Desapariciones de personas y exigencia de justicia

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Verdad y Justicia

Por Séverine Durin

Ya no me pega tanto lo de mi hijo, porque ya lo tengo ahí, ya no es que lo ando buscando; siempre lo que uno quiere es la justicia, pero ahí viene a paso de tortuga, la esperamos”, me confió Romina,[2] la madre de un joven desaparecido en 2015 y localizado sin vida cuatro años después. Enunciaba lo que anhelan los parientes de personas desaparecidas, cuando la búsqueda concluyó: la justicia.

El 20 de abril pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda reportaba 87,009 personas desaparecidas y no localizadas, por medio del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). [3] Mientras un cuarto de estas personas son mujeres, la mayoría son varones a quienes se localiza más frecuentemente sin vida, a diferencia de las mujeres.

Esto evidencia la pertinencia del enfoque de género para investigar a las desapariciones de personas. Desgraciadamente, las autoridades ministeriales y fiscalías especializadas no las investigan desde una perspectiva de género, a pesar de que la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establezca la necesidad de que se capaciten en la materia.[4]

En la práctica, se privilegia localizar a las personas sobre investigar su desaparición y las responsabilidades. En parte, esto es así porque localizar a las personas desaparecidas es la primera petición de sus parientes.

Y fueron los familiares de personas desaparecidas quienes empujaron la elaboración de la Ley General ya citada,[5] aprobada en noviembre de 2017, que permitió la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A más de tres años de su implementación, cabe preguntarse: ¿cuáles han sido los alcances y logros de este Sistema Nacional de Búsqueda de Personas? ¿Cuántas personas desaparecidas han sido localizadas? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre su desaparición y su localización?

Un logro, por ejemplo, sería que a las personas desaparecidas se les localice con prontitud, a diferencia de años atrás, antes de que este sistema exista. No obstante, no disponemos de informes que nos permitan analizar los alcances de este nuevo sistema, y estas preguntas están pendientes de contestar.

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Si para las personas que buscan a sus seres queridos es fundamental encontrarles ante todo, la exigencia de justicia también lo es. Incluso, investigar quienes son las personas y actores involucrados es parte de la búsqueda; esta requiere de la coordinación entre autoridades ministeriales y comisiones locales de búsqueda, de la participación activa de los familiares, así como lo establece la Ley General y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas[6]. Más allá de los esfuerzos puestos en la búsqueda, mantener la exigencia de justicia es fundamental.

Pero como investigar requiere de analizar las responsabilidades en la comisión de la desaparición, el asunto se vuelve espinoso, sobre todo cuando ésta implicó la participación de autoridades.

Así pasó en el caso de Romina, una corporación de seguridad pública estaba involucrada en la desaparición de su hijo. Allanaron su casa, y por interponer una denuncia en contra de los agentes de la corporación, la amenazaron: “hace su desmadre en la casa, me tira todo… metí denuncia porque allanaron mi casa. Así quedó, fue [la corporación] encubierta, me dijeron que retirara la denuncia porque a lo mejor nosotros éramos unos grandes narcotraficantes”.

Tiempo después su hijo fue desaparecido. Ésta fue muy probablemente una desaparición forzada. Si bien lo mencionó en distintas ocasiones ante autoridades judiciales, ahora que su hijo fue localizado sin vida, su desaparición se investiga como homicidio, más no como una desaparición forzada.

En México, las sentencias por desaparición –sean éstas forzadas o cometidas por particulares– son casi inexistentes, a pesar de la grave crisis de derechos humanos en la materia. En 2019, para todo el país, se contaba tan sólo con 15 sentencias condenatorias, [7] algo irrisorio en comparación con las decenas de miles de personas desaparecidas.

Como bien lo señala Javier Yankelevich, existe un impresionante vacío de información e investigación al respecto, a pesar de que el Poder Judicial sea responsable de establecer la responsabilidad de los acusados de desaparición, así como de disuadir a los desaparecedores sentenciados de repetir su conducta y a los potenciales victimarios de ejecutarla por la vía del ejemplo aleccionador. Investigar y sentenciar es fundamental porque: “la punición previene la conducta prohibida por la vía de la disuasión, de modo que se espera que el castigo a los culpables no sólo les impida temporal o definitivamente seguir delinquiendo y los disuada de volver a hacerlo (prevención especial), sino que reduzca en general la incidencia del comportamiento penalizado por la vía del ejemplo aleccionador (prevención general)” (ibid).

Ese día en que conversé con Romina, otras dos mujeres expresaron su sentir luego de la localización sin vida de su familiar. La devastación producto de la desaparición trastocó sus familias y salud.

Mientras un hijo de Romina ahora consume drogas, su marido recuerda seguido a su hijo desaparecido y lo llora a diario. Dice Romina que “yo ya le lloré lo que tenía que llorar, yo lo que quería era encontrarlo, ya lo tengo aquí, lo que quiero ahorita nada más es la justicia, es lo que quiero, nada más”. Otra madre coincide: “ojalá que tengamos respuesta [de Fiscalía] de lo que nosotros andamos buscando, porque eso no se hace, y más que nada queremos la justicia, aunque ya hayamos tenido a nuestros seres queridos, como quiera necesitamos la justicia”.

En un país donde la impunidad es casi absoluta en materia de desapariciones, y la cifra negra es mayor a 90% en materia delictiva,[8] donde no pocas veces las autoridades están involucradas en la comisión de los delitos, es comprensible que la esperanza de justicia se deposite en otras manos que las del Poder Judicial.

Mayra es viuda de un policía desaparecido, quien fue localizado sin vida, y no consigue reencontrar un sentido a su existencia. El desaparecedor de su marido murió ejecutado: “al muchacho lo mataron los soldados como un año después, y ya.” Ya no hace falta exigir que se haga justicia y se pronuncie una sentencia, a lo que su compañera de búsqueda agregó: “se hizo justicia divina”.

¿Así han de ser los desenlaces de las desapariciones? Es decir, que queden impunes o den lugar a una ejecución extrajudicial. Me parece que debería haber otra salida. El Poder Judicial tiene un papel esencial que desempeñar en materia de prevención y sanción de las desapariciones.

Se les ha de investigar de manera eficaz, desde los primeros momentos en que ocurren, y con enfoque de género o diferencial, según sea el caso. Atender la exigencia de justicia es fundamental, tanto para los familiares de personas desaparecidas, como para nosotros al tener derecho a vivir seguros. Investigar y sancionar a las desapariciones es insoslayable si queremos frenar esta práctica y violación grave a los derechos humanos, que no ha cesado de aumentar desde 2007.

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Fuente: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral

A más de ocho meses de su desaparición, los familiares, amigos y colegas de Mayela Álvarez seguimos exigiendo a las autoridades investiguen de manera eficaz y con enfoque de género para su localización. ¡Viva se la llevaron! ¡Viva la queremos!


Severine Durin

 

Séverine Durin es Maestra en Economía y en Estudios Latinoamericanos, y doctora en Antropología. Se desempeña como profesora-investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Mediante sus investigaciones sobre indígenas en Monterrey, trabajadoras del hogar, y desplazamiento forzado, pugna por una sociedad más justa, menos desigual, que valore la diversidad de formas de ser. Su deseo más profundo es que la “verdad y justicia” se hagan realidad.

 

 

 

[1] Imagen de portada: Canva

[2] Todos los nombres son ficticios.

[3] https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index

[4] De acuerdo con el artículo 69: “La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar, conforme a los más altos estándares internacionales, a los servidores públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a las Víctimas, sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas, aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros. De igual forma, podrán participar con las autoridades competentes, en la capacitación de los servidores públicos conforme a los lineamientos que sobre la materia emita el Sistema Nacional, en términos de esta Ley.”

[5] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_190221.pdf

[6] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601905&fecha=06/10/2020

[7] Javier Yankelevich , 2019, “Poder judicial y desaparición de personas en México” disponible en:  https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-3/08_Yankelevich_Desde-y-frente-al-Estado-151-252.pdf

[8] En 2019 se denunció e inició una carpeta de investigación en 7.6% del total de los delitos. En 92.4% de los delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf

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