- Iniciativas sobre aborto, derechos trans, protección a periodistas y tarifas sociales para el transporte público siguen sin avanzar, dejando a poblaciones vulnerables sin nuevas garantías
Por Camila Salazar y Andrea Cruz Urista
De nueva cuenta en 2026 las pugnas políticas entre el Congreso de Nuevo León y el gobierno estatal mantienen una parálisis política. Además de afectar el funcionamiento eficiente de la burocracia y obligar a que se trabaje aún con el presupuesto del 2025, las diferencias afectan la agenda de derechos humanos, la cual permanece estancada.
Entre todos los temas que se ven afectados por el rezago, los relacionados con salvaguardar derechos de poblaciones vulnerables se encuentran entre las que menos atención reciben desde el legislativo. Tales son los casos de la Ley para la Protección de Personas Periodistas y Defensoras en el Estado de Nuevo León, o la que establece las tarifas sociales de transporte público, así como las que deberían hacer cumplir los más básicos, como es la ley de transfeminicidios y la homologación de la despenalización del aborto.
Justicia trans: Un plantón frente a la omisión
Desde el pasado 19 de noviembre de 2025, activistas y mujeres trans se instalaron en un plantón indefinido frente al Congreso. El motivo principal de esta protesta es la creciente violencia que vive la comunidad trans en México y en especial en el estado.
Por segunda vez consecutiva, se ha presentado una iniciativa formal que busca reformar el Código Penal de Nuevo León, y a pesar de la exigencia por el colectivo, el Congreso local mantiene la petición en la congeladora, lo que las manifestantes califican como una «omisión institucional».
“Soy una mujer sin derechos aquí en Nuevo León, no puede ser. Que yo siendo una mujer trans no tenga derechos que me protejan y de ahí es donde los agresores me ven a mí como una presa fácil porque no hay derechos.” comentó Venus, activista de Casa Trans MTY.
Las mujeres trans han dejado en claro que el plantón no se levantará hasta que la comisión correspondiente dictamine la reforma.
Aborto legal, otro pendiente
Otro rezago limita los derechos de las mujeres; pues mientras el mapa se tiñe de verde en México con la despenalización del aborto, Nuevo León se mantiene como uno de los últimos estados en donde la legislación local aún no se actualiza.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto desde 2023, en el estado, el código penal estatal mantiene articulos que sancionan la interrupción del embarazo.
Colectivos como Morras Feministas Monterrey, han presentado por segunda vez la iniciativa a la reforma y señalaron más de 100 casos de interrupciones de embarazo realizadas de manera clandestina en donde cientos de mujeres ponen en riesgo su vida, por el rezago legislativo.
Trabas para la movilidad y equidad
El derecho a la movilidad, protegido internacional y constitucionalmente, sigue vulnerado para las y los usuarios más desprotegidos del transporte público.
El 11 de febrero de 2026, el Congreso aprobó por segunda vez el dictamen para subsidiar tarifas sociales de transporte, a cargo del Instituto de Movilidad y Metrorrey, pero este no ha sido publicado en el Periódico Oficial, por lo que no ha entrado en vigor. La primera ocasión, el 22 de octubre de 2025, fue vetada por el gobernador Samuel García Sepúlveda.
Jaime Noyola, líder de la Alianza de Usuarios de los Servicios Públicos y Financieros, señaló que millones de personas ven vulnerado un derecho adquirido y criticó la falta de voluntad política: «estás lesionando la economía de la gente más vulnerable». Entre los grupos más afectados se encuentran infancias, adultos mayores y personas con discapacidad.
El activista también advirtió que eliminar las tarifas preferenciales sin el debido proceso jurídico es irregular, y que renombrarlas como «tarifas sociales» no las convierte en algo nuevo: «es un derecho que ya existía».
Activistas y periodistas sin respaldo jurídico
Al menos cuatro iniciativas se han presentado para la creación de la Ley para la Protección de Personas Periodistas y Defensoras en Nuevo León que contempla una fiscalía especializada y un mecanismo estatal de protección para periodistas y activistas, pero ninguna ha prosperado.
En agosto de 2023, el colectivo Despenalizando la Palabra presentó una iniciativa para eliminar los delitos contra el honor del Código Penal estatal. Nuevo León es uno de los últimos tres estados en México que aún penalizan injurias, calumnias y difamación.
El uso del derecho penal para proteger el honor ha promovido censura y hostigamiento judicial, afectando a periodistas, activistas, manifestantes y ciudadanía crítica.
Pese a esto, la presidenta del congreso, la panista Itzel Castillo presentó una iniciativa el pasado diciembre del 2025, para agregar agravantes a los delitos contra el honor, una práctica que contraviene estándares internacionales y criterios de la SCJN.
El rezago también afecta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, cuyo presupuesto 2026 sigue sin aprobarse a cuatro meses de iniciado el año.
El 14 de abril de 2026, sus instalaciones fueron desalojadas por una amenaza de bomba; su presidenta, Olga Susana Méndez, advirtió que tanto su operación como su seguridad dependen del Estado, lo que agrava su vulnerabilidad.
Sin presupuesto ni ley protectora, el activista Noyola Cedillo advierte que se reducen tanto los recursos para manifestar el descontento ciudadano como los espacios para el ejercicio de la libre expresión.
Estas son solo algunas de las muchas leyes y reformas que se han rezagado o “congelado” a falta de un seguimiento por parte del Congreso del estado de Nuevo León, dejando la protección de los derechos de la ciudadanía a la espera de un consenso político.
Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo
