Por Melina Barbosa
El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posible explotación de gas no convencional (fracking) representa una ruptura con su promesa de campaña.
En el documento 100 pasos para la transformación 2024-2030, Sheinbaum sostuvo que “no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”, compromiso que ahora parece abandonado en aras de alcanzar la soberanía energética mediante la reducción de la dependencia del gas importado de Estados Unidos.
Al menos 80 organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) y Conexiones Climáticas advierten que esta ruta es un espejismo.
En un comunicado fechado el 9 de abril, apuntan que, incluso si se extrajera todo el gas disponible en el subsuelo mexicano, las proyecciones del propio Plan Estratégico de PEMEX indican que hacia 2035 se alcanzaría una producción de 4,988 miles de millones de pies cúbicos diarios. Esta cifra no alcanzaría para cubrir la demanda actual de 9,000.
Además, dado que PEMEX reconoce los retos de inversión que implica esta expansión, el gobierno mexicano tendría que recurrir a la iniciativa privada —incluidas compañías estadounidenses con experiencia en fracking—, lo que pondría la pretendida soberanía energética en manos extranjeras.
Evidencia científica y obligaciones internacionales
La Alianza Mexicana Contra el Fracking, integrada por más de 40 organizaciones civiles y sociales en diversos estados del país, se apoya en evidencia científica y marcos jurídicos verificables para rechazar la apertura a esta práctica.
En materia científica, el Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking —publicación independiente que en su novena edición reúne más de 2,300 estudios revisados por pares— concluye que los riesgos del fracking para la salud pública y el clima están documentados y van en aumento.
Si bien es cierto que el gobierno mexicano presentó el uso de agua residual tratada, congénita o de mar como una solución al problema hídrico del fracking, la Alianza advierte que se trata de una promesa costosa.
Cada planta de tratamiento exige entre 5 y 10 millones de dólares solo para arrancar, más entre 3 y 6 dólares por barril en operación continua. Lejos de resolver el problema, esta ruta trasladaría una carga financiera a PEMEX, empresa que ya arrastra una deuda elevada.
En materia jurídica, en 2025, tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron opiniones consultivas en las que establecieron que prevenir daños ambientales significativos es una obligación vinculante para todos los Estados. Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre cambio climático señaló, en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, que los Estados deben prohibir el fracking conforme a la mejor información científica disponible.
A ello se añaden tres instrumentos internacionales suscritos por México que las organizaciones consideran directamente relevantes: el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar la participación pública en decisiones ambientales; el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas; y los compromisos de la Agenda 2030 en materia de transición energética y acción climática.
Riesgos del modelo extractivo
Dos episodios recientes que ejemplifican los riesgos de profundizar el modelo extractivo son el derrame en el Golfo de México que comenzó en febrero —del que ni PEMEX ni el gobierno se han hecho responsables— y la explosión del pozo exploratorio Krem-1 en Las Choapas, Veracruz.
Para la Alianza, ambos casos ilustran lo que comunidades indígenas y campesinas de la Huasteca Potosina, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Coahuila llevan más de diez años reiterando: la vida y los territorios no están disponibles para el extractivismo voraz.
“Hacemos un llamado respetuoso a la presidenta de México y a las cámaras legislativas para que reconozcan que el desarrollo no debe significar la fractura del tejido social de las comunidades indígenas y rurales. Exigimos una ley que prohíba explícitamente el fracking en todo el territorio nacional, priorizando la integridad del ciclo del agua, la biodiversidad y los derechos de los pueblos por encima de los intereses extractivos”, señalan consejeros y representantes indígenas del estado de San Luis Potosí.
La amenaza del fracking en San Luis Potosí es concreta: el Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035, presentado en agosto del año pasado, contempla operar en 367 comunidades indígenas de los pueblos tének y náhuatl, distribuidas en 17 municipios de la Huasteca Potosina, una región donde esas comunidades representan el 70% de los 735 mil habitantes de la zona.
Con base en el derecho nacional e internacional, las comunidades exigieron ser consultadas antes de que el plan estratégico de PEMEX avanzara, pero ese proceso de consulta nunca ocurrió.
Un comité técnico bajo la lupa
Durante la mañanera del 8 de abril, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, adelantó que el miércoles 15 de abril se estaría presentando formalmente al comité que analizará “todas las técnicas ambientales y avances científicos que hay para la mejor explotación; y que esta explotación y este incremento de la producción de gas se realice con las mejores tecnologías y mejor uso sustentable del agua en nuestro país”.
Ante este anuncio, diversas organizaciones subrayan que el fracking “no es un asunto meramente técnico, sino una definición política, climática y de derechos humanos”. Asimismo, señalan que un comité “tecnocrático” y carente de independencia —que no contemple la prohibición real de esta práctica— representaría una “simulación” para validar decisiones previas en lugar de abrir un diálogo público honesto.
LINKS | FUENTES:
Simulación anunciada: el comité de fracking bajo la lupa ambientalista | Fábrica de periodismo
100 pasos para la transformación 2024-2030 | Claudia Sheinbaum Pardo | Morena | PT Verde
Pulso Diario de San Luis | Indígenas huastecos contra reactivación del fracking
Rechazan indígenas reactivación de proyecto de fracking en la Huasteca | Huasteca Hoy
LNG: Here’s the lies, and here are the truths | Stand.earth
Concerned Health Professionals of New York, & Physicians for Social Responsibility. (2023).
Ferrari, L. (2026). ¿Fracking en México?
Fracking Wastewater Treatment Market (2025).
CartoCrítica (2026), El espejismo del fracking, 10 mitos del optimismo petrolero en México
Elisa Morguera. 2025. ACNUDH. La necesidad imperiosa de desfosilizar nuestras economías.
