte en salud de manera inequitativa, generando derechohabientes de primera, de segunda y hasta de tercera clase.
Instituciones como Pemex, Sedena y Semar tienen un gasto per cápita de $10,671 en sus derechohabientes, mientras que el ISSSTE $3,973, IMSS $3,510 y hasta los beneficiarios del Seguro Popular (ahora Insabi) que tenían un gasto per cápita en 2017 de $1,168.
Esta inequidad de presupuesto influye en la calidad de la atención y se refleja ahora con la pandemia de COVID-19 puesto que la calidad de atención (recursos humanos y materiales) son determinante en el pronóstico de la enfermedad.
Con los datos existentes sobre los casos en el país se puede apreciar cómo el 53.4 % de las personas contagiadas que ingresan a una Unidad de Cuidados intensivos del Insabi o el IMSS-Bienestar fallecen comparado con solo el 46 % de que son atendidos en el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena u hospitales privados.
La pandemia por COVID-19 es una prueba más de que vivimos en una sociedad desigual. La inequidad trasciende lo económico porque vulnera la salud y por lo tanto la vida de muchos mexicanos. Reducir estas brechas debe ser un tema prioritario y transversal en la política pública.
ÁGORA es un espacio de reflexión del Consejo Nuevo León
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